La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, en la causa en la que se le investiga por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un escrito de alegaciones en el expediente abierto en el Consejo General del Poder Judicial por haber trascendido datos personales en el que atribuye las filtraciones al entorno de Álvaro García Ortiz y le tacha de «saboteador» de la justicia.
En un escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso este diario, la acusación popular se suma a las alegaciones presentadas por la acusación que ejerce el propio Alberto González Amador por la difusión del correo de su abogado en el que asumía la comisión de dos delitos fiscales y se muestra muy crítico con la actuación de García Ortiz. Asegura que «el fiscal general del Estado considera que el Tribunal Supremo es un instrumento de persecución política que actúa movido por razones extrajurídicas, lo que siembra dudas sobre la legitimidad de la justicia española».
«Consideramos que no se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que aún hoy en día ejerce) y simultáneamente su saboteador. Y no es esta la única conducta impropia en una autoridad de semejante peso institucional. ¿Es razonable que la cabeza del ministerio fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal? Que Álvaro García Ortiz decidiera actuar de este modo, nos conduce a una paradoja inexplicable: quien dirige el ministerio fiscal, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, se dedica a hacer todo lo posible por frustrarla y boicotearla. La contradicción es patente», asegura la asociación.
