«No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad y su filtración a determinados medios de comunicación». Así de rotunda se muestra la acusación popular que ejerce el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a la consulta que les realizó este jueves el magistrado del Supremo Ángel Hurtado con respecto a la posibilidad de eliminar determinada información aportada por la Guardia Civil del sumario que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Hurtado se plantea poder eliminar de este procedimiento el resultado de estas pesquisas después de que García Ortiz haya presentado una queja en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación a la causa de un listado de las conexiones de su teléfono móvil durante diez meses.
Para la acusación particular, sin embargo, la aportación de estos datos al procedimiento ha sido utilizada «para mentir al CGPJ» y transmitir esta idea a los medios de comunicación. El citado listado aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los IMEI (código identificativo del terminal telefónico) «no está asociada ni expresa información de llamadas, SMS, localización, identificaciones de usuario, números marcados, fecha, hora, duración de una comunicación o etiqueta de localización alguna, sino que cualquier actividad (…) hace que el IMEI quede registrado», señala el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
La finalidad de dicha pesquisa sería, según esta parte, la de «conocer a través del trabajo de la Fuerza Actuante (UCO) que el periodista que publicó el contenido del mail mientras anunciaba la publicación de la nota de prensa que estaba haciendo en esos momentos Don Álvaro García Ortiz le llamó esa noche», agrega el escrito.
Además, piden a Hurtado que reclame a la presidenta del Consejo del Poder Judicial los escritos de queja y al propio García Ortiz el teléfono que utilizó hasta el pasado 23 de octubre (cuando se produjo un cambio de terminal telefónico por su parte), además de las copias de seguridad de que disponga de su cuenta de correo de Gmail (que eliminó) y de sus mensajes de WhatsApp (que borró). A García Ortiz se le investiga por un a presunta revelación de secretos de la causa por fraude a Hacienda abierta a este empresario, concretamente por salir a la luz detalles del pacto que su defensa buscaba con la Fiscalía para evitar llegar a juicio.
