Existen más de 1.600.000 personas con una situación de dependencia reconocida en nuestro país, lo que exige un esfuerzo común de las administraciones para atender sus necesidades. Sin embargo, los datos del sistema de ayudas dejan entrever que, en esta cuestión, España se encuentra tan fragmentada como en otras. Un total de 270.325 personas se encuentran en lista de espera para recibir la prestación, con un tiempo medio de resolución que casi alcanza el año. Hay comunidades, como Andalucía, en el que este tiempo llega a ser de 24 meses.
Los datos son escalofriantes: en 2024, 34.252 personas murieron esperando, sin recibir la asistencia necesaria para acabar su vida en condiciones dignas. Esto quiere decir que, de media, fallecen al día 93 personas en lista de espera, una cada quince minutos. La situación sigue siendo crítica a pesar de ser el año con mayor inversión en el Sistema de la Dependencia, con 12.000 millones de euros, según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia publicados este viernes.
El Gobierno reformará la ley de Dependencia para acabar con la desigualdad y «los recortes del PP»
Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. “Esta reforma acaba con los recortes del Partido Popular”, explicaba el ministro, “que alcanzaron los 5.000 millones de euros durante la crisis”. Y es que el Ejecutivo y las asociaciones coinciden en que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, con sus recortes, debilitó al sistema de atención a la dependencia, derivando en las malas cifras que aún arrastra.
Se espera que la reforma se apruebe en las próximas semanas en las Cortes, para conseguir, entre otras medidas, que los dependientes lleguen a poder ejercer los derechos a los que las listas de espera y los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas les impiden acceder. “Los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario”, aseguraba Bustinduy.
Estas son las medidas de la reforma del Gobierno
Entre las medidas propuestas en el nuevo texto se incluye la eliminación de las incompatibilidades. En la actualidad no está permitido que una misma persona reciba la prestación del sistema para la autonomía y la de atención a la dependencia a la vez. Esto resulta en que, por ejemplo, una persona dependiente no puede asistir a un centro de día y recibir asistencia domiciliaria, algo que se permitirá a partir de que entre en vigor la reforma de Bustinduy.
Otro de los puntos clave de la reforma es el de reducir los tiempos de espera para recibir prestaciones económicas por cuidar a un familiar dependiente. Además se pretende extender el sistema de ayuda a domicilio para que los cuidadores puedan ayudar a sus usuarios en tareas del día a día como acudir al médico o hacer la compra, hasta ahora no cubiertas.
La nueva Ley de Autonomía Personal garantizará también el derecho de las personas con movilidad reducida a tener una vivienda accesible, a elegir su lugar de residencia y el modelo de atención. Todo ello se hará mediante un fondo público para mejorar la accesibilidad de los espacios, así como el impulso a la teleasistencia, que favorecerá que las personas dependientes vivan en sus propias viviendas.
Murcia está en el último puesto en atención a la dependencia, y Andalucía duplica las listas de espera nacionales
En el dictamen anual del organismo dependiente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, queda reflejada la desigualdad que hay entre las comunidades autónomas en su atención a la dependencia. Castilla La Mancha y Castilla y León encabezan la escala de valoración del Observatorio con un 8,3 cada una, tabla en la que la Región de Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cantabria (3,6) y Cataluña (3,6) se llevan las peores puntuaciones.
En cuanto a los diferentes indicadores de la eficacia del sistema de atención a la dependencia, el informe recalca la evidente “desigualdad territorial”. Por ejemplo, la media nacional de tiempo de resolución de una petición de ayuda fue en 2024 de 334 días. Una alarmante cifra que destaca sobre todo en Andalucía, donde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, que sostiene algunos de los peores datos en dependencia, tarda 602 días de media en atender las solicitudes, casi el doble de la media nacional.
Este indicador deja clara la complicada situación que viven las listas de espera en otras regiones como Canarias (561 días) o Murcia (520 días), con Galicia superando también el año de espera con 386 días. La comunidad que preside Alfonso Rueda tiene también el peor dato de solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un 18,2%.
