El PSOE ha planteado que los funcionarios que lleguen tarde de manera injustificada a su puesto de trabajo o directamente falten puedan ser sancionados con una suspensión de empleo y sueldo de hasta 30 días. Así lo recoge una de las 37 enmiendas registradas por el grupo socialista para modificar el proyecto de ley de la Función Pública que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Entre las 81 páginas de cambios que plantea el principal partido del Gobierno figura también la recuperación de la jubilación parcial -pactada ya con los sindicatos- o permitir alargar las carreras profesionales hasta los 72 años de edad, entre otros.
El documento de propuestas elaboradas por el PSOE y coordinadas con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública entran ahora en fase de negociación con el resto de grupos parlamentarios, si bien la ambición del PSOE es que puedan ser aprobadas y entren en vigor este mismo año. Algunas tendrán efecto para todos los empleados públicos y otras se ceñirán a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). En tanto que enmiendas, es posible y en algunos casos probable que el texto sufra modificaciones durante la negociación parlamentaria.
Una de las enmiendas que ha registrado el principal partido del Gobierno propone modificar el artículo 106 del proyecto de ley, relativo a los tipos de sanciones que se le pueden aplicar a un empleado público que actúe de manera negligente durante sus funciones. El proyecto de ley plantea castigar de uno hasta 15 días de suspensión a un empleado que cometa una falta leve. Y el PSOE considera que ese margen sancionador es insuficiente y propone elevarlo hasta 30 días de suspensión.
El PSOE quiere elevar de 15 a 30 días de suspensión de empleo la pena máxima por llegar tarde al trabajo
¿Qué se considera una falta leve? El mismo texto lo describe como un «incumplimiento injustificado del horario de trabajo», la «falta de asistencia injustificada de un día», «la falta de consideración con cualquier persona durante el ejercicio de sus funciones» o el «descuido o negligencia». Este régimen disciplinario afectaría, si prospera, al personal al servicio de la Administración del Estado. «No lo han negociado con nosotros, ni si quiera lo sabíamos», afirma una fuente sindical consultada, que no oculta su enojo con la propuesta.
Las propuestas del PSOE también «afinan», según su propia descripción, la definición de «reincidencia» en la comisión de faltas. Se considerará como tal si el empleado público comete «en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa», según recoge el documento de enmiendas.
Primero el Gobierno y luego el PSOE han ido modulando qué introducen en la nueva ley de función pública para modificar el régimen disciplinario. En uno de los primeros borradores que el Ejecutivo negoció con los sindicatos figuraba -luego se retiró- la posibilidad de apartar de su puesto a los empleados públicos que suspendieran una evaluación de su desempeño.
Jubilación forzosa a los 72 años
El proyecto de ley de la función pública aborda tanto la salida temprana de los funcionarios de la administración, como la posibilidad de alargar su estadía. Actualmente un empleado público puede seguir trabajando, si voluntariamente así lo desea, hasta los 70 años. Siempre que en el organismo donde opera se lo autoricen.
Los socialistas plantean elevar de 70 a 72 años la edad máxima de jubilación en la Función Pública
Ahora el PSOE plantea elevar hasta los 72 años dicha posibilidad, siempre que el funcionario interesado solicite entre tres y cuatro meses antes de la edad de jubilación el poder alargar su vida laboral. E irá prorrogando año a año dicha solicitud hasta que cumpla los 72 años. Para el caso particular de la comunidad docente, estos podrían optar por jubilarse a la finalización del curso académico en el que cumpla los 72 años.
Dicha medida ha despertado la oposición de los sindicatos, que ya la rechazaron durante las negociaciones que tuvieron durante los meses previos con el ministerio liderado hoy por Óscar López. «Es una medida que no contemplaba el acuerdo suscrito por los sindicatos y que no apoyan», han manifestado CCOO y UGT en un comunicado. Csif, por su parte, ha criticado que «la ampliación de la prórroga de la jubilación hasta los 72 años depende de la discrecionalidad de la Administración, que deberá autorizarla caso por caso».
Jubilación parcial
El pasado mes de diciembre, tal como avanzó este medio, el Gobierno rubricó un acuerdo con CCOO y UGT para recuperar la posibilidad de que los empleados públicos se jubilen parcialmente. Este derecho fue retirado durante el mandato de Mariano Rajoy y ahora los socialistas quieren recuperarlo. Plantean, tal como acordaron con las centrales, que el personal que tenga entre 62 y 64 años, dependiendo de cuándo ingresaron a la Administración, puedan jubilarse parcialmente. Para ello deberán acreditar 33 años cotizados, llevar un mínimo de seis años en la administración pública. Y entonces podrán recortar durante el primer año entre un 20 y un 33% su jornada, para luego elevar dicha disminución entre un 25 y un 75%.
Dentro del documento de enmiendas del PSOE también figura fijar en dos semanas y retribuido el permiso parental para el cuidado de hijo, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años. Los socialistas plantean también permitir la acumulación del permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales.
Suscríbete para seguir leyendo
