El nuevo periodo de sesiones en el Congreso iniciado esta semana pasada no solo ha servido para constatar que se mantiene el crispado ambiente político en todo el país y en especial en la actividad parlamentaria, sino también para dejar al descubierto de una forma clara y rotunda las divergencias entre CC y el PP nacional en relación con la propuesta, negociada entre Canarias y el Estado, para el reparto excepcional de 4.400 menores migrantes no acompañados desde las Islas y Ceuta al resto del territorio nacional. Nacionalistas y populares, socios de gobierno en el Archipiélago, no solo expresan ya abiertamente sus diferencias en la cuestión puntual del traslado de niños y niñas sin tutela familiar hacia otras comunidades autónomas, sino que lo hacen también respecto el debate global sobre el fenómeno migratorio, con claro posicionamiento en bandos contrarios respecto al relato que se pretende construir y trasladar a la opinión pública.
Esto ha quedado claramente de manifiesto en distintas declaraciones recientes de dirigentes nacionalistas, por un lado, y del PP por otro, en las que para defender sus distintas posiciones ya no se guardan tanto las formas como meses atrás para salvaguardar el pacto que les ata en el Ejecutivo regional. La comparecencia del pasado día 6 del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciando un acuerdo sobre los criterios de la distribución territorial de menores, los mismos que ya se acordaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en 2022 y muy parecidos a los que proponía la propia comunidad canaria, hizo saltar por los aires toda prudencia por parte del PP y de sus dirigentes nacionales respecto a la posición de CC y del Ejecutivo canario en torno a esta cuestión. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encargó de fijar posición ante todos sus diputados y senadores el pasado lunes señalando la campaña que todo el partido debería emprender contra ese acuerdo en todo el país con el argumento que el mismo deja fuera del reparto a País Vasco y Cataluña por motivos políticos. Es decir, para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir contando con el apoyo del PNV y de Junts en el Congreso. La consigna está siendo repetida hasta la saciedad en todos los territorios sin tener en cuenta las explicaciones del propio Clavijo, que la rechaza rotundamente señalando en todo caso que es lógico que esas comunidades reciban menos menores en esta distribución puntual si, previamente y desde hace años, han hecho un mayor esfuerzo de acogida. Es un argumento que puede valer también, ahora, en futuros repartos similares, o incluso en una hipotética reforma de la ley de extranjería, para otras comunidades gobernadas por el PP que tengan un sistema dimensionado a la situación actual, pero con sus centros ya tensionados, como serían los casos de Baleares o Andalucía.
La posición de la calle Génova se ha visto esta vez contestada de forma más contundente por la dirección del PP canario, cuyo presidente, Manuel Domínguez, ha confirmado su apoyo a esta propuesta en los términos acordados entre Clavijo y la ministra. El también vicepresidente canario y consejero de Economía asume de esta forma las contradicciones en las que incurre su partido, y aunque todavía no se ha producido un choque público con la cúpula de la calle Génova, los recados sí le están llegando. Paralelamente, también desde CC se está poniendo mucho énfasis en críticas la actitud del PP. De facto, y pese a que se mantienen exigencias al Estado antes compartidas con los populares, los nacionalistas, y el propio Clavijo, asumen que Feijóo ha tomado un camino sin retorno en contra de cualquier propuesta de reparto de menores migrantes, considerando además que en la batalla por el relato incluso del fenómeno migratorio en general, cada día están más lejos de los posicionamientos del PP, cada día más marcados por el discurso de Vox y sus relaciones con la ultraderecha en varias comunidades autónomas. Es un reconocimiento que hace mella en Clavijo cuando recuerda su pacto con Feijóo en política migratoria y aquel documento que ambos firmaron el 10 de septiembre en Canarias, y que el líder del PP sigue utilizando como excusa para decir ‘no’ a cualquier acuerdo entre los Gobiernos central y regional en esta materia.
Disciplina de grupo
Esta contradicción en el PP y entre los dos socios del Gobierno de Canarias ha quedado también reflejada en el Congreso durante una moción de la diputada de CC, Cristina Valido, reclamando que el Estado asuma parte del coste que le suponen a las arcas canarias la atención sanitaria a migrantes llegados desde África. Tanto su intervención como la de la portavoz del PP, la diputada por Las Palmas Jimena Delgado, dejaban en evidencia las divergencias entre ambas partes, no sobre la moción que se debatía, que se aprobó por todos los grupos salvo Vox, sino sobre el reparto de menores y la visión de conjunto respecto al fenómeno migratorio.
Para la diputada nacionalista la crisis migratoria en Canarias es “el elefante en la habitación que todos ven pero del que nadie quiere hablar”, resaltando que será una dinámica que irá a más y que la sociedad isleña ya lo tiene asumido, y denunciando el relato que ha hecho el PP respecto de los criterios sobre el reparto acordado con el Estado y esa supuesta exclusión de Cataluña y el País Vasco. La popular Delgado, por su parte, dejó muy claro de forma implícita la obediencia a Génova de los seis representantes canarios del partido en el Congreso, y que no hay ningún tipo de debate interno al respecto, ni entre ellos ni en el seno del partido. El aplauso con el que le respondieron desde toda la bancada popular daba una idea de hasta qué punto esa intervención estaba planificada al detalle como demostración de la disciplina en el grupo parlamentario para cuando cualquier propuesta de reparto se traslade a la cámara, y como contrapunto a la posición de Domínguez apoyando a Clavijo para salvar su pacto de gobierno.
