8 de marzo de 2024. Hace 15 días exactos que el complejo residencial formado por dos torres de 14 y 9 plantas que se izaba orgulloso sobre la rotonda en la que confluyen las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés de Valencia, en pleno corazón del pujante Nou Campanar, ardía como una tea ante la incredulidad de todo un país que no concebía cómo un incendio urbano que había empezado como todos podía dejar inermes y sin respuesta en apenas una hora a los bomberos de la tercera ciudad más grande de un país de la Unión Europea, España; 15 días exactos de la muerte de Pilar, Carmen, Esther, Ramón, Marta, Víctor, Carla, Alina, Flor y Elvira.
Ese 8 de marzo, con las familias aún convulsionadas entre el dolor, el desconcierto, la conmoción y la incredulidad, el juez de Instrucción número 9 de Valencia decidió archivar las diligencias penales abiertas solo 14 días antes por la jueza de Instrucción 10 al día siguiente de la tragedia para poder darle un marco legal al levantamiento de los diez cuerpos, entre ellos el de los dos bebés hermanos entre sí, de Víctor, de dos años, y Marta, de 8 días, y el de la adolescente Alina, de 14 años.
Un archivo sin investigación
Y lo hizo, sin haber practicado ni una sola diligencia, más allá de una comunicación policial que hablaba de que el origen no era criminal. Entonces aún faltaban dos meses para que la Policía Científica emitiera el informe definitivo sobre las causas del siniestro, derivado, como teoría más factible, de una fuga del gas refrigerante del frigorífico de la vivienda que ocupaba el número 86, en la octava planta de la torre más alta.
Los ramos de flores y los colores del Levante UD en memoria de las víctimas del incendio de Campanar siguen un año después / J. M. López
Al conocer la noticia del archivo, un miembro de la magistratura valenciana, con cargo, mostró el inequívoco gesto de la sorpresa en su cara. Fue solo un instante. Enseguida se repuso y pronunció la frase: «La verdad es que ahí no hay nada penal, solo civil. Y no queremos otro caso como el del metro en Valencia».
¿Por qué tantas trabas?
El mantra del «solo es una cuestión civil» se ha venido repitiendo en conversaciones en ‘petit comité’ con variados miembros de la Judicatura valenciana, jueces y fiscales, a lo largo de todo un año, el que se cumple el próximo sábado, 22 de febrero; pero hablan desde la teoría jurídica y no desde la concreción de los datos que se dan en el caso.
Lo que sí está claro es que nada más lejos de ese deseo de eludir un nuevo caso metro. Como en aquel, la instrucción penal amenaza con eternizarse y un año después de la tragedia y ocho meses desde que la Audiencia de Valencia obligó al juez a reabrir la causa porque no había realizado ni la más mínima diligencia de averiguación cuando dio carpetazo al asunto, el número de investigados o de supuestos responsables es cero.
El problema, a juicio de quienes realmente están impulsando esta instrucción, es decir, los tres penalistas que representan a las familias de los diez fallecidos, Ignacio Grau (siete víctimas), Manolo Mata (dos víctimas) y Miguel Ferrer, es que «se nos están poniendo muchas trabas para explorar a fondo qué pasó y por qué murieron diez personas».
Los tres coinciden en que es una instrucción cuanto menos «atípica» y «rara», porque la Fiscalía no impulsa casi nada -el último informe oponiéndose a todo lo solicitado por las familias resulta entre demoledor y sorprendente viniendo de la acusación pública- y el juez «nos lo niega todo o casi todo», afirma Grau, el más crítico con el proceso judicial.
No a (casi) todo
«Hemos pedido que declaren todos los bomberos que intervinieron en el incendio; que no. La amiga de la familia de cuatro que fallecieron en el baño, que habló con ella hasta el último momento y que buscó en vano ayuda esa tarde; tampoco. La vecina de al lado, que se salvó porque bajó; no. ¿Los responsables de elegir, fabricar y montar las planchas que revestían la fachada y que, desde el incendio de la Torre Grenfell en Londres, sabían que eran peligrosas, pero no lo advirtieron? Tampoco».
Las negativas del juez a admitir la mayoría de las pruebas que quieren practicar las tres acusaciones particulares y la admisión, únicamente, de las escasas que pide el fiscal son, junto con la lentitud con que se desarrolla la investigación judicial -nadie prestó declaración ante el juez, el fiscal y las partes personadas hasta el 14 de octubre casi siete meses después del incendio-, las dos claves que explican que hoy, prácticamente un año después de la tragedia, existan las mismas sospechas pero sin concreción procesal alguna. En otras palabras, «que sigamos sin tener un responsable penal contra el que dirigir la acción; si hubiéramos podido tener una instrucción en toda regla, el resultado en este momento sería otro, por supuesto», afirma tajante Miguel Ferrer.
Una montaña de recursos
Este «goteo alargado en el tiempo», que en la práctica está haciendo muy poco útil el escaso desfile de testigos, desde el jefe de Bomberos de Valencia, a cuatro de sus mandos, el jefe de Homicidios y cinco agentes de la Policía Científica, pero ninguno de los bomberos o policías rasos que estuvieron ese día en la emergencia, está contribuyendo a la sensación de que se quieren tener bajo control los resultados de la instrucción.
