“¡Mandad la alerta de una puta vez!”. Esta escalada en el tono del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se dio en plena reunión de urgencia del Cecopi en el día de la DANA, el 29 de octubre. El retraso en el envío a los teléfonos móviles de la población con el sistema Es-Alert continúa bajo investigación judicial y de la lupa mediática.
Y es que estas palabras del jefe de la Diputación, según ha adelantado La Vanguardia este miércoles, fueron dirigidas a la máxima responsable de las Emergencias, la ya exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para que mandase inmediatamente la alerta a la ciudadanía para advertir de los graves riesgos de la DANA. La reunión en el Cecopi se convocó pasadas las 17:00 horas de aquel fatídico martes, pero la alerta no llegó a los valencianos hasta las 20:11 horas, cuando las riadas ya estaban desatadas. La catástrofe dejó 227 personas fallecidas.
Tanto Mompó como otros cargos presentes en la reunión del Cecopi urgieron a agilizar el proceso del envío de la alerta, pero se encontraron con las prolongadas dudas de la consellera de dar la orden. Y es que Pradas no quiso dar un paso hacia adelante hasta que no habló por teléfono con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien se encontraba de almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante ‘El Ventorro’ y quien no llegó hasta la sede del organismo pasadas las 19:00 horas de aquella tarde.
Y es que, según el medio citado, no se procedió a mandar la alerta hasta que Pradas y Mazón mantuvieron un encuentro a solas para medir las actuaciones, cuando decenas de municipios ya estaban anegados por el agua y el barro. A su vez, estas informaciones recogen que dos miembros del Cecopi relatan que entre las 18.00 y las 19.00 horas de ese día la exconsellera no se atrevió a adoptar ninguna decisión pese a que cargos como el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, o el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, le urgieron a esa alerta de inmediato.
La investigación judicial que se cierne sobre las alertas
El epicentro de esta cuestión radica en la investigación que se está llevando a cabo por una jueza de Catarroja, quien instruye una causa abierta para determinar si se cometieron presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia de parte de las administraciones competentes.
En uno de sus últimos autos, al que tuvo acceso ElPlural.com, la magistrada aduce a “la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos y el objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Sobre ello se han manifestado reiteradamente las familiares de las víctimas».
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja requirió este lunes a la Conselleria de Emergencias para que le informara si concurrió y se integró en el Cecopi «alguna otra autoridad» distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la DANA. La versión de la Generalitat sobre el envío de las alertas viene de la mano de que fue decisión de dos técnicos y que la decisión última era mancomunada por todos los integrantes del Cecopi.
Bajo este telón de fondo, el presidente Mazón ha pedido este miércoles “respeto” a la investigación de la jueza de Catarroja: “Está por encima de cualquier otra cuestión, también el respeto para que el proceso se lleve de la mejor manera posible y por respeto a las víctimas”, ha indicado en declaraciones a la prensa.
