El 5 de diciembre de 2024, algo más de un mes después de la dana que provocó 227 víctimas mortales y una profunda devastación material con decenas de miles de afectados en la provincia de Valencia, el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad de Catarroja inició su investigación de la gestión de la emergencia por parte de las administraciones públicas.
Se abría así una instrucción judicial que conforme ha avanzado ha ido poniendo contra las cuerdas a una Generalitat Valencia a la que la jueza de Catarroja apunta como responsable último de la «inactividad» que el 29 de octubre dio como resultado un «abrumador» y «evitable» número de fallecimientos. Tanto es así que según la magistrada ha ido pidiendo información y publicando autos, el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tenido que ir moldeando su relato de lo que hizo y no hizo en aquella jornada fatídica con una estrategia que parece mirar más al futuro judicial que al presente político.
¿Quién envió la alerta?
Lo primero que hizo la magistrada tras asumir la competencia sobre todas las diligencias abiertas en varios juzgados tras el 29-O fue remitir oficio al Ministerio para la Transición Ecológica para que aportase documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces, así como el organigrama de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También ofició al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para que le informase de todas la actuaciones que llevó a cabo entre los días 29 y 30 de octubre y reclamó a la Conselleria de Emergencias para que comunicase quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población la tarde del 29-O.
El Ejecutivo regional respondió con la relación de avisos y el plan antirriadas, pero no con el nombre del responsable de emitir el Es Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre, una decisión que la magistrada considera «fundamental» en su investigación ya que en las declaraciones de testigos y familiares «se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la rambla del Poyo y del Barranco de l’Horteta».
Así lo dicta la instructora en un auto del 6 de febrero en el que le insiste a la Generalitat que aclare quién envió la alerta del 29-O. Hasta ese momento, la postura del Gobierno autonómico había sido primero que el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) es un «órgano colegiado» con lo que no podía identificar a una sola persona, y después que era un «órgano de coordinación». Tras el últimatum de la jueza, la Generalitat señaló a la titular de la Conselleria de Justicia y máxima responsable de las emergencias el 29-O, Salomé Pradas, y a la delegada del Gobierno, Pilar Berbabé, como las máximas responsables del Cecopi.
Las muertes se podían evitar
Pero el 17 de febrero la estrategia judicial de la Generalitat empezó a venirse abajo mientras la instructora empezaba a apuntar hacia la actuación de un Carlos Mazón que hasta ese momento parecía ir sortenado polémicas como su comida en El Ventorro mientras algunos municipios ya sufrían inundaciones. La jueza de la dana señala en varios autos notificados ese día que «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí». También apartaba el foco del Gobierno y lo situaba sobre la Generalitat al considerar que «el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central». Y reclamaba a la Generalitat que aclarase si acudió «alguna autoridad al Cecopi» antes de enviar la alerta masiva, en referencia a la posibilidad de que se hubiese esperado a Mazón para enviar el SMS a las 20.11 horas.
«El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse», aseguraba la magistrada en uno de esos contundentes autos. Para la juez, la relación entre la hora de envío y el contenido del SMS y las muertes de decenas de personas está clara: «Constituye nexo común en los fallecimientos, el desconocimiento total y absoluto de la situación de riesgo, lo que llevó a las víctimas, muchas de ellas de la tercera edad, a permanecer en plantas bajas, bajar a los garajes, permanecer simplemente en las calles, circular con sus vehículos. La remisión del mensaje a través del sistema ES Alert a las 20:11 horas se limitaba a instar a que se evitaran desplazamientos, mensaje manifiestamente tardío y erróneo».
¿Cuándo llegó Mazón?
Incluso con estos autos ya ante la opinión pública, el Gobierno autonómico apostaba por el secretismo sobre la agenda del president. «Siempre vamos a responder primero al procedimiento judicial, por respeto a la juez«, anunciaba el propio Mazón ante los medios un día antes de que el 19 de febrero el TSJCV pidiese refuerzos para que la jueza de Catarroja pudiese seguir con la investigación.
El 24 de febrero es fundamental en todo este relato. Ese día la jueza rechaza una querella por homicidios y lesiones por imprudencia contra la delegada del Gobierno porque la competencia de las emergencias «es autonómica» y la «inactividad se produjo en dicho ámbito». Y ese día el presidente de la Generalitat por fin revela durante una conferencia en Madrid la relación de llamadas que realizó la tarde del 29-O desde las 17.37, más de dos horas y media después de comenzar el Cecopi, hasta las 19.47.
La última de esas llamadas a la consellera de Emergencias demostraría que en ese momento Mazón aún no había llegado al Centro de Emergencias. Hasta entonces siempre había defendido que lo hizo «pasadas las 19.00 horas». Al día siguiente la propia Generalitat apuntaló ante la juez este viraje informándole de que su presidente no había llegado al Cecopi a la hora en que se envió la alerta por la dana a la población y que las únicas autoridades que accedieron al Cecopi antes de las 20:11 fueron el presidente de la diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell.
El «hecho fáctico» y el horror
Este nuevo relato, que podría ser dañino en términos políticos por ampliar la ausencia del president del centro de emergencias, buscaría reducir la responsabilidad judicial de Mazón al desvincularle del lanzamiento de la alerta masiva, que la jueza considera «tardía» y relacionada con que la población no pudiera adoptar «ninguna medida para protegerse» de la riada. El 26 de febrero fue Mazón quien confirmó ante los medios de comunicación que su hora exacta de llegada al Cecopi fueron las 20.28 horas.
El día en el que Mazón afirmaba de forma vehemente que llegar a las 20.28 horas es hacerlo «pasadas las 19» -«es un hecho fáctico«, dijo-, este periódico tenía acceso a los 738 folios y cuatro tomos judiciales que tienen por ahora las diligencias previas 692/2024 y que reúnen los perfiles e historias de los fallecidos en la dana y los testimonios de sus familiares y de las personas que les vieron morir. A ninguna de ellas le valió el Es Alert enviado por la Generalitat a las 20.11 horas de aquel 29 de octubre.
Y mientras, la investigación judicial sigue su curso. El 27 de febrero la titular del Juzgado de Catarroja que investiga la dana del 29 de octubre volvía a mover ficha y pedía ahora a la Guardia Civil un informe con la cronología detallada de los hechos de aquel fatídico día. Además, da un plazo de tres días a la Conselleria de Emergencias e Interior para que explique si se produjo algún receso durante la reunión del Cecopi, en la que se envió el Es-Alert. La jueza también ha requerido a la Universitat de València sobre la suspensión de las clases, una medida que tomó la institución académica en la tarde del lunes 28 de octubre.
