La subida del salario mínimo hasta los 1.184 euros mensuales es una medida que beneficia directamente a medio millón de andaluces que verán cómo sus ingresos directos suben en 50 euros al mes respecto al año pasado y en 284 euros si lo comparamos con el año 2019. Andalucía es, con estas cifras, la comunidad más beneficada por esta iniciativa que podría haberse convertido por tanto una carta de presentación aparentemente positiva de María Jesús Montero en su doble papel como vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz que arrancó el pasado mes de enero.
La decisión de no modificar el mínimo exento de tributación en el IRPF afecta, sin embargo, sólo a un 20% de los beneficiarios totales del Salario Mínimo Interprofesional (unos 100.000 en Andalucía) que tendrán que declarar en el IRPF y abonar a Hacienda una parte del incremento en las retribuciones que percibirán. Son aquellos por ejemplo que no tienen por ejemplo cargas familiares. Esto ha empañado de tal forma esta iniciativa que se ha convertido de forma sobrevenida en el principal frente que tiene que por delante de forma inmediata en la comunidad autónoma la vicepresidenta del Gobierno en su arranque como líder de la oposición.
Será de hecho aquí, en Andalucía, donde reaparecerá dos días después del enfrentamiento abierto en el seno del Gobierno de España. Lo hará junto a uno de los sindicatos andaluces (CCOO-A). Tanto ellos como UGT-A han reclamado la modificación del mínimo exento para que no afecte a los perceptores del salario mínimo, al menos mientras se encuentre por debajo del 60% del salario medio en España como establece la Carta Social Europea. Para Montero se trata de un escenario político clave ya que desde su proclamación como secretaría general ha fijado el diálogo con las centrales sindicales como uno de sus objetivos prioritarios. De hecho, entonces anunció una ronda de reuniones con las centrales sindicales que arranca con CCOO y continuará en unos días con UGT.
A la espera de la reunión, según fuentes sindicales, el Ministerio aún no ha mostrado señales de que se esté planteando una rectificación, aunque también ha trasladado que es consciente de la «aritmética parlamentaria» y, por tanto, de que no tiene mayoría suficiente para aprobar esta medida en el Congreso en estos momentos.
El PP-A trata de arrebatar la bandera de la subida del SMI
La Junta de Andalucía y el PP-A han aprovechado la grieta para arrebatarle al Gobierno la bandera de la defensa de la subida del salario mínimo pese a que ha sido en las últimas legislaturas cuando se ha incrementado en mayor medida. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, marcó posición y arremetió contra la decisión del Gobierno: «No es coherente, no tiene sentido. Se han hecho las cosas sin planificar y sin diálogo. Y al final una medida que es positiva, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, se ha convertido en algo negativo. No muestran una iniciativa sensata, coherente y razonable para el conjunto de los ciudadanos», explicó Moreno en una posición compartida por muchos de los barones autonómicos y dirigentes del PP, que optaron por poner el foco directamente en María Jesús Montero.
Así lo hizo, el ex consejero y actual portavoz de asuntos económicos del PP, Juan Bravo, quien vinculó esta medida con el «infierno fiscal» que los populares atribuyen a las legislaturas socialistas en San Telmo y a los «cambios de opinión y de criterio» de la vicepresidenta: «Hace un año decía que no debía tributar y ahora dice lo contrario», apuntó. Otro miembro del Gobierno andaluz, José Antonio Nieto, abundó en la petición de dimisión de María Jesús Montero como vicepresidenta aprovechando esta nueva grieta.
El ruido llegó incluso desde dentro del PSOE andaluz. La ex secretaria general y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, arremetió contra la «deslealtad» de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero al mismo tiempo mostró su confianza en que se «corregirá» la decisión. Se sumaba así a las voces que planteaban una rectificación e irrumpía nuevo su desde la plataforma que le concede su participación en programas de televisión de ámbito nacional en el debate político andaluz.
Desde el espacio político de la izquierda, las críticas más agresivas llegaron desde Adelante Andalucía. Su portavoz, José Ignacio García, advirtió que la decisión de la ministra de Hacienda la «invalida como candidata para Andalucía». «Ni es andalucista, ni es de izquierdas. El PSOE no está legitimado para hacer oposición a Moreno Bonilla en Andalucía, no son una alternativa», apuntó.
La Junta descarta medidas compensatorias
La decisión de no actualizar el mínimo del IRPF por la subida del salario mínimo tiene un impacto económico directo. En el caso de los contribuyentes andaluces, si se cumplen las estimaciones del Ministerio de Hacienda de que afectará sólo al 20% de las personas que ingresan el salario mínimo el impacto sería de en torno a 34 millones de euros, que realmente se repartirían a un 50% la Junta de Andalucía y el Gobierno de España dado que la recaudación por este impuesto se reparte a partes iguales entre el Ejecutivo central y las autonomías.
Esto abre otra puerta en medio de esta polémica. La ley 22/2009 establece en su artículo 46.1 que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de modificar hasta en un 10% el importe mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico en relación con el estatal. Esto permitiría compensar en el tramo autonómico la decisión y eximir parcialmente de tributar a los beneficiarios del Salario Mínimo. Así lo ha reclamado por ejemplo Vox en el Parlamento andaluz a través de una Proposición no de ley en la que piden que la Junta profundice en las posibilidades del tramo autonómico para enfrentarse al «hachazo».
El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide Diego Martínez López destaca precisamente la posibilidades que puede suponer esta vía: «Las comunidades autónomas pueden modificar su tramo de IRPF para dejar libre de tributación a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional», apuntó. Así, apuntó también que hay margen en el tramo autonómico que puede llegar a compensar la decisión del Ejecutivo central. No obstante, advirtió que los efectos no los percibiría la ciudadanía de forma inmediata como sí ocurriría si el Gobierno de España rectifica y mantiene el Salario Mínimo exento de tributación en el IRPF.
Sin embargo, esta medida no está en los planes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. En primer lugar, porque el margen del 10% del mínimo exento disponible se ha usado ya parcialmente en otros procesos como la deflactación adoptada para compensar la subida de los precios. Prácticamente se ha agotado la mitad, hasta un 5%. En segundo lugar, porque la Junta de Andalucía subraya que no sería una medida que afectaría sólo a los beneficiarios del salario mínimo sino a todos los contribuyentes que verían como sube el mínimo exento y que, por tanto, podrían pasar a tributar menos.
