La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA sobre el Sabadell a principios de mayo está entrando en su fase decisiva diez meses después. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está cerca de culminar su análisis de la concentración en segunda fase -un proceso más largo del habitual- y se prevé que emita su dictamen a finales de marzo o principios del segundo trimestre. En el entorno de la operación se ha instalado hoy por hoy la impresión de que, salvo sorpresa, la resolución del organismo no hará al BBVA desistir. En consecuencia, todas las miradas están puestas en el Gobierno, que se ha declarado contrario a la integración y tiene en su mano la opción legal de imponerle unas condiciones adicionales que pudieran hacer al banco tirar la toalla.
El escenario considerado central por diversas fuentes, así, es que la CNMC apruebe la operación con unos compromisos (ofrecidos por el BBVA y aceptados por la institución tras una negociación) o condiciones (impuestas por esta última) mayores que los 14 propuestos en un principio por la entidad de origen vasco, pero aceptables para la misma. Como adelantó este diario en noviembre, el BBVA ha estado dispuesto en todo momento a profundizar sus compromisos en las áreas en las que la CNMC tuvo dudas sobre la eficacia de su propuesta inicial. Son dos de las cinco en que encontró riesgos a la competencia: el flujo y las condiciones del crédito a las pymes y los pagos tanto físicos vía TPV (terminales de punto de venta) como online.
En ese contexto se interpretan las recientes declaraciones del consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, reclamando a la CNMC que cambie su metodología de análisis e instándole a imponer al BBVA unas condiciones de distinto tipo y más severas que las de la fusión CaixaBank-Bankia, inspiradoras de las propuestas por el banco de origen vasco. La entidad catalana, que se opone tajantemente a la opa, defiende en particular que se condicione la operación a la venta de parte del negocio de pymes, especialmente en Catalunya y la Comunidad Valenciana. «A la CNMC se le plantea el dilema de asegurarse de que se mantiene la competencia o seguir su metodología histórica», defendió el banquero en su entrevista con EL PERIÓDICO.
El Sabadell ha pedido un cambio de metodología a la CNMC, pero parece muy improbable que se produzca
Metodología habitual
Pese a ello, parece más que improbable que el organismo vaya a cambiar de metodología. Durante una comparecencia en el Congreso en septiembre, su presidenta, Cani Fernández, subrayó en hasta tres ocasiones que su metodología para analizar fusiones bancarias «es muy clara», «está muy establecida» y es «ya la habitual». Consiste en el análisis código postal a código postal de todos los productos y servicios de las entidades y fue creada precisamente para analizar la fusión CaixaBank-Bankia, ya que antes el análisis se hacía a nivel del mercado nacional. Por ese cambio de ámbito la CNMC recibió algunas críticas en su día, pero el hecho de haberlo diseñado en 2020 le escuda ahora de suspicacias.
Distintas fuentes, eso sí, afirman que los técnicos de la CNMC fueron partidarios de aprobar la operación en primera fase con los compromisos propuestos por el BBVA, lo que hubiera impedido al Gobierno pronunciarse sobre la operación, y que fue el consejo del organismo el que decidió llevarla a fase dos, tras la que el Ejecutivo sí puede intervenir. De hecho, la reciente renovación de parte de sus consejeros por parte del Ejecutivo ha despertado algún recelo. Con todo, la composición de su Sala de Competencia -por sus equilibrios internos y el perfil profesional de la mayoría de sus integrantes- parece hacer improbable una decisión con un cariz mucho más político que técnico.
Los técnicos de Competencia eran partidarios de aprobar la operación en primera fase con los remedios propuestos por el BBVA
Intervención del Gobierno
Si se cumple ese escenario central de un dictamen aceptable para el BBVA, es cuando el Gobierno tendrá la opción de intervenir. La ley de defensa de la competencia de 2007 establece que tanto si la CNMC prohíbe la concentración (altamente improbable) como si le impone requisitos (lo más plausible), el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dispondrá de quince días para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros. Este, a su vez, tendrá un mes para confirmar la decisión de la CNMC, aprobar la operación sin condiciones, o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que «deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia». La norma, en este sentido, ofrece una «lista no exhaustiva de criterios concretos». Es decir, que le deja amplio margen de actuación.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Marta Fernández – Europa Press
Algunos juristas interpretan que esa instancia estaba pensada originalmente para suavizar los posibles dictámenes de la CNMC, habida cuenta de que el Gobierno no puede pronunciarse sobre una operación aprobada sin condiciones por dicho organismo. La única vez que se ha usado, de hecho, fue por parte del Ejecutivo de Rajoy para suavizar las condiciones impuestas por Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. A ello se ha aferrado públicamente Carlos Torres, presidente del BBVA. Sin embargo, la ley es lo suficientemente poco precisa en ese punto como para dejar un amplio margen al Ejecutivo, ya que en ningún momento dice expresamente que no pueda endurecer el dictamen de la CNMC.
Así las cosas, todo parece apuntar a que la decisión que tome el Gobierno puede ser el factor clave que determine el futuro de la opa. El Ejecutivo se ha mostrado desde el primer momento contrario a la operación, también rechazada por los partidos catalanes, claves para su mayoría parlamentaria. En ese contexto se interpreta la sorpresiva -y muy aplaudida en Catalunya– decisión del Sabadell de devolver su sede social a su comunidad de origen, así como el hecho de que el banco, más allá de presionar a la CNMC, esté dando públicamente al Ejecutivo argumentos para endurecer las condiciones.
La ley de competencia de 2007 da un amplio margen al Gobierno para imponer condiciones a la operación
Tono igual o distinto
En ciertos ámbitos vinculados con la operación, eso sí, se percibe al Gobierno menos hostil que hace unos meses. Lo cierto, sin embargo, es que Cuerpo no ha dejado de señalar en público las «preocupaciones» del Ejecutivo en materia de «competencia, inclusión financiera, presencia regional e impacto para las pymes». También el presidente, Pedro Sánchez, ha destacado la necesidad de «considerar diferentes aspectos», como el «gran número de pymes» en España y la «cohesión social y la cohesión territorial». Ambos, eso sí, han precisado que habrá que esperar a que la CNMC se pronuncie, si bien hay quien lo limita a un gesto para dar imagen de respeto institucional.
«En función precisamente de cuál sea ese resultado, haremos una valoración muy detallada de cuál va a ser nuestra actuación y cuáles deben ser los siguientes pasos», afirmó el ministro en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO. En caso de un pronunciamiento contrario a sus intereses, el BBVA siempre tendría la opción de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante la jurisdicción contencioso-administrativa, si bien estaría por ver si, llegado el caso, el Tribunal Supremo estaría dispuesto a suspender cautelarmente el acuerdo del Gobierno. En caso contrario, su sentencia llegaría probablemente cuando la opa ya estuviera cerrada o abandonada, con lo que no tendría incidencia en su resultado.
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