En España viven unas 300.000 personas con discapacidad intelectual. La mayoría de ellas lo hacen en familia (68,2%) y solo una de cada cinco (20,3%) habita en una vivienda no institucional, como un piso compartido. Aunque casi la mitad (45,5%) quiere independizarse, no pueden hacerlo por motivos familiares, económicos o personales, especialmente por la falta de autonomía y la escasez de recursos. Si el acceso a la vivienda es cada vez más difícil en España, para estas personas todavía más.
Para conocer la situación actual de las personas con discapacidad intelectual en relación con la vivienda, la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera, han elaborado el informe Construyendo hogares: el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual.
En él, indican que un 72% de las personas con discapacidad intelectual viven en el entorno familiar. Solo uno de cada diez (9,7%) lo hacen en plazas ofrecidas por los Servicios de Atención Residencial (SAR) de las comunidades autónomas. Y aquí hay muchas diferencias.
Los datos recogidos muestran que un 56,4% de las personas que tienen una plaza en el SAR en Cataluña (son unas 7.000 en total) están en un modelo de vivienda no institucional, frente a un 7,5% en Andalucía o a un 6,7% en Madrid.
Del 20,3% de las personas con discapacidad intelectual que vive de forma independiente en viviendas no institucionales, solo un 5,4% lo hace en una vivienda propia, según la encuesta a 444 personas realizada para el informe.
Falta de empleo
Uno de los principales problemas para el acceso a la vivienda, como han comentado algunos de los responsables en la presentación, viene por la falta de empleo: en España, se estima que solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual tiene un trabajo remunerado.
La tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual en 2023 se situó en el 21,9%, mientras que a nivel nacional alcanzó el 51,7%. Son casi 30 puntos porcentuales de diferencia.
«Aunque, a lo largo de los años, la cantidad de contrataciones para las personas con discapacidad intelectual ha crecido a un ritmo similar que en el conjunto de la población, aún queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad de oportunidades en la inclusión laboral», exponen.
Propuestas
Con todos estos datos extraídos, el informe detalla algunas medidas urgentes que el sector público necesita llevar a cabo para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda.
Apuntan a un aumento del parque con precios sociales -de los 19 millones de hogares, solo el 2,5% corresponde a vivienda social- y la modificación de las bases de planes de vivienda públicos para que las personas con discapacidad intelectual, sus familias o entidades sociales puedan acceder a ellos. Ponen de ejemplo planes que se han puesto en marcha, como la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización o el Plan Vive.
Por parte del sector privado, consideran que las entidades inmobiliarias (promotoras, grandes tenedores o gestoras) pueden tener un papel fundamental si se crean incentivos para que estas empresas reserven parte de su cartera a viviendas para personas con discapacidad intelectual.
A todo se le añaden las soluciones tecnológicas innovadoras que, como señala Carlos Rivera, presidente de Fundación Álex Rivera, «pueden facilitar la vida independiente de las personas a la vez que reducen el coste asociado», de manera que la emancipación de esta parte de la población sea en el futuro una realidad y no la excepción como ocurre ahora.
El éxito de algunos modelos de viviendas no institucionales y de apoyos personalizados en países como Noruega, Suecia, Finlandia o Dinamarca, muestran que es posible.
