El exdirector general de Carreteras Javier Herrero ha descartado este miércoles en el Tribunal Supremo la existencia de adjudicaciones a cambio de mordidas por parte de la trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama en relación con las obras dependientes de su departamento. De haber existido estos amaños, considera que los hubiera «detectado», según manifestó ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga si el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García cobraron comisiones –en efectivo y especie– a través de Aldama, tal y como él ha asegurado en sus últimas comparecencias judiciales.
Herrero, a igual que el resto de exresponsables de Transportes citados como testigos en este procedimiento, ya ha pasado ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de tener que acudir ante el alto tribunal, donde dijo desconocer al conseguidor Víctor de Aldama si bien no descartó que no hubiese coincidido con él en algún acto.
Más tarde ha comparecido la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que igualmente ha comparecido en el Senado y de la que también consta una declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nada más estallar el caso en febrero de 2024, dado que de su departamento dependió la compra de cinco millones de mascarillas por 12 millones y medio de euros.
En el Senado explicó que no conocía la empresa de Aldama antes de la contratación del material sanitario. que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la «declaración de emergencia» del contrato en base a sus competencias. Momentos antes de comparecer señaló a las puertas del alto tribunal, cuando los periodistas le preguntaron si iba a ratificarse en estas manifestaciones, señaló con rotundidad: «Yo no miento».
El tercero en comparecer ha sido Alejandro de las Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que, además, era responsable tanto de la seguridad como del registro de personas. El informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre esos contratos ponía el foco en la «falta de control inicial» sobre este material.
