El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una serie de expedientes sancionadores contra grandes tenedores de viviendas turísticas por presuntas prácticas engañosas contra los consumidores. Estos expedientes se derivan de una investigación iniciada en diciembre del año pasado, en la que se solicitó información a varias empresas que operan en el sector del alojamiento turístico en distintas comunidades autónomas.
La investigación llevada a cabo por la Dirección General de Consumo ha revelado que estas empresas podrían estar causando «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada» e incumpliendo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En concreto, se ha detectado que estas grandes gestoras, que administran cientos de viviendas turísticas, estarían ofreciendo «información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios». Esto constituiría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, tal como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Un ejemplo de estas prácticas engañosas consiste en anunciar viviendas turísticas gestionadas por un particular cuando en realidad la propiedad es de una empresa. Estas acciones se consideran engañosas según el Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, que establece que «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional» y «presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario» son acciones contrarias a la normativa. Estas prácticas pueden calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que puede incrementarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy apunta que la apertura de estos expedientes no supone que finalmente se sanciones con multas a estos grandes tenedores de pisos turísticos, pero refleja el compromiso del ministerio de proteger los derechos de los consumidores y garantizar que las prácticas comerciales sean justas y transparentes.
Expendiente sancionador a AirBnb
Además, estos nuevos expedientes sancionadores se suman a otro procedimiento iniciado hace dos meses contra AirBnb por no eliminar miles de anuncios de pisos turísticos irregulares. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara estos anuncios de forma inmediata, y ante su negativa, se procedió a la apertura del expediente sancionador.
En esta misma línea, Consumo también ha estado investigando desde octubre a diversas agencias inmobiliarias por presuntas prácticas abusivas contra los inquilinos. Entre estas prácticas se incluyen obligar a los inquilinos a pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, imponer contratos temporales sin justificación adecuada, y la inclusión de cláusulas contrarias a la normativa en los contratos de alquiler. El Ministerio de Bustinduy podría multar con hasta un millón de euros a estas firmas, con la posibilidad de aumentar hasta seis u ocho veces el beneficio ilícito por infracciones muy graves.
