Hay investigaciones judiciales que se dilatan en el tiempo tanto que su origen se encuentra décadas atrás. La macrocausa denominada caso Marchelo, con epicentro en Alhedín, en el área metropolitana de Granada, sería el paradigma. Tan atrás llega la causa que hay apuntes contemplados en las periciales anotados en pesetas.
El caso comenzó con una operación policial en 2006, con un ayuntamiento del PP, y es ahora, casi 20 años después, cuando afronta una fase clave: llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes o la apertura de juicio oral para una nómina de 19 personas, entre políticos, técnicos municipales, empresarios y personas jurídicas, incluido el ayuntamiento, como posibles responsables de más de una decena de delitos: tráfico de influencias, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, usurpación de inmueble con violencia o intimidación y apropiación indebida respecto a varios proyectos urbanísticos, fundamentalmente la construcción de una gasolinera, el polígono industrial Marchalhendín y la urbanización Novosur.
El pasado verano, la Sección Primera de la Audiencia provincial de Granada acordó la formación de tres piezas separadas, correspondientes a estos tres proyectos, para facilitar el enjuiciamiento. Y fue el pasado octubre cuando los magistrados de lo Penal de la Audiencia de Granada convocaron a las partes a estas comparecencia de conformidad que empiezan hoy y acaban este jueves.
El sumario, un manual perfecto de corrupción urbanística
Según las distintas fuentes consultadas por este medio, el sumario del caso Marchelo es un manual perfecto de la corrupción urbanística que marcó una época al calor de PGOU recién aprobados o en desarrollo, recalificaciones y desmanes por parte de alcaldes, ediles de urbanismo y empresarios ávidos de pegar el pelotazo. Estas prácticas se desarrollaron cuando era alcalde José Guerrero y Manuel Fernández Moreno su concejal de Urbanismo y, según la investigación, el cerebro de la trama que, supuestamente, compró las voluntades de los técnicos municipales con dádivas y promociones internas amañadas. Al primero, el fiscal le pide 16 años de cárcel y al segundo, 26.
Como describen fuentes conocedoras de este caso con las que ha hablado El Correo de Andalucía, «el caso Marchelo es a Granada lo que el caso Malaya a Marbella«, allí donde hubo una Isabel Pantoja aquí los investigadores encontraron también un nombre asociado a la prensa rosa: el de Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana, en calidad de consejero delegado de la mercantil Parque Empresarial Alhedín SL y administrador solidario de Casut SL.
El caso Marchelo es a Granada lo que Malaya a la Costa del Sol pero sin aquel eco mediático
El eco mediático del caso, sin embargo, ha sido infinitamente menor, entre otras cosas porque la instrucción es una de las más largas que se recuerdan en España y el caso de corrupción más gravoso para las arcas públicas de Granada. «Cuando se separa el inicio de la investigación de la conclusión tras el proceso judicial, el interés decae», sentencian fuentes jurídicas.
De una complejidad extraordinaria, la instrucción que ha llevado a cabo el juzgado número 2 de Santa Fe está trufada de recursos, perfectamente coordinados por parte de todas las defensas, que han complicado sobremanera el procedimiento dilatándolo en el tiempo. También contribuye a esta dilación un cierre en falso del primer instructor que, tras los recursos de las acusaciones, se reabrió por orden de la Audiencia de Granada. En distintos escritos, los jueces instructores han cifrado el perjuicio económico para las arcas públicas en unos 27,3 millones de euros.
La jueza de Santa Fe dictó el auto de apertura de juicio oral en 2021, pero hasta septiembre de 2023 no se remitió el caso al órgano enjuiciador, la Audiencia de Granada.
Un alcalde con la «capacidad cognitiva mermada»
Con todo, ya hay quien, por ahora, no tendrá que enfrentarse a un juicio. Es el caso del exalcalde de Alhendín en el momento de los hechos, José Guerrero, ya que la Audiencia de Granada ha archivado las causa que pesa sobre él «hasta que recobre su salud» después de que su defensa lo solicitara por las «diversas dolencias» que le «impiden» asistir al juicio y que afectan a su «capacidad cognitiva», según consta en un auto, consultado por Europa Press. Guerrero tiene hoy 94 años.
