John Slocum (1961, Illinois, EEUU) es el director ejecutivo del Refugee Council USA (RCUSA), cargo que ocupa desde 2021 tras más de dos décadas trabajando en inmigración. Su trabajo se ha visto profundamente impactado por el súbito cierre de fronteras del presidente Donald Trump y el desmantelamiento de la agencia de ayuda al desarrollo (USAID) impuesto por Elon Musk, con el mandato de recortar programas sociales para pagar las deportaciones. Slocum supervisa una coalición de 42 organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las 10 principales agencias de reasentamiento de refugiados en EEUU, que ya no pueden hacer su trabajo. Además, es investigador del Chicago Council on Global Affairs e investigador sénior en el CIDOB de Barcelona, desde donde se entrevista con EL PERIÓDICO.
¿Cómo ha impactado el regreso de Trump a su trabajo?
Trump paralizó el Programa de Admisión de Refugiados en su primer día, dejando en el limbo a 30.000 personas que habían llegado al país en los últimos 90 días e interrumpiendo la financiación a más de 350 entidades. Las 10 agencias nacionales de reasentamiento de nuestra coalición, con contratos del Gobierno de EEUU ya no pueden operar. Además, algunos miembros han sido afectados por el cierre de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Las entidades que aún prestan servicios lo hacen sin garantía de pago, lo que ha causado miles de despidos. Sin embargo, el sistema podría reiniciarse, ya que la orden ejecutiva establece una revisión de 90 días.
¿Han aumentado las redadas para deportar migrantes?
Ya no se respetan los llamados «lugares sensibles» en los que antes no podía haber redadas, como espacios de culto, escuelas y hospitales. Tom Homan, encargado de las deportaciones, estuvo en Chicago, donde vivo, y se quejó públicamente de que las comunidades habían sido preparadas por organizaciones como las de nuestra coalición, para resistírseles. Lo único que han hecho es informarles sobre sus derechos, como no abrir la puerta sin una orden judicial. A pesar de esta preparación, no existe una defensa sólida. Aun así, las deportaciones no han aumentado significativamente, la gran diferencia es la publicidad que rodea estas acciones.
¿Y cuál es el propósito de esa publicidad?
El propósito evidente es alentar a los migrantes indocumentados a autodeportarse. Estos vuelos militares de deportación a América Latina y el anuncio de que llevarán migrantes a Guantánamo, cuando las deportaciones con vuelos militares son 10 veces más caras que con vuelos comerciales, quieren convencer a los migrantes de que se vayan voluntariamente, porque eso resulta mucho más rentable para el Gobierno.
¿Y con los recortes de Elon Musk, será suficiente para pagar las deportaciones?
Sí. El problema del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es que se presenta como un sistema de reducción de costes y eficiencia gubernamental, pero se está utilizando para eludir los elevados costes y la baja eficiencia gubernamental que suponen las deportaciones. Dicho esto, creo que si el DOGE hace el trabajo que dicen que quieren hacer, eso sería más que suficiente para cubrir las deportaciones.
¿Le preocupa?
Sí, me preocupa mucho. El grado en que DOGE está pidiendo disolver agencias gubernamentales enteras, como USAID o, posiblemente, el Departamento de Educación, sienta un precedente muy peligroso porque elude la autoridad del Congreso, a pesar de que los republicanos controlan las dos cámaras y probablemente quisieran eliminar estos mismos programas. Pero DOGE actúa en solitario, y eso ya ha generado y continuará generando desafíos legales. Estamos ante una prueba constitucional de los límites de la autoridad presidencial. Una autoridad ejecutiva tan abrumadora puede anular la voluntad del pueblo expresada a través del Congreso.
Usted afirma que Trump busca, por encima de todo, disrupción. ¿Para qué?
Silicon Valley funciona con disrupción para innovar, y ahora se aplica ese principio al Gobierno de una forma sin precedentes en EEUU con el objetivo de desmantelar instituciones, presentándolo como una purga necesaria. Podríamos estar siendo testigos de un intento de transformar las estructuras gubernamentales usando los principios organizativos de Silicon Valley. Pero el Gobierno no es un negocio, es un pacto social. Y si ese proceso se realiza de manera descontrolada, encontrará resistencia.
¿Resistencia de quién?
Tengo esperanza en que el Estado de derecho, la ética y la fe hará que muchas comunidades estadounidenses respondan al intento de usar la disrupción para socavar los derechos humanos y la democracia pluralista de EEUU. La idea de libertad ha sido aprovechada por Trump para ir en contra del Estado del bienestar, pero cuando el Gobierno se vuelve intrusivo y viola derechos básicos, surgen razones para esperar una reacción popular, pues otros sectores de la sociedad sienten que su libertad está siendo vulnerada.
¿Cuál es la situación en la frontera ahora?
Había 14.000 refugiados listos para viajar a EEUU, muchos de ellos en África, pero ahora no pueden entrar debido al cierre total. En la frontera, hay decenas de miles de personas, incluidas 270.000 con citas programadas, que fueron canceladas. Muchos llegaron a México desde otros países. Las autoridades mexicanas han comenzado a establecer campamentos de refugiados. Si no se les permite ingresar a EEUU, probablemente serán devueltos a sus países de origen.
¿Tienen esperanza de que la situación se revierta en el corto plazo?
Es posible, pero hay muchos frentes abiertos. Tememos que ciertos países sean excluidos del derecho a pedir asilo, como ocurrió con la «Prohibición Musulmana» de Trump. Esta vez, parece que podría ir en el sentido contrario: prohibición para todos con excepciones que permitan la entrada a ciertas nacionalidades, como los sudafricanos blancos o los afganos. Hay un fuerte lobby de veteranos, que tienen mucho poder entre los conservadores, de acoger a afganos que colaboraron con EEUU en operaciones militares y humanitarias en Afganistán. Nosotros nos oponemos a todo intento de limitar la admisión a poblaciones específicas.
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