Dos misivas y una reunión en persona en enero, pero la reacción de la Comisión Europea no llega. El PP está presionando a Bruselas para que analice la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como «desviación del Estado de Derecho» en España. A su entender, su continuidad en el cargo «dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa». El fiscal general está siendo investigado por la supuesta filtración de información privada sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador estaba en negociaciones con la fiscalía para llegar a un acuerdo después de que se le detectara un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha mandado por segunda vez una carta al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que estudie el asunto. «La desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho», asegura Montserrat en la misiva dada a conocer por el PP.
Montserrat dice que España «se encuentra en un difícil momento» por la imputación del fiscal general y recalca que esto es algo «inaudito en democracia y en la UE». «A pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para dañar a la oposición política, se niega a renunciar en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisión inmediata», remarca Montserrat.
La política catalana ya mandó una carta similar en diciembre a McGrath y se reunió con él 21 de enero. Ante el silencio de Bruselas, la portavoz del PP ha vuelto a insistir este martes con otra nueva misiva.
