Los magistrados del Tribunal Supremo Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo serán los encargados de pronunciar la última palabra en el alto tribunal sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que se condenó a los líderes del ‘procés’ y se procesó en rebeldía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Luís Puig.
Para ello este lunes escucharán los argumentos a favor de la amnistía que pronunciarán la fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres procesados que no comparecieron ante la justicia española. A favor del criterio mantenido por el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, y de sus compañeros de la Sala Segunda que juzgaron el 1-O, bajo la presidencia de Manuel Marchena, solo se posicionará la acusación popular que ejerce Vox.
Tanto Llarena como el tribunal que juzgó el ‘procés’ consideraron que el delito de malversación de caudales públicos entraba dentro de las excepciones previstas por la propia ley de amnistía, al suponer una forma de enriquecimiento personal, expresamente vetada por la norma. Solo una de las juezas que participó en el juicio, Ana Ferrer, se mostró favorable de aplicar la amnistía, al considerar que esa era la intención de la ley salida de las Cortes.
La decisión ahora revisada en apelación comparte argumento con el tribunal que juzgó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independentistas por el 1-O para no aplicar la amnistía a los que habían sido condenados por el delito de malversación: el propio Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyos recursos de amparo contra esta decisión ya han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, que será quien hará el último pronunciamiento en España sobre la amnistía.
La diferente tramitación entre los recursos de unos y otros obedece a que la decisión de Llarena debía ser revisada primero por el propio magistrado en reforma, lo que no se produjo hasta septiembre, y luego por la Sala Segunda, en apelación. Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió que el segundo recurso fuera resuelto por el Supremo en una vista pública, como la que se celebra este lunes, cuyo señalamiento se ha retrasado unas semanas por el periodo navideño.
La decisión que ahora adopte la Sala de lo Penal es imprescindible para que Puigdemont, Comín y Puig puedan acudir al Tribunal Constitucional, que resolverá lo antes posible el recurso del PP presentado contra la amnistía, al entender que en él se encuentran todos los motivos de impugnación de la ley posibles.
Con esa resolución la corte de garantías marcará el camino que seguirá a la hora de resolver el resto de impugnaciones que tiene entre manos: los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las comunidades que gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha, las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Supremo, la Audiencia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y los amparos de los condenados y procesados.
Cuando conozca la decisión del Constitucional sobre la amnistía, el Tribunal Supremo se reserva la baza de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de una cuestión prejudicial, al considerar que aparte de no respetar la carta magna española también afectó a los intereses de la Unión por los segundos de desconexión que ve ahora que se produjeron en octubre de 2017.
