El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá a las 16.00 horas de este martes en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria anual de la Fiscalía referida a 2023. Será la primera vez que acuda a las Cortes Generales desde que el Tribunal Supremo (TS) le imputó por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la ‘popular’ Yolanda Ibarrola, exigió a García Ortiz que compareciera el pasado diciembre para rendir cuentas de su gestión, pero el fiscal general del Estado excusó su ausencia por motivos de agenda, algo que fue interpretado por el PP como una «huida».
«La situación de García Ortiz como imputado es una causa con un peso aplastante como para que ya hubiera presentado su dimisión, así como los escándalos que lo acorralan», dijo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Así, volvió a pedir su dimisión, «por responsabilidad y decencia democrática», pero también le emplazó a que ofreciera fecha para su comparecencia con el objetivo de dar «explicaciones acerca de su gestión». Y «una disculpa por el daño que está haciendo a la democracia», añadió.
Tras ello, Ibarrola insistió el pasado enero, obteniendo como respuesta un ofrecimiento del jefe del Ministerio Público para acudir a la Cámara Alta a presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2023.
Finalmente, el Senado señaló el 18 de febrero –de entre las tres fechas ofrecidas por García Ortiz– el mismo día que estaba prevista la segunda declaración del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ante el TS por el ‘caso Koldo‘, que se acabó aplazando al 20 de febrero por la agenda de su abogado.
La cita de García Ortiz estará marcada por la investigación que el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, dirige contra el fiscal general; la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe.
La causa arrancó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de una querella de González Amador por la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 para desmentir la noticia publicada por ‘El Mundo’ la noche anterior donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar al empresario en el marco de las pesquisas en su contra por presuntos delitos fiscales.
La nota de prensa daba detallada cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto, por lo que el empresario denunció que se trataba de una difusión ilegal de datos confidenciales.
La investigación saltó al Supremo, donde se amplió para incluir también el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 donde la defensa ofrecía a Salto reconocer dos delitos fiscales a cambio de pactar; y la filtración de la existencia de una investigación contra González Amador, noticia que acabó publicándose el 12 de marzo en ‘eldiario.es’.
«Borro todo»
En estos meses de indagaciones, ha salido a la luz que García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil el mismo día que el TS le abrió causa y que, una semana después, cambió su terminal.
Durante su declaración del pasado 29 de enero, a la que tuvo acceso Europa Press, el fiscal general confirmó que borra «absolutamente todo» de «una manera regular» porque «es una imposición legal», citando en este sentido un reglamento europeo, la Ley de Protección de Datos y una instrucción de la propia Fiscalía.
«Los datos de mi terminal son datos ultra sensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar», dijo.
Asimismo, expuso que desde que llegó a la Fiscalía General del Estado ha cambiado «cinco o seis veces» de teléfono móvil, no solo el pasado 23 de octubre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez una serie de documentos facilitados por las operadoras sobre las líneas personal y oficial de García Ortiz que corroboran el cambio de terminal.
La queja del fiscal general
En estos momentos, el foco de atención está puesto en la queja formulada por García Ortiz ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde denuncia, por un lado, la difusión de sus datos personales y los de otras personas con la notificación que hizo el Supremo del informe de la UCO del pasado 7 de febrero y sus anexos a las demás partes; y, por otro, que la Guardia Civil excedió el mandato judicial para elaborar dicho informe.
Respecto a esto último, reprochó que aportara al TS el tráfico de llamadas entrante y saliente de sus líneas personal y oficial desde las 23.50 del 7 de marzo de 2024 hasta las 00.01 del día 15 de ese mes, cuando el juez fijó el marco temporal entre el 8 y el 14 de marzo; y que le entregara un registro excesivamente detallado de las conexiones de sus tarjetas a los terminales, sin cumplir tampoco el periodo de tiempo establecido –desde 2020 hasta el pasado 23 de octubre–.
Tras ello, el instructor trasladó a las partes su queja para que se pronunciaran al considerar que, si bien esos datos «se han de incorporar al sumario», si decide omitirlos podría afectar a su derecho a la tutela judicial efectiva.
González Amador ya se ha posicionado en contra de eliminarlos de la causa, al tiempo que ha acusado al fiscal general de «mentir» al CGPJ para «denigrar» al Supremo y a la UCO. Además, ha solicitado al TS que ordene a García Ortiz entregar su antiguo terminal.
En un último paso, Hurtado ha reclamado este lunes a Justicia y Hacienda los móviles que el fiscal general haya podido entregar desde marzo, al tiempo que ha requerido información sobre el teléfono que el departamento de Informática de la Fiscalía entregó el pasado mayo a García Ortiz.
Además, ha citado para el 12 de marzo como testigos a Pilar Sánchez Acera, la entonces asesora de Moncloa que envió al ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato el ‘email’ filtrado, y al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. El pasado enero, Hurtado ya apuntó que ese correo electrónico tuvo «salida» en la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde aseguró que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado.
