El Gobierno ha decidido retirar del Congreso la reforma de la ley sobre comercio de derechos de emisión, para poder mantener el impuesto a la producción eléctrica. Durante la tramitación de la norma, el pasado mes de diciembre, el Partido Popular y Junts habían pactado la introducción de una enmienda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que grava con un 7% la factura de la luz.
Han pasado ya casi tres meses desde que el Congreso votó la eliminación de este tributo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado mantenerlo.
Primero, suspendiendo los trabajos de la comisión parlamentaria con una decisión tomada «de manera antirreglamentaria» por su presidenta, Cristina Narbona. Y ahora, sacando la ley de su tramitación, tras comprobar que ni siquiera lo iba a lograr aprovechando el deshielo de sus relaciones con el partido de Carles Puigdemont.
Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, recuerda que la inflación ha subido este mes de febrero «justamente por la electricidad». Y precisamente, este miércoles la Comisión Europea instaba a todos los Gobiernos de la UE a rebajar el IVA y el resto de gravámenes que se aplican a la electricidad.
Lo curioso es que ha sido Teresa Ribera, vicepresidenta comunitaria y autora del proyecto de ley que PP y Junts habían enmendado, la que reclama abaratar de inmediato la factura para las empresas y también para los hogares.
Bruselas recomienda expresamente aplicar un tipo mínimo del 5% de IVA a la electricidad y trasladar otras cargas que ahora se cobran en la factura de la luz (como la tasa para financiar las renovables o este impuesto a la producción del 7%) a los Presupuestos Generales del Estado.
«Al recomendar una menor fiscalidad sobre la electricidad, queremos fomentar la electrificación, con un uso más intenso e inteligente de las redes y de la infraestructura energética si queremos reducir los costes fijos de nuestro sistema», explicaba Ribera, en contradicción con el Gobierno de España.
Más de 1.100 millones
El impuesto recarga la factura de la luz para todos los consumidores, ya sean particulares o empresas. En teoría, había sido eliminado de la ley el pasado 9 de diciembre, durante el trámite de ponencia de la reforma de la Ley que regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La suspensión de este impuesto habría supuesto un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas, según los cálculos de los populares. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de otros 200 millones para grandes industrias.
El resto de países de la Unión Europea no tiene ninguna figura impositiva equivalente, «lo que hace que nuestra industria sea menos competitiva«, advierte el PP.
La enmienda, pactada entre populares e independentistas catalanes, formaba parte de los acuerdos entre las dos formaciones que lograron recortar en más de 6.500 millones el enorme paquete de «subidas de impuestos» que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez al cierre de 2024.
Pero la comisión parlamentaria no volvió a reunirse, en un «evidente ejercicio de filibusterismo», según la denuncia del Grupo Parlamentario Popular, hasta que el Consejo de Ministros del pasado martes acordó retirarla del Congreso.
Ya el 6 de febrero, el PP registró un escrito, al que tuvo acceso este periódico, instando a Narbona a la «convocatoria urgente» de la comisión, que estaba prevista para el jueves 12 de diciembre de 2024.
Ahora, tras la retirada de la norma, el partido de Alberto Núñez Feijóo acusa directamente a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, de haberse plegado de inmediato a las formas del sanchismo para «evitar que el PP consiguiese eliminar el impuesto eléctrico que abarataría la factura de la luz».
Según fuentes populares, el «escándalo parlamentario» no es más que «otro intento deliberado de censura y de bloqueo al normal funcionamiento del Congreso».
El Ministerio lo reconoce
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se admite que la decisión se debe, efectivamente, a que en el trámite de ponencia se habían incluido enmiendas parciales «con efectos negativos». Es más, añaden que suprimir el citado tributo «incrementaría la factura de los consumidores».
De acuerdo con lo declarado por un portavoz del Ministerio a Efe, ahora mismo, el 50% de los 1.500 millones de euros que recauda el impuesto lo asumen las empresas generadoras. Pero en su ausencia, los consumidores pagarían el 100%, una «situación indeseada».
El pasado miércoles, durante el debate del pleno sobre soberanía energética, el diputado de Vox Carlos Flores preguntó en varias ocasiones a la vicepresidenta Aagesen el porqué de la retirada del proyecto de ley. Pero la ministra no contestó, si bien el pasado diciembre sí que aventuró en que eliminar este impuesto «subiría la factura de los hogares».
Pero la realidad es que a quien señala el PP es a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como ministra de Hacienda. Según los populares, ha sido ella la que ha impuesto el «bloqueo» de la suspensión del impuesto votada en diciembre.
En declaraciones en el Congreso, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, acusaba a Montero de haber ocultado el «documento de expertos», encargado por ella misma, que «dice que ese impuesto, en el momento en que el déficit tarifario se ha equilibrado, hay que quitarlo».
El diputado y miembro de la dirección popular lamenta la maniobra «escandalosa» del Gobierno. «Porque no es algo que defienda el PP, es algo que defienden los expertos, pero Montero no quiere bajar los impuestos a ninguno de los españoles, y por eso, para no sufrir una derrota lógica, bloquea la ley».
