Cepyme intenta aligerar la guerra interna con la CEOE suspendiendo la modificación del sistema de voto de las elecciones. En un comunicado, Cepyme asegura que el objetivo de mantener la delegación de voto tal y como estaba es «dotar de la mayor claridad al proceso electoral» que se iniciará de forma inminente y, al mismo tiempo, evitar que la medida aprobada por la Junta Directiva (pero rechazada por el Comité Ejecutivo, donde hay varios miembros afines al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi) «pueda interpretarse como una decisión adoptada en beneficio propio».
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha instado a la organización a «continuar fortaleciendo la democracia interna de la Confederación», y para él, esta es una de las maneras. Al no haberse completado la ratificación del cambio por la Asamblea General, Cuerva propondrá en el próximo Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva que se aplique, «de forma extraordinaria», la delegación de voto anterior a la votación. Asimismo, el presidente de la patronal ha realizado un «llamamiento a la calma y a la responsabilidad de todos» con el fin de «retomar el clima de unidad y consenso que ha prevalecido en la organización en los últimos cuatro años».
Elecciones inminentes
La polémica de la delegación de voto se remonta a mediados del mes de febrero, cuando Cepyme optó por modificar su reglamento interno para restringirlo. Según explicó la patronal de las pymes, tomaron esta decisión para que el voto fuese «libre y secreto» de cara a las próximas elecciones, que se delebrarán en los próximos meses. Cuerva buscaba así evitar posibles presiones desde la CEOE para influir en el restulado de la votación en favor de la candidata respaldada por Garamendi, Ángela de Miguel, la presidenta de la patronal de Valladolid.
Ante esta modificación, aprobada en la Junta Directiva pero rechazada en el Comité Ejecutivo de Cepyme, miembros afines a Garamendi acusaron a Cuerva de saltarse las normas y amenazaron con impugnar la medida. Cepyme respondió con una batería de informes jurídicos que avalaban su actuación, entre los que destaca el de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que afirma que las resoluciones del Comité Ejecutivo «ni tienen naturaleza decisional, ni menos aún carácter vinculante» y que el órgano competente para cambiar reglamentos internos es la Junta Directiva. Por su parte, la CEOE presentó un informe de la consultora EY que defiende la competencia del Comité Ejecutivo para establecer modificaciones reglamentarias.
