La polémica está servida. El futuro de la central nuclear de Almaraz saltó ayer al foco de la actualidad política nacional a raíz de la cumbre que el próximo lunes y martes celebrarán en Mérida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola. El cierre de la planta es el telón de fondo de la cita que unirá a las ‘baronesas’ del PP, que también abordarán otros asuntos «de interés común» como el tren.
Serán dos jornadas de trabajo (lunes 24 y martes 25 de febrero) con una visita a las instalaciones de la central de Almaraz como colofón final. En la práctica, un golpe de efecto del Ejecutivo extremeño cuyas reacciones no se han hecho esperar. El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, coinciden al asegurar que el único interés de Díaz Ayuso en esta cumbre es defender el lobby eléctrico para seguir cobrando los impuestos que la central nuclear de Almaraz genera a la Comunidad de Madrid mientras Extremadura sigue asumiendo el riesgo y gestionando los residuos. «Quieren seguir cobrando los impuestos y que la basura nuclear se la coma Extremadura», clamaron ayer. Gallardo fue incluso más allá y planteó a Ayuso, si de verdad quiere ayudar a Extremadura, que le ceda parte de esa recaudación que las eléctricas tributan en Madrid.
Debate en el Congreso
A la espera del resultado de esta cumbre, el PP ya avanzó ayer que volverá a pedir en el Congreso de los Diputados que el Gobierno central alargue la vida de las nucleares. En una nueva proposición no de ley, el partido de Alberto Núñez Feijóo solicitará que el parque siga operando en España más allá del año 2030 y que se refuerce la garantía del suministro eléctrico impulsando redes y trámites para energías renovables. Según defiende, España no puede prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares, en especial de Almaraz, «al menos en varias décadas». Asimismo, critican el «serio varapalo» que la parada de esta central (prevista para 2027 y 2028) tendrá sobre la economía de la comarca de la zona y Extremadura en su conjunto. La iniciativa se debatirá en la Cámara Baja el próximo miércoles 26 de febrero, solo un día después de la cumbre de Ayuso y Guardiola.
«Con ánimo constructivo»
Respecto a la cita de Mérida, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García, aseguró ayer que acudirán «con un ánimo muy constructivo». «Es muy positivo que las administraciones se entiendan y puedan compartir buenas prácticas», dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.
García explicó que el objetivo del encuentro entre Madrid y Extremadura es pedir al Gobierno «de forma conjunta» alternativas al cierre de Almaraz, pues esta central genera actualmente el 14% de la electricidad que consume Madrid. Por ello, esta región ve «muy grave» el cierre. «Es muy grave para la economía extremeña, pero también es muy grave para la economía madrileña porque detrás no solo es que haya muchísimos puestos de trabajo, es que está la garantía del suministro eléctrico», señaló el consejero.
La implicación de Madrid en la causa de Almaraz ha tenido también su impacto en la propia comunidad y de hecho, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, consideró ayer «sorprendente» que Ayuso defienda ahora a las nucleares. «La valoración es muy sencilla: nucleares no, gracias», dijo al ser preguntado por la cumbre de Mérida. López recordó que España es un país «modelo en el mundo porque es líder en energías renovables», llegando incluso algunos años a superar el 50%.
«Sinergias comunes»
Desde la Junta de Extremadura, la consejera portavoz, Victoria Bazaga, incidió ayer en que Extremadura y Madrid buscarán en esta cumbre «sinergias» en áreas con intereses comunes. «Sería lamentable que un gobierno no escuchara a las comunidades autónomas y sus necesidades«, manifestó la consejera, para quien «ya no queda nadie en contra de que siga Almaraz». Según alegó, las empresas propietarias de la planta están dispuestas a continuar, la comunidad autónoma también lo pide y Europa sigue apostando por la nuclear. «Solo falta que se haga lo que se tiene que hacer, que es que el Gobierno acepte que esta es la solución y la ponga en marcha».
La ministra no cede
En este contexto, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reiteró ayer que ni Iberdrola ni ninguna otra empresa ha planteado al Gobierno una extensión en el calendario planificado para el cierre de las centrales nucleares. «El año pasado aprobamos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde Iberdrola fue activo en alegaciones y no planteó nada. He tenido la ocasión de verme con Iberdrola en muchas ocasiones y tampoco me ha planteado absolutamente nada», explicó ayer.
«El calendario es el que es porque es el que nos han puesto las empresas encima de la mesa», dijo Aagesen, que ha recordado que en 2019 había incluso alguna empresa dispuesta a dejar cerrada la instalación lo antes posible. En la misma línea, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que recordó que son las empresas las que tienen que decidir si quieren continuar, y si lo hacen, asumiendo además el coste de los residuos. «A ver si ahora Almaraz le interesa más a Madrid que a Extremadura«, ironizó.
En respuesta, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, replicó que la industria «sí quiere un diálogo» sobre el calendario de cierre. «No sé si hay que mandar un telegrama o una carta escrita a pluma, lo único que escuché es al consejero delegado de Iberdrola España decir que había que abrir un diálogo», dijo ayer.
Araluce volvió a defender el «relevante papel» de las nucleares en España, a la vez que recordó «la necesidad de reducir la excesiva carga fiscal que soportan». El presidente del foro hizo hincapié en que la forma de proceder «es abrir un diálogo» y aseguró que la orden ministerial que establece el cierre de las centrales nucleares «puede anularse en cualquier momento»: «No hay que abrir un proceso judicial. Esa orden igual que está se anula y se acabó», apuntó.
