El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes por la Policía del país asiático después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas, afirmó una fuente oficial.
A Duterte lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto. La detención tuvo lugar después de que la oficina de Interpol de Manila recibiera esta mañana la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, señaló la oficina presidencial.
Duterte y sus acompañantes llegaron al aeropuerto a las 9:20 hora local, momento en que el Fiscal General del país asiático presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, y lo escoltaron por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto. Según la oficina presidencial, el político de 79 años de edad goza de buena salud y lo examinó un equipo médico tras su detención.
Tras la detención, Duterte cuestionó su detención este martes por orden de la CPI, que lo acusa de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas, y preguntó: ¿Qué crimen he cometido? . «¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?», dijo Duterte desde la base aérea de Villamor, según un vídeo compartido en Instagram por su hija Verónica.
El expresidente afirmó tras su traslado a la base «en contra» de su propia voluntad y cuestionó los motivos de su detención por la Policía filipina al afirmar que no le presentaron los motivos de su arresto. Verónica Duterte, que se encuentra junto con su padre en la base militar, calificó además la detención de ilegal al carecer de orden judicial.
Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos contra las drogas y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000. La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar resultar implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
Mientras tanto, Kristina Conti, la abogada que llevó el caso de Duterte ante la CPI dice que deberían extraditarlo a La Haya. «Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro, y debe ser trasladada a La Haya (Países Bajos) lo antes posible», dijo Conti, secretaria general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo. Las declaraciones de la letrada llegan entre la incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades filipinas tras detener a Duterte esta mañana, después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a la Policía del país asiático.
«Un gran paso para la Justicia»
Según Amnistía Internacional, el arresto de Duterte supone un “paso monumental” para la justicia de las víctimas. Agnes Callamard, secretaria general de la organización, ha afirmado que el ex mandatario dirigió una campaña de asesinatos “deliberada, generalizada y bien organizada”, en la que miles de personas, incluidas menores, fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Callamard ha destacado que la detención de Duterte envía un mensaje claro de que los líderes gubernamentales “pueden y enfrentarán la justicia”. Ha instado al gobierno filipino a no detener las investigaciones y a garantizar “rendición de cuentas a todos los responsables” de violaciones a los derechos humanos durante su administración.
“El arresto de Rodrigo Duterte es un paso monumental y largamente esperado para la justicia de las miles de víctimas y sobrevivientes de la ‘guerra contra las drogas’ de su administración, que convirtió gran parte de Filipinas en una nación de luto. El hombre que dijo: ‘mi trabajo es matar’ supervisó la ejecución de víctimas —incluidos niños— como parte de una campaña deliberada, generalizada y bien organizada de asesinatos sancionados por el Estado».
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades filipinas que entreguen a Duterte a la CPI en La Haya para ser juzgado. Asimismo, ha solicitado que el expresidente reciba todas las garantías de un juicio justo mientras permanezca detenido. Además, la organización ha instado al gobierno de Filipinas a reintegrarse en el Estatuto de Roma y cooperar con la CPI en futuras investigaciones y posibles órdenes de arresto contra otros funcionarios actuales y pasados.
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