A cada negativa del juez, se plantea un recurso. Los letrados de las familias, pero también los de las aseguradoras, los de los inquilinos y los de los propietarios, han perdido la cuenta. Hay tantos, que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que ya corrigió al juez instructor obligándole a reabrir y a practicar las diligencias necesarias para «determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro, y si hubo alguna omisión o acción por parte de persona/s -que por infringir normas de cuidado- hubieran podido evitar el siniestro, o contribuir a la causación de siniestro previsible», ha acumulado todos los recursos y los analizará en una vista única que se celebrará el 13 de marzo, más de un año después del letal incendio.
El punto fuerte de ese recurso será qué dice la Audiencia acerca de la petición de las familias de que se incorporen a la causa, vamos, que puedan ser escuchadas en toda su integridad, las decenas de llamadas recogidas en las grabaciones de las distintas centrales de emergencias, desde el 112 a los bomberos, pasando por la Policía Nacional, la Local y hasta la Guardia Civil. «Ahí está la prueba de lo que dijeron a sus familias esas personas que obedecieron la orden de confinamiento, que fue a la postre la razón por la que murieron. Recordemos que quienes desobedecieron, se salvaron, y quienes se quedaron dentro, fallecieron», coinciden Ferrer y Grau.
Pocas respuestas espontáneas
«Ver esas conversaciones, que el juez rechazó introducir en la causa, como ha rechazado, por ejemplo, incluir el informe Grenfell, un incendio idéntico al de Campanar, va a ser la clave para muchas cosas», sobre todo, si las decisiones de los primeros bomberos, no revocadas por sus mandos, incidieron en el resultado final del siniestro en cuanto a los daños personales.
«En realidad», concluye Miguel Ferrer, «es que no sabemos muchas cosas, a pesar de esas declaraciones», producidas tanto tiempo después que las respuestas carecen de la espontaneidad y frescura que da la cercanía en el tiempo con el suceso investigado. ¿Demasiado reflexionadas?
«A estas alturas, seguimos sin tener las principales claves: ¿Hubo fallos en otras neveras de la marca Beko? ¿La comunidad de propietarios hizo un adecuado mantenimiento del edificio y de sus elementos de prevención de incendios? ¿La construcción del edificio es realmente la que debía ser y no hay responsabilidad en mantener esas planchas? ¿La acción de los bomberos fue la adecuada? ¿Qué ocurre con la responsabilidad civil de los seguros? Son muchas preguntas aún sin respuesta», coincide Manolo Mata con sus compañeros en esta causa penal.
Las llamas al 112, clave en el caso
Y, como ellos, pone la esperanza en «el contenido de esas llamadas al y del 112», no solo para ratificar lo que los familiares cuentan (tampoco ellos han podido ir a declarar; parece no haber interés en conocer de qué hablaron con sus seres queridos en sus últimas horas de vida), esto es, que los fallecidos murieron dentro del edificio porque se les dijo que se quedaran confinados en sus casas, sino también «para ver cómo se coordinaron o no esos servicios, si la información que iban dando las familias para que rescataran a sus seres queridos, porque tiempo hubo y medios debería haberlos habido, llegaba a quien tenía que llegar o no y si se despreció o no».
«O por qué no usaron la columna seca, por qué falló la primera escalera de altura que enviaron al lugar, por qué no sabían dónde estaban exactamente las personas confinadas, por qué en las casas solo había un hilo de agua, etc.», apunta Grau.
Demasiados interrogantes que impiden incluso la respuesta a lo más elemental: ¿Reaccionarían hoy los bomberos y el resto como lo hicieron ese día ante un incendio de similares características? Un dato: uno de los mandos de bomberos que declaró recientemente en el juzgado deja entrever la posible respuesta: «Si hubiésemos tenido 20 minutos más…».
¿Quién decidió destruir las pruebas dañadas por la DANA?
El letrado Ignacio Grau, en nombre de las familias de siete de los diez fallecidos, ya ha pedido explicaciones al juzgado para que se averigüe quién y por qué ha destruido pruebas de convicción relacionadas con el incendio de Campanar que habrían resultado dañadas por la DANA, ya que se encontraban en un depósito judicial en el polígono l’Oliveral de Riba-roja, uno de los puntos donde más daño causó el desbordamiento del barranco del Poyo. En principio, la destrucción de esos elementos, incluido el compresor de la nevera en cuya parte trasera comenzó el incendio y restos de las planchas de aluminio con núcleo de polietileno que fueron clave en la vertiginosa propagación de las llamas, no afectaría a la investigación, puesto que ya fueron sobradamente examinadas por la Policía Científica. Aún así, Grau ha pedido al juez que indague para saber cuánto daño sufrieron esas piezas por la inundación, quién tomó la decisión de destruirlas y si fue el magistrado quien lo hizo. El escrito de la conselleria dando cuenta de esa destrucción concluye, además, afirmando que «todavía hay un pequeño grupo de piezas pendientes de valorar y decidir si se pueden conservar o se deben destruir», sin que se concrete quién está detrás de esa decisión.
