Jair Bolsonaro sintió en la noche del martes que el cero judicial se estrechaba por primera vez a su alrededor con peligro real de comprometer su situación. El expresidente de Brasil fue formalmente acusado por el fiscal general, Paulo Gonet, ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de haber liderado el intento de golpe de Estado contra Luiz Inacio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023. El excapitán retirado del Ejército está relacionado junto con otras 33 personas con la presunta comisión de los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado por violencia y amenaza grave contra bienes federales. Ratificó las conclusiones de la Policía Federal de que la conjura contemplaba el asesinato de Lula y otras figuras políticas y judiciales. El impacto de la presentación de Gonet ha sido inmediato. Bolsonaro se encuentra en libertad, un beneficio que no ha recibido su excandidato a vicepresidente en los comicios de 2022, el general Walter Braga Netto, quien cumple prisión preventiva. El exmandatario y Braga Netto «aceptaron, incentivaron y ejecutaron actos tipificados en la ley penal como atentatorios contra el bien jurídico de la existencia e independencia de poderes», sostiene el fiscal en su escrito.
El STF debe decidir ahora si acepta la denuncia y convierte a los acusados en imputados. Según los medios de prensa, tomará cartas en el asunto la Primera Sala de la máxima instancia judicial, formada por los magistrados Alexandre de Moraes, frecuentemente demonizado por Bolsonaro, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin y Flávio Dino. Los analistas coincidieron: la posibilidad de que la causa avance dejó de ser menos descabellada. «Ahora, si es procesado y condenado por los delitos vinculados a la trama golpista, Bolsonaro podría enfrentar una pena de hasta 28 años de prisión y ser inelegible por más de 30 años», consignó el diario paulista ´Folha`.
Bolsonaro dijo sin embargo que no está preocupado por el avance de la causa judicial. «Aunque no lo admitan públicamente, algunos interlocutores del expresidente con buenas conexiones en medios jurídicos ya esperan que el Supremo acelere el caso e intente condenarlo antes de diciembre de este año para evitar que la decisión final sólo salga en 2026, en pleno periodo electoral», sostuvo el diario carioca ´O Globo`.
Organización Criminal
«Los hechos aquí relatados se refieren a un Presidente de la República que, junto con otras figuras civiles y militares, formó una organización criminal estructurada para impedir que se cumpliera el resultado de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales de 2022, implicando la continuidad en el poder sin el asentimiento regular del sufragio universal», señaló también Gonet.
Bolsonaro acumula una serie de investigaciones de la Policía Federal: el caso de la apropiación de joyas recibidas durante su Gobierno y la falsificación de certificados de vacunas contra el Covid-19. El expresidente también fue declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral hasta 2030 por ataques y mentiras sobre el sistema electoral.
Pero los sucesos del 8E suponen una gravedad mayor que, señaló ´Folha`, fueron la consecuencia de una serie de acciones previas. Durante la campaña electoral de 2022, y cuando las encuestas favorecían a Lula, el entonces jefe de Estado cuestionó la transparencia de las mismas urnas electrónicas que le habían permitido llegar al poder en los comicios de 2018. Bolsonaro llegó a amenazar con suspender la contienda si no se cumplía su exigencia de realizarla con papeletas. Aseguró a su vez que, si fuera por él, en Brasil no regiría el sistema democrático. A medida que se acercaba el día de la votación en el primer turno, concentró su ira en los ministros del STF, entre ellos De Moraes y amenazó con no acatar sentencias judiciales, además de alentar a sus seguidores a participar en actos antidemocráticos. Agitó también el fantasma de la intervención del Ejército e instó a la ultraderecha a levantar campamentos en los cuarteles tras su derrota, a la espera de un pronunciamiento que nunca llegó.
El papel de la Policía Federal
Mientras Gonet analizaba las investigaciones de la Policía Federal (PF), Bolsonaro redobló sus pedidos de amnistía. La victoria de los sectores conservadores en los comicios municipales de octubre redobló sin éxito aparente sus reclamos. El cerco no solo se cierra alrededor del excapitán. También complica a la principal autoridad del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, el ex director general de Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) Alexandre Ramagem, ahora diputado federal, y el ex ministro de la GSI (Oficina de Seguridad Institucional), el general retirado Augusto Heleno.
El paso dado por el fiscal estuvo guiado por las evidencias obtenidas por la PF y asentadas en un informe de casi mil páginas. La institución dijo meses atrás que había reunido pruebas contundentes «a través de diversas investigaciones realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en la ruptura del secreto telemático, telefónico, bancario y fiscal, la colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial». La policía consignó entonces que el propio Bolsonaro estuvo involucrado en planes golpistas discutidos en el Palacio de la Alvorada, la sede del Ejecutivo, a finales de 2022. La primera versión del texto discutido entre los conjurados fue presentada a Bolsonaro por el edecán Filipe Martins. De acuerdo con la PF, Bolsonaro llamó luego a los jefes de las Fuerzas Armadas para discutir los pasos a seguir. Un año atrás, s entonces comandantes del Ejército, general Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, brigadier Baptista Júnior, confirmaron la conspiración su rechazo a la misma.
