A Mark Twain le hizo gracia situar a un ‘yanqui’ de finales del siglo XIX en plena edad media europea, sentado a la Mesa Redonda del rey Arturo. Sin embargo, al PP no le parece tan atractivo que un francés se siente en la mesa -en este caso ovalada- del Consejo de Ministros de España. Esta semana, los populares han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre el Tratado de Amistad entre Francia y España, firmado por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en 2023, porque contempla que cada tres meses, de manera alternativa, un ministro de uno de los países será invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación. El PP considera que esto es contrario a la Constitución.
Para los populares es, ni más ni menos, una «tropelía legislativa» de Sánchez que ataca nuevamente al Estado de derecho al permitir la presencia de extranjeros en las reuniones del Consejo de Ministros. «Si tienen que elegir entre seguridad jurídica o la foto, eligen la foto», denunció la senadora María José Pardo el pasado miércoles en el Senado, asegurando que Sánchez solo firmó este Tratado de Amistad con Francia, el primero de la historia entre los dos países, para fotografiarse con Macron.
Además, Pardo no quiso dejar la tribuna de la Cámara Alta sin lanzar un aviso de la deriva que podía tener esta decisión: «Imagínense esa ensoñación del presidente [José Luis Rodríguez] Zapatero: el señor [Nicolás] Maduro, el tirano de Maduro, sentado en el Consejo de Ministros». Con esta denuncia sobre los intereses de Sánchez, los populares hicieron uso de su mayoría absoluta en el Senado para solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si este tratado es contrario a la Carta Magna. El texto, aunque se firmó en 2023, aún no ha sido ratificado por el Congreso y el Senado.
¿Es legal o no?
Los populares argumentan que los artículos 13 y 23 de la Constitución limitan la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país, así como en el acceso «en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos». Sin embargo, ninguno de estos preceptos establece una clara prohibición de que personas extranjeras puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministro. Esta limitación está establecida en la Ley del Gobierno, la cual establecía que solo podrían acudir, además de los ministros, «los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos».
No obstante, hace un mes, las Cortes Generales aprobaron la Ley de eficiencia del Sistema Público de Justicia, que mantenía esta limitación «sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España». Es decir, daba vía libre a lo recogido en el Tratado de Amistad entre Francia y España. Para el PP, esta modificación es «un intento de socavar la potestad legislativa«. Pardo denunció, además, que se haya realizado este cambio antes de que el Tratado haya sido refrendado por las Cortes.
«No se quedaron ustedes contentos con intentar enfrentarnos con Marruecos y ahora la emprenden con Francia. Ya solo les queda Portugal», le respondió a Pardo el senador socialista Rafael Lemus. En este sentido, recordó a los populares que el Consejo de Estado emitió un dictamen sobre el Tratado con Francia en el que no se duda en ningún momento de la constitucionalidad del texto. El informe del Consejo de Estado tan solo dice que la presencia de un ministro francés en el Consejo de Ministros español «desbordaría» la limitación establecida en la Ley de Gobierno. Sin embargo, ese precepto ya está modificado.
¿Y ahora qué?
Al elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, el PP también ha reclamado que se suspenda la tramitación del Tratado hasta que no haya una respuesta. Por lo pronto, una vez el TC reciba el requerimiento y lo acepte a trámite, se abrirá un plazo de un mes para que todos los interesados puedan presentar su opinión fundada al respecto y en los siguientes 30 días el Constitucional deberá emitir su informe.
