Marruecos ha decidido cambiarle la cara a su zona costera y sustituirá las viejas casas de playa por complejos turísticos, con el próximo Mundial de Fúltbol de 2030 como aliciente. Con ese objetivo ha empezado a demoler grupos de viviendas que se levantaron hace décadas, algunas de las cuales son propiedad de ciudadanos españoles.
La mayoría de las casas de españoles son segundas residencias de ceutíes y melillenses. El problema es que las demoliciones se están haciendo sin aviso, sin indemnización e incluso sin dar tiempo a los propietarios a retirar sus pertenencias, tal y como denuncian a EL ESPAÑOL algunos afectados.
Se han derribado ya chalés, casas y edificios construidos en la playa de Dalia, en la carretera que comunica Ceuta y Tánger, justo antes de llegar al puerto de Tanger Med, donde se mezclan población local, turistas y pescadores.
Igualmente se ha visto afectada Beliones, una población costera de 2.000 habitantes junto a la frontera con Ceuta, tal y como corrobora la prensa local.
En el otro extremo norte, en la costa de Charrana, en el cabo Tres Forcas, varias familias melillenses se han quedado sin sus viviendas de hace 50 años, según denuncia una afectada a EL ESPAÑOL.
Una dirigente política de Melilla denuncia también la demolición de su casa de vacaciones en la costa marroquí, al igual que la de otros melillenses en playas cercanas.
«El colapso en los pasos fronterizos ha ido expulsando a los melillenses de las visitas frecuentes y la vida que vivíamos en las playas», lamenta la afectada, que se ha visto impotente ante la destrucción de su vivienda.
Lo cierto es que esta dinámica perjudica a ciudadanos de las dos ciudades autónomas que tienen una segunda residencia en la costa marroquí, en localidades próximas a sus domicilios. Algunos de los edificios derribados pertenecían a marroquíes residentes en el extranjero que no estaban presentes cuando llegaron las excavadoras.
El propietario de una vivienda en una urbanización antigua situada a 10 kilómetros de la frontera de El Tarajal explica que su casa está en primera línea de playa, pero que paga el registro de la propiedad. «Había un montón de porquería, de chabolas, y ahora han hecho un hotel de una cadena internacional», explica, con temor a que esta situación también le perjudique.
Marruecos está construyendo complejos turísticos financiados por países del golfo Pérsico, que ayudarán a aumentar la capacidad de alojamiento, dentro de lo que el país vecino ha bautizado como Proyecto 2035. «Han comprado toda la costa, desde Tetuán a Melilla. A la costa de Melilla con Bouyafar, lo llaman la ciudad Baréin», explica una autoridad local de Nador.
Comenzaron tirando chabolas y viviendas sin permiso para, más tarde, notificar a varios propietarios de construcciones con permisos la necesidad de desalojar sus casas antes de iniciar el proceso de demolición programado.
Residentes en las zonas costeras de las provincias de Chefchaouen, Tetuán, Rincón, Castillejos, Beni Ensar y Nador denuncian la falta de aviso y desalojos injustificados.
Según los medios marroquíes, estas demoliciones tienen como objetivo construir instalaciones turísticas para el Mundial de fútbol de 2030, «para dar una buena imagen a los visitantes», precisa un ciudadano ceutí.
«¿Dónde cabe que te den permisos de edificación, pagues los impuestos al Estado y años después se declaren ilegales y te den 48 horas para el desalojo?», denuncia.
Eco en Rabat
El derribo de viviendas comenzó ya a finales de 2023 en la costa atlántica, en el sur del país, pero ahora ha llegado al litoral norte. Las autoridades argumentan que las construcciones se encuentran dentro del dominio público marítimo.
«Las operaciones de demolición se llevan a cabo sin seguir los procedimientos legales, sin notificación escrita a los propietarios y sin acuerdo sobre compensación, incluso sin darles tiempo para recoger sus pertenencias», ha denunciado en el Parlamento marroquí Abdellah Bouanou, presidente del Partido de la Justica y el Desarrollo (PJD).
El diputado preguntó por escrito al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, «en qué medida las decisiones de demolición respetan las disposiciones de la Ley de Urbanismo nº 12.90 y la Ley de Urbanismo nº 25.90, en particular en lo que respecta a las operaciones de demolición y las medidas que las acompañan».
Algunos de estos edificios fueron construidos sobre la base de permisos emitidos por las autoridades y hay familias que llevan viviendo en esas casas 70 años, según explicaron los propietarios de estas construcciones a Abdellah Bouanou.
Al respecto, el ministro Laftit explicó que las autoridades locales, «como parte de sus misiones de seguimiento y represión de las violaciones cometidas en el ámbito urbanístico y de la construcción», han procedido a «la demolición de cualquier edificio construido sin permiso en propiedad pública o privada del Estado y de las autoridades locales, o en zonas no edificables según los documentos urbanísticos».
El Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) marroquí elaboró un informe en 2022 en el que urgía a intervenir sobre las construcciones situadas en el dominio público marítimo o en la banda de 100 metros prohibida para la construcción, pero no mencionaba la necesidad de proceder a una liberación selectiva del terreno.
