El Gobierno ha hecho frente este martes a la primera andanada parlamentaria del PP contra la ley que delegará en la Generalitat de Catalunya las competencias en materia de inmigración. Ante los ataques de los populares, que ha tildado de «xenófobo» el pacto entre PSOE y Junts y han acusado al Gobierno de «debilitar la frontera sur» de la Unión Europea, el Ejecutivo ha defendido que el pacto, además de ser constitucional, no adolece de xenofobia alguna y que resulta positivo que Catalunya tenga «un papel más activo» en inmigración.
Unas horas después de que la Mesa del Congreso, con el visto bueno de los letrados de la Cámara Baja, haya aceptado a trámite la norma y a la espera de que haya fecha para su debate, los populares han tratado de cercar al Ejecutivo con iniciativas en el Congreso y en el Senado. «No quieren el pacto de Estado que les ofreció el PP para frenar el descontrol migratorio reforzando las fronteras, pero sí quieren un pacto de Estado catalán para levantar nuevas fronteras dentro de España. Todo al servicio del delirio separatista», ha denunciado el portavoz popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado. «Gracias a este pacto de la xenofobia transforman su gobierno del ‘Aquarius’ en uno que regala certificados de catalanidad supremacista«, ha sentenciado su homóloga en el Senado, Alicia García, en un debate casi paralelo.
Ambos dirigentes populares han incidido en que es «inconstitucional», que supone «un peligro para España y para Europa», que es una cesión más al independentismo catalán que reactivará el ‘procés’ y que Pedro Sánchez y su Gobierno será «cómplice de esa acción». La primera respuesta la ha dado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha retado a los conservadores a encontrar alguna «literalidad» en la norma registrada que sea xenófoba. «Que hablen ustedes de xenofobia… ¿Saben, ustedes, quienes son sus socios? Es que es Vox. […] Si quieren evitar la xenofobia y el racismo rompan con Vox», les ha espetado en el control al Gobierno del Senado.
La «delegación» de competencias
Después, también en el Senado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que no hay argumentos técnicos para sostener que es un acuerdo inconstitucional, ya que no hay una transferencia de las competencias, sino un «traslado de la facultad del ejercicio de la competencia» como se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución. «¿En serio consideran que el hecho de que una comunidad autónoma esté dispuesta a aceptar una delegación de competencias para dar un servicio desde la proximidad y el conocimiento del territorio es un atentado más grave que el del 1-O?», ha cuestionado a los populares.
A la par, en el Congreso, el diputado del PSC José Zaragoza ha recordado a Tellado que todos los artículos de la ley que registraron de manera conjunta socialistas y posconvergentes «comienzas con la palabra delegar». «Que no es ninguna cesión, que no es un traspaso, que se llama colaborar», ha insistido. En este sentido, ha sido el parlamentario de Junts en la Cámara Baja Josep María Cervera quien ha recordado que los Mossos d’Esquadra tienen las competencias en tráfico porque el Gobierno de José María Aznar las delegó a la Generalitat en 1992. «Se autoenmiendan sus propias políticas», les ha reprochado.
La difícil aritmética
Y más allá del ataque del PP, el Gobierno ha podido constatar que sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la iniciativa. El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha recalcado que no apoyarán la proposición de ley «racista» de PSOE y Junts. «No queremos ni descentralizar el racismo ni centralizarlo», ha afirmado. Si los cuatro parlamentarios morados se oponen a aceptar a trámite la iniciativa, esta decaerá, ya que junto a los de PP, Vox y UPN alcanzan la mitad justa de la Cámara Baja. No obstante, aún falta por ver cuándo se da este debate.
