Hacía más de seis meses que en la Comunidad de Madrid esperaban la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahora que ya está convocada, denuncian que el contenido es un compendio de cesiones a los independentistas que no solucionan los problemas del resto de las regiones. Así lo ve al menos la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que nada más conocer el orden del día ha denunciado que está organizada «al dictado del independentismo«.
Rocío Albert lamenta que en la reunión prevista para el próximo 26 de febrero «no se abordarán los problemas de financiación» de las comunidades autónomas sino «las urgencias de los socios» nacionalistas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso, asegura, tiene como objetivo que los españoles paguen «los pufos» de «años de derroche del secesionismo» y también las «suyas propias», en referencia al ejecutivo central.
En agosto del año pasado, al poco de conocerse el contenido del pacto entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa en la que se dio aire a una hacienda propia para Cataluña que no termina de llegar, Albert solicitó por carta a la ministra María Jesús Montero que convocar este consejo fiscal para tratar de manera «monográfica» las consecuencias de aquel pacto catalán. En aquel momento Madrid ya puso sobre la mesa que es la región que mayor aportación hace a la caja común e hizo público su miedo a que el eventual concierto catalán supusiera que Madrid tuviera que aumentar esa contribución.
Este asunto no está incluido en el orden del día de la próxima semana, algo que en la Consejería en realidad daban por descontado a pesar de su queja actual. La convocatoria «llega tarde» y a «destiempo», lamentan. Las formas no se corresponden con el hacer habitual de este tipo de reuniones porque, dicen, «apenas» dejan margen para que los equipos técnicos de las consejerías trabajen sobre los asuntos que se deben tratar ese día. En cualquier caso, la protesta va más allá porque aseguran que han recibido la citación sin «documentación que poder analizar» ni una definición clara de la «propuesta del Ministerio» sobre los asuntos que se van a debatir.
Rechazo a la condonación
Entre los siete puntos del orden del día, el polémico para el Gobierno madrileño es el seis: «Aprobación de los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común». Es decir, la «condonación de la deuda» catalana, denuncian en la consejería.
A pesar de que este no es el consejo fiscal que esperaban, el ejecutivo autonómico no repetirá el plantón que Díaz Ayuso le dio a Sánchez en Moncloa. «Por supuesto» que acudirán a este encuentro, explican en el departamento de Albert porque es el lugar para «defender los intereses de los madrileños y del resto de los españoles».
La condonación de la deuda, según han explicado en distintas ocasiones en esta consejería, y también la presidenta, solo la verían aceptable en el caso de la Comunidad Valenciana, entendiendo que ya se encontraban con una situación financiera complicada antes de la DANA y que después de lo ocurrido puede ser una manera de que todo el Estado contribuya a la reconstrucción necesaria de las zonas afectadas. Cualquier otra opción, ha sido rechazada de plano por el ejecutivo autonómico, advirtiendo que una condonación no sería más que una «mutualización» de la deuda que terminarían pagando igualmente los españoles. Sin embargo, algunas regiones gobernadas por el PP no han sido tan rotundos ni han dado cerrojazo a una negociación.
