Seis meses después, la comisión creada por el PP de Isabel Díaz Ayuso para asediar a Pedro Sánchez a través de las actividades de su mujer, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid ha concluido. Formalmente, no se ha echado el cierre, ha quedado en pausa porque populares y Vox se han puesto de acuerdo para no dar por agotada la comisión de investigación hasta que reciban el informe del Consejo de Estado, al que la semana pasada pidieron criterio sobre la petición de comparecencia de Pedro Sánchez como «esposo» y no como presidente del Gobierno. Pero a falta de que se confirme en los próximos días que Sánchez no tiene obligación de acudir, los grupos parlamentarios ya han hecho todas las preguntas que han estimado pertinentes a los 17 comparecientes que han llamado a la Asamblea de Madrid.
El orden del día mantenía la presencia de Pedro Sánchez «en calidad de Presidente del Gobierno de España y esposo», aun cuando desde Moncloa se ha enviado la documentación para rechazar la comparecencia amparándose en la doctrina previa del Consejo de Estado, que establece que el jefe del Ejecutivo solo responde ante el Congreso y el Senado y no ante los parlamentos autonómicos. Sin embargo, dado que se ha solicitado ese nuevo dictamen por «su doble condición», según ha explicado la presidenta de la mesa de la comisión, Susana Pérez Quislant, la sesión de hoy «queda suspendida» hasta que se conozca ese informe al que el órgano constitucional tiene que responder en los próximos 15 días.
Silencio de la asesora de Begoña Gómez
Tras el plante de Más Madrid y PSOE de la semana pasada, la última sesión solo ha contado con la presencia de los diputados de PP y Vox, pero ambos grupos se han quedado sin las respuestas que esperaban. La primera en acudir hoy ha sido Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha imputado por supuesta participación en los hechos en los que es investigada Begoña Gómez, concretamente en un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios».
Álvarez se ha acogido precisamente a su «derecho a no declarar», igual que hizo en el Senado hace unos días. Todo lo que ha apuntado hoy es que todo lo que tiene que decir sobre el objeto de esta comisión lo dijo como testigo ante el juez de instrucción el pasado 20 de diciembre.
A pesar de eso, la diputada del PP Mercedes Zarzalejos y la de Vox, Ana Cuartero, han repetido todas las preguntas que traían preparadas, un interrogatorio en el que se han deslizado acusaciones o puesto en cuestión la actividad de Álvarez como asesora en la Moncloa, su llegada al cargo y su labor posterior, dando por hecho que se ha excedido en su implicación con las actividades de Begoña Gómez en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid aunque en el juzgado aún no haya conclusiones sobre este aspecto.
Comparecencia del vicerrector de la UCM
El siguiente ha sido Juan Carlos Doadrio Villarejo, ex vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM. En su declaración ante el juez, Doadrio aseguró que había creado la cátedra de Begoña Gómez por orden del rector de su universidad, Joaquín Goyache.
Hoy ha reiterado esta versión en la Asamblea de Madrid, pero ante las preguntas de las diputadas conservadoras, ha dicho que se vio «obligado» porque la orden venía de su «jefe» pero «no presionado» a hacerlo porque en ningún momento fue «amenazado» ni temió por su cargo.
Igualmente, tras una exposición deslabazada, ha asegurado hasta en dos ocasiones que tanto la creación de la cátedra como todo lo que la rodeó «administrativamente fue regular». Sin embargo, sí ha señalado que todo el papeleo se gestionó con más rapidez que en cualquier otro máster o cátedra, que los convenios se tramitaron con mayor fluidez de lo habitual, y que «en las formas» hubo cosas que no le parecieron correctas, pero no ha logrado constatar irregularidades.
Una vez que se cierre por completo la comisión, ya con la respuesta del Consejo de Estado y la posterior decisión sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, que la mesa debería decidir si la sustituye por otra, los populares tienen la opción de elevar el dictamen con las conclusiones, que previsiblemente estará listo en marzo, a la Fiscalía. El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, dio a entender la semana pasada que se puede deducir de las declaraciones de los comparecientes que hay un indicio de delito por parte de Begoña Gómez en lo relativo a la apropiación del software creado por las empresas para la universidad y, por tanto, se abren a llevar el informe a la Fiscalía.
