El Ayuntamiento de Vila-real tendrá que indemnizar a una empresa de transporte por un error en la valoración de ofertas a la hora de adjudicar el contrato del autobús gratuito Groguet.
Se trata de la compañía Autocares Meseguer, que quedó segunda en el proceso de baremación de la mesa de contratación de ese proyecto, que en julio del 2022 quedó otorgado oficialmente a Hicid por 4,6 millones durante un periodo de 10 años.
Inicialmente, en agosto del 2021, el consistorio aprobó en pleno la adjudicación provisional del nuevo contrato de este servicio de transporte de viajeros urbano gratuito a Hicid. Autocares Meseguer alegó esa decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que provocó tener que volver a licitar por segunda vez esa prestación.
Aunque en el segundo intento, la adjudicación definitiva fue a parar también a Hicid en julio del 2022, la compañía que no se llevó el gato al agua recurrió y ahora, dos años y medio después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ya en firme, le da la razón a Autocares Meseguer.
Valoración del alcalde
Así lo dio a conocer este jueves el alcalde, José Benlloch (PSPV), durante el pleno ordinario de febrero, en respuesta a una pregunta formulada por el concejal Fernando Archela (Vox). El primer edil confirmó que este fallo del TSJCV ya es firme porque «el Ayuntamiento ha recurrido hasta agotar todas las posibilidades y el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el último recurso de casación».
Benlloch explicó que «en los primeros envites» de esta serie de recursos les dieron la razón al Ayuntamiento, pero la sentencia del tribunal valenciano «lo tumba y dice que la adjudicación hubiera tenido que ser a la otra empresa».
El alcalde dejó claro que ese error en las valoraciones de la mesa de contratación se debe a «criterios técnicos» y «no hay ningún tipo de decisión política de por medio». De este modo, como evidentemente no pueden revertir ese proceso porque la adjudicataria ya hecho la inversión pertinente y ha desplegado los autobuses, cree que este episodio acabará en una situación de «inejecutabilidad de la sentencia», similar a lo que pasó con el jardín de Botànic Calduch.
«Como se demuestra que es inviable , hay que ver cuál es la indemnización por daños y perjuicios que el Ayuntamiento debe abonar a esa empresa, y lucharemos hasta las últimas consecuencias para pagar lo mínimo», ha concluido.
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