Más allá del ex alcalde, en su escrito de acusación, fechado el 25 de julio de 2019, consultado por este medio, la fiscal de Granada Marta Martín solicitó la apertura de juicio oral no sólo para Juan Muñoz Tamara, sino también para su hermano Fernando (en la causa, consejero delegado de Tarje SA) y de su padre, Fernando Muñoz Noguera (en calidad de presidente del consejo de administración de Parque Empresarial Alhedín SL) por el polígono industrial Marchalendín, una zona industrial de más de un millón de metros cuadrados que, a día de hoy, es prácticamente un polígono con apenas del 8% de actividad de su capacidad total y que llevó a muchos pequeños empresarios que ligaron su suerte a este polígono la ruina.
La defensa de los Muñoz Tamara los presenta como perjudicados. Supuestamente, Muñoz y sus familiares consiguieron que el entonces edil de Urbanismo firmara la licencia de obras para la promoción de Marchalendín contra el criterio de la leyes urbanísticas vigentes en la época.
Muñoz y familia, a juicio por el polígono Marchalendín
Desde este martes hasta el jueves, se realizarán las comparecencias entre el fiscal y los acusados: la primera pieza se refiere a la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía de Alhendín, el punto de partida de la investigación. Un empresario que se vio perjudicado por la concesión de esta gasolinera denunció los hechos y a partir de ahí los investigadores fueron tirando del hilo. Se pinchó el teléfono del concejal de Urbanismo y las escuchas advirtieron el modus operandi del Ayuntamiento de Alhedín, en el que «prácticamente la maquinaria municipal trabajaba a favor de los empresarios que llegaban», según las fuentes consultadas. La nulidad de las escuchas es una de las defensas que blande los abogados de los acusados.
La segunda pieza corresponde a las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalendín, donde estaría pendiente de juicio los familiares de Ana Rosa Quintana. La reunión con la fiscalía está prevista el miércoles 19 de febrero.
La tercera pieza pesa sobre los promotores de la Urbanización Novosur, con el empresario Fernando Rodríguez Acosta (cuya familia tiene una gran ascendencia en la vida cultural de Granada), en el que se levantaron más de 1.500 viviendas (entre ellas VPO). Para su edificación se llegó a desviar el cauce del arroyo Calera, razón por la que el Abogado del Estado se presenta como acusación. Asimismo, se ocupó la zona de servidumbre aeronáutica de la pista de aterrizaje de la base militar de Armilla, propiedad del Ministerio de Defensa. Como testigos, de hecho, están llamados varios coroneles de la base.
En cada comparencencia, el juez citará a todas las partes procesales y a los acusados que correspondan a cada una de ellas para «la posible obtención de conformidades», según consta en una providencia de este tribunal, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. En función del resultado de estas comparecencias, se podrían dictar las correspondientes sentencias de conformidad o pasar a la fase del juicio para los que no cierren un acuerdo con la Fiscalía en estos días. La celebración de este macrojuicio supondría todo un reto, por su complejidad, para la Audiencia de Granada.
El Ayuntamiento de Alhedín no está personado en la causa como acusación particular como correspondería al principal perjudicado en sus intereses públicos. Pero sí lo estuvo en el pasado, en concreto durante el mandato en que gobernó el PSOE en este municipio de 2007 a 2011 (el alcalde cuando saltó el escándalo tuvo que dimitir).
Cuando el PP recuperó el poder local, el juez instructor sacó al Ayuntamiento de la causa «por inactividad». Básicamente, no participaba en el proceso. El actual alcalde, Francisco Pedro Rodríguez Guerrero, es además de presidente de la Diputación de Granada sobrino del alcalde nonagenario, José Guerrero, que se ha librado del banquillo.
