El PSOE se encuentra en una fase de prevención y preparación ante lo que consideran un cerco judicial cada vez más estrecho, especialmente tras las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a la presunta filtración de datos confidenciales relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta situación ha encendido las alarmas en el partido, que se prepara para un posible escalonamiento de los acontecimientos judiciales que podrían involucrar a figuras clave dentro del socialismo madrileño.
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Los dirigentes socialistas ya daban por segura la citación de Pilar Sánchez-Acera, la nueva secretaria de organización del PSOE de Madrid, ante el magistrado Ángel Hurtado, que lleva el caso de la filtración de los datos. La situación se torna aún más compleja cuando se menciona que la citación podría no ser únicamente como testigo, sino que se baraja la posibilidad de que la dirigente socialista acabe siendo imputada, lo que sería un golpe importante para el partido, en especial después de su reciente nombramiento al frente del aparato socialista madrileño.
Ricardo Rodríguez, periodista de COPE, explica que la Moncloa lleva semanas con la mirada puesta sobre la situación de Sánchez-Acera, con la intención clara de frenar cualquier posible escalada del escándalo en torno a la filtración de datos. Rodríguez destaca que, a pesar de la defensa cerrada de su jefe, el ministro Óscar López, el ambiente en el PSOE es de creciente preocupación, especialmente en lo que respecta a la futura citación judicial. La consigna que circula entre los altos cargos socialistas es clara: «Hay que estar preparados para cualquier cosa».
En ese contexto, los dirigentes del PSOE han comenzado a insinuar, aunque sin decirlo explícitamente, la posibilidad de que estemos ante un caso de lawfare, un término utilizado para referirse a la utilización de procedimientos judiciales con fines políticos. La acusación de lawfare no se menciona abiertamente, pero es claramente subyacente en los comentarios de varios dirigentes del PSOE, que consideran que la situación podría estar siendo utilizada para dañar la reputación del partido y debilitar sus posiciones.
Desde que las diligencias judiciales comenzaron a incluir a figuras cercanas al Gobierno, especialmente con la citación de Pilar Sánchez-Acera y el foco que se ha puesto sobre el fiscal general, la preocupación en la Moncloa ha ido en aumento. A pesar de las declaraciones de tranquilidad de algunos de los implicados, como el propio Óscar López, los temores a una posible judicialización de la política y a la exposición pública de altos cargos del Gobierno son cada vez mayores. En este sentido, algunos dirigentes lamentan que la atención no esté centrada en otros casos, como los problemas fiscales de Alberto González Amador, un asunto que se considera de interés público, pero que ha quedado eclipsado por el caso Ayuso.
El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y la exdiputada socialista Pilar Sánchez Acera
La situación judicial se complica aún más cuando se considera la comparecencia de Francesc Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación, y la petición de diligencias adicionales en la investigación. El juez Ángel Hurtado ha solicitado información detallada sobre los dispositivos móviles utilizados por varios implicados, incluyendo al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, y las comunicaciones relacionadas con la filtración de datos. Según Patricia Rosety, periodista de COPE, las declaraciones de Sánchez-Acera y Vallés podrían ser clave para esclarecer el recorrido de los correos electrónicos y las filtraciones, especialmente en lo que respecta a los correos enviados por el novio de Ayuso entre el 2 de febrero y el 14 de marzo, fecha en que Elplural.com hizo pública la información.
El juez Hurtado también ha solicitado que se aporten detalles sobre los móviles de García Ortiz y las ocasiones en que cambió de dispositivo entre junio de 2023 y marzo de 2024. Se trata de una serie de diligencias que apuntan a esclarecer el origen y destino de la filtración de información confidencial que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
