Pese a que la ley estipula que las terapias de conversión están terminantemente prohibidas, lo cierto es que en la práctica esta cuestión dista de la teoría. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ‘No es terapia’ ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para castigar con penas de cárcel estas prácticas.
A pesar de la vigencia del artículo 17 de la Ley de Derechos de las Personas Personas Trans y LGTBI+, por la que estas pseudoterapias ya vienen siendo ilegales desde hace dos años y están penadas con sanciones que pueden ascender hasta los 150.000 euros, las asociaciones comprometidas con la causa denuncian que existe “impunidad” y que, por ende, hoy en día aún se siguen practicando.
En señal de respaldo a la iniciativa de ‘No es terapia’, en la Cámara Baja han mostrado su voto a favor distintas figuras políticas como la senadora Carla Antonelli o el diputado Eduardo Rubiño, pero, en cuanto a lo que se refiere a grupos parlamentarios, se han posicionado con su aval Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Más Madrid, BNG, Junts, Comuns y Bildu. El texto en cuestión aboga por criminalizar con penas de uno a cuatro años estas prácticas que van en contra de los derechos y libertades de personas LGTBI y que se incluya un artículo al respecto en el Código Penal.
Pese al dictamen estatal, las terapias de conversión aún se practican en la sombra a nivel autonómico, denunciándose así sendos casos que vienen desde Valencia, Madrid o Andalucía, casos que incluso se han llevado al plano de la justicia y, desde ‘No es terapia’, “se han archivado sin dar explicación, sin permitir recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de competencia para tramitarlas”, recoge El País.
Este escenario intentó solventarse con el impulso de la conocida como ley trans en 2023, cuando, a su vez, Más Madrid trató de incluir en una enmienda la penalización con prisión de estas falsas terapias, aunque no salió adelante. Ahora, con esta iniciativa social que ha llegado al centro del debate del Congreso, se tratará de encauzar de nuevo: “Las medidas que existían a nivel legal eran insuficientes para parar esta aberración y forma de tortura contra la dignidad de tantas personas en nuestro país. Lamentablemente, se sigue produciendo, incluso con menores de edad”, ha subrayado Rubiño este martes.
Acabamos de presentar junto a @noesterapia_net y otros partidos una Ley Orgánica para incluir en el Código Penal las pseudoterapias de conversión de la sexualidad y pasen a ser delito en España. Instamos al PSOE a rectificar y sumarse ante la multitud de casos conocidos. pic.twitter.com/mXjXCRzZo1
— Eduardo Rubiño 🏳️🌈 (@EduardoFRub) February 18, 2025
El PP de Ayuso tumba esta iniciativa en la Asamblea
Hace apenas unos días atrás, esta cuestión estuvo candente por el debate y votación que tuvo lugar en la Cámara de Vallecas, donde el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, en connivencia con Vox, votaron en contra de que España reforme la ley para que estas pseudoterapias se consideren delito. De esta manera, la iniciativa de Más Madrid en la Asamblea regional, que tuvo a su vez el apoyo de los socialistas, no salió adelante.
Pese a que los populares de Ayuso reconocieron que son “torturas” añadieron que “no son una realidad significativa” y que, por lo tanto, era una cuestión prácticamente solventada por la ley estatal: “Las terapias de conversión son torturas y están penadas por la ley, pero no son una realidad. Sí son una realidad la ablación y la venta de niñas, y nada de esto ocurre por la Iglesia Católica, pero nunca tienen tiempo de denunciarlo”, expuso la diputada popular Lavín Moreno.
Igualdad y Justicia estudian catalogar estas terapias como delito
Por su parte, el Gobierno central ya trabaja para que estas pseudoterapias tengan penas de cárcel y sean consideradas legalmente como delitos. Para ser más exactos, así lo ha adelantado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha mencionado los estudios conjuntos con el Ministerio de Justicia para que estas terapias de conversión a personas LGTBIQ+ sean catalogadas como delito, séase, para su incorporación en el Código Penal.
Esta doble dirección de trabajo desde el Ejecutivo central ha apuntado, en sus primeros análisis, que estas prácticas se están acometiendo en “siete diócesis”: “Espero que pronto tengamos buenas noticias para todas las personas que las están sufriendo”, ha avanzado Redondo.
