Las familias con hijos escolarizados en colegios e institutos públicos o concertados de la Comunitat Valenciana están llamados a votar la lengua en la que estudiarán el próximo curso 2025-2026: valenciano o castellano.
Una consulta que contempla la Ley de Libertad Educativa que ya ha dado los primeros pasos. Durante la semana pasada y hasta este lunes, los centros facilitaron a los padres toda la documentación para poder participar en la consulta.
También los censos provisionales ya se pueden consultar en los tablones de anuncios de los centros. Todo listo para que las votaciones puedan comenzar a partir del 25 de febrero y hasta el 4 de marzo, ambos inclusive.
Ahora bien, a pocos días de ‘acudir a las urnas’ -en realidad el voto es telemático-, en las familias siguen surgiendo dudas sustanciales sobre la consulta y las consecuencias que esta tendrá.
Entre ellas, qué ocurre en aquellos casos en los que los padres están divorciados y cada uno quiere votar en un sentido. El centro tan solo aporta un Número de Identificación del Alumno (NIA) con el que poder votar.
Este, conviene apuntar, solo puede posicionarse una vez y en un sentido: a favor del valenciano o a favor del castellano.
A los dos progenitores se les facilita este NIA, de manera que cada uno pueda acceder a la plataforma de votación. Si los dos votan valenciano o los dos votan castellano, se le computará como un único voto y el menor será adscrito a la línea elegida.
Pero si primero uno vota valenciano y otro vota castellano, automáticamente el voto quedará en el limbo y no se contabilizará. Según la ley, en este caso se considera que hay una discrepancia o falta de acuerdo entre ellos y el voto no se tiene en cuenta «hasta que un juez decida qué progenitor puede votar».
Un planteamiento que complicaría la participación de estos en el proceso. No en vano, los plazos judiciales son a menudo dilatados, por lo que podría darse la circunstancia de que cuando el juez resuelva, la consulta ya haya concluido, ya que tan solo estará operativa durante ocho días.
La tesitura, por tanto, obliga a padres divorciados a entenderse y pactar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. De lo contrario, mientras el juzgado resuelve, los centros asignarán a los menores a una línea u otra en función de las necesidades para poder confeccionar las aulas.
Si bien es cierto que existen familias en las que, a pesar del divorcio, la comunicación es fluida al menos para las cuestiones relevantes, también lo es que existen otras donde el entendimiento es más complicado por diversas circunstancias.
Es el caso de Elena, que lleva divorciada desde 2020. Ella votará a favor del valenciano, pero advierte que su exmarido preferiría castellano. Es extranjero y tiene dificultades para entender la lengua cooficial.
Elena reconoce, además, que es ella quien habitualmente se encarga de los asuntos escolares y pone en duda que su expareja sepa que se va a realizar esta consulta.
Su caso no es excepcional. La Comunitat Valenciana cerró 2023 con 11.643 demandas de disolución matrimonial. Y si bien no en todos los casos hay menores de por medio, la cifra sí ofrece una idea de la cantidad de personas que podrían encontrarse en una situación similar y en la que la vía más rápida y sencilla es el entendimiento.
