El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, ha comparecido ante la comisión de Justicia del Senado a petición del PP para presentar, oficialmente, la memoria de la Fiscalía y dar cuentas sobre su gestión. Todo ello en mitad de su imputación por revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental, y tras descubrirse que borró sus mensajes de móvil el mismo día en que se le encausó por el Tribunal Supremo, además de los correos de su cuenta personal. Curiosamente, ha arrancado su intervención apelando al derecho a la «información veraz», que ha sido uno de sus ejes de defensa en este caso, aunque fuera para explicar este martes el deber de transparencia y dación de cuentas del cargo que ocupa.
En la que ha sido su primera comparecencia ante las Cortes desde su imputación a pesar de las reiteradas peticiones de los populares para sentarlo en la Cámara Alta, ha insistido en su negativa a dimitir, primero, porque hacerlo, minimizaría la labor «de 2.795 fiscales, orgullo de este país», pero, también porque «estaría haciendo una concesión a los delincuentes, a otras personas. La fiscalía debe mostrarse fuerte, muy fuerte», ha alegado. Dice García Ortiz que desde el punto de vista personal «me resultaría más cómodo marcharme, pero creo en la institución y me quedo».
Asimismo ha defendido que no por ser fiscal general tiene menos derechos en un proceso penal que cualquier otro ciudadano. «Los principios -ha dicho al respecto- nos pertenecen a todos sin excepción. El juicio de valor sobre responder o no a un magistrado no es una afrenta a nadie», en alusión a su negativa a responder al juez del Supremo, Ángel Hurtado,
Su primera intervención que ha dado paso a la andanada de la portavoz popular, María José Pardo, quien lejos de darle las gracias por su presencia en el Senado le ha espetado que hace mucho tiempo «debería haber dejado de ser fiscal» al tiempo que le ha reprochado «su absoluto desprecio a esta cámara mientras campa a sus anchas por los platos» de televisión. A juicio de la popular, García Ortiz «representa una anormalidad democrática» al ser el primer fiscal general imputado por intentar «la destrucción de un oponente político», en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
El Fiscal General «de Pedro Sánchez»
Tras calificar esta actuación de «indecencia», le ha acusado de ser el fiscal general de Pedro Sánchez. Sentadas estas bases le ha espetado que «si tuviese la más mínima dignidad habría dimitido hace mucho tiempo. Es un imperativo su dimisión y de usted no puede esperarse que sea imparcial ni lo parezca», momento en el que ha vuelto a echar mano de la hemeroteca para señalar que fue declarado «inidóneo» por el CGPJ y acusado de «desviación de poder» por elevar a su antecesora en el cargo y amiga, Dolores Delgado y todo ello, «siendo el garante de la legalidad», ha ironizado.
«No le dejan dimitir, es el protector del número uno», ha agregado Pardo en una comparecencia que los populares llevaban esperando hace mucho tiempo. Y tras insistir en que «no puede seguir ni un minuto más en su cargo», ha aludido al «borrado de las pruebas del presunto delito por el que se le investiga, al más puso estilo de un vulgar delincuente», recordando que el fiscal general aludió primeramente que era una cuestión de protocolos y tras descubrirse que no existía tal, escudarse «en que era su legítimo derecho por afectar a altas instituciones del Estado. ¿A quién?, ¿a la presidencia del gobierno?» se ha preguntado.
A juicio de los populares el borrado «más que apuntalar su defensa apuntala su participación»
Pero no solo eso. «No reconoce la legitimidad del magistrado del Supremo, se niega a responder a un magistrado instructor lo que es impropio de un fiscal. Tiene a su segunda, a su subordinada directa, que está sometida al principio de jerarquía, a que sea quien pida o no su condena. ¿Hay algo más antidemocrático?». A juicio de los populares el borrado «más que apuntalar su defensa apuntala su participación en los hechos por el que se investiga». Y ha resumido la actuación del fiscal en «servilismo e imputación»
Parecidos términos ha empleado la portavoz de Vox, Paloma Gómez, quien se ha preguntado «qué le lleva a ferrarse a su cargo, a quién esta protegiendo, qué contenido tenían los whatsaap, quién le manda. ¿Lo hace por lealtad o hay otra razón?. Dice Gómez que «habrá que ver el qué, el por qué y con quién, a quién encubre o protege» a través de «un borrado bastante torpe. Y todo lo hizo horas después de saber que le iban a imputar».
Otros han preferido centrarse en el objeto formal de la comparecencia, esto es, la presentación del informe de la Fiscalía y su balance de gestión. Ha sido el caso de Juanjo Ferrer, del Grupo de la Izquierda Confederal, y de Joan Josep Queralt, de ERC. No ha sido el caso del representante de Junts, Joan Baptista Bagué, quien ha especulado sobre al lawfare, la llamada ‘operación Cataluña’, la aplicación de la ley de Amnistía, la condena por corrupción de Laura Borrás y los «asaltos reiterados» al despacho del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
Por su parte, el socialista José María Oleaga ha reprochado a los populares priorizar la protección «a la pareja de Isabel Díaz Ayuso» y ha aludido al narco Marcial Dorado, con quien Alberto Núñez Feijóo mantuvo una relación de de amistad hace treinta años, y de los fallecidos en las residencias de Madrid. Pero quizá lo más llamativo ha sido la defensa cerrada del fiscal. «Al final la justicia va a reinar frente a los avatares de la unión de la derecho y de la extrema derecha» para