Según Aldama, estas adjudicaciones estaban «preconcedidas» a cambio de mordidas que se terminaron repartiendo entre Ábalos, Koldo y él mismo, pero fuentes de la defensa señalan que de los meros listados aportados no puede llegarse a acreditar tales extremos, por lo que consideran que la declaración de este jueves no aportará muchas novedades con respecto a la de diciembre. Tampoco en lo relativo a asistencia de Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres a pisos con «señoritas» facilitados por el propio Aldama, ya que éste únicamente ha aportado datos sobre el alquiler de estancias en la plataforma Airbnb que no ofrecen ningún indicio sobre la asistencia a esos lugares de las personas que señala.
Informe patrimonial pendiente
En todo caso, Ábalos sólo tiene previsto responder al instructor y al responsable de Anticorrupción, y considera además que no se le podrá realizar ninguna pregunta en relación con un presunto incremento de bienes a resultas de su relación con la trama corrupta si en el momento de tomarle declaración aún no se ha dado traslado del informe que Puente solicitó el pasado 4 de febrero a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio y el de su hijo. Lo contrario iría contra su derecho de defensa, según las fuentes consultadas.
En su primera declaración Ábalos negó ante el juez Leopoldo Puente el cobro de comisiones y prebendas , como le había acusado Aldama. Al mismo tiempo eludió señalar a ningún miembro del Gobierno. Lo que sí confirmó fue la participación del que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, en la gestión de los alquileres del chalé de Cádiz y del apartamento la plaza de España de Madrid que ocupó Jesica R.G , la mujer con la que mantuvo una relación.
Alejandro Luzón
En la comparecencia destacó la tensión que se produjo entre el ahora diputado del grupo mixto y el fiscal del caso y jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón . Incluso este llegó a lamentar que Ábalos tratara de «ridiculizar» sus preguntas , pero también las conclusiones que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacaron en sus informes.
La ex fiscal general Consuelo Madrigal durante la primera toma de posesión de Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción. / EFE
En concreto, el punto álgido de la disputa se produjo cuando Luzón se dirigió al exministro para preguntarle si no debía haber controlado el destino de «2.861.000 mascarillas que suponían un gasto de 7 millones de euros de los que no se tiene constancia documental…». Y esta aseveración molestó a Ábalos, quien interrumpió al fiscal, para decirle: «¿Pero usted cree que yo tengo que controlar las dependencias del Ministerio también? Eso es responsabilidad del oficial mayor, que tiene bastantes funcionarios para eso, ¿cree usted, como se insinúa, que yo tenía que hacer el reparto con la furgoneta y pedir los albaranes ?”, dijo el exministro, quien lamentó que se hubiera llegado “a ese nivel de caricatura «.
