«Aquí hay muchísima gente, incluso jubilados y familias con hijos, que está pasando mucho miedo». Así de tajante se mostraba este jueves Antonio Pérez, una de las personas que ha recibido estos días una notificación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que abandone el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas en un plazo de diez días. Él, sin embargo, asevera: «De aquí no me voy a mover».
Este funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda llegó al Puerto de Las Palmas en 2016 después de haber cumplido un sueño. Vendió su casa, se fue a Alemania, compró un velero de 11 metros de eslora y llegó hasta Gran Canaria navegando en él. Asegura que «hasta ahora» no había tenido ningún problema y que, incluso, está empadronado en su barco y tenía domiciliado el recibo para el pago de los permisos de atraque en el pantalán como puerto base.
El 1 de enero, relata, la Autoridad Portuaria «debía haber pasado la orden de cobro» y cuando un mes después comprobó que no lo habían hecho, envió «un correo electrónico para recodarles el pago y decirles que si había algún problema que avisaran para comprobar» qué podía ocurrir. «La única respuesta» fue cuando la Policía Portuaria le paró «en el pantalán» para entregarle la carta en la que se le indica que debe irse en diez días. El plazo se cumple la próxima semana.
Ante un juez
«Vivir en una embarcación es perfectamente legal, si no, no ni me lo plantearía», afirma Pérez, que advierte que presentará un recurso al escrito remitido por la Autoridad Portuaria y si es necesario irá a juicio. «La Ley que me permite vivir en mi barco está por encima de la ordenanza de la Autoridad Portuaria y al final vamos a tener que sentarnos los afectados delante de un juez para que sea este el que decida quién tiene la razón».
Al igual que el resto de los afectados, teme que la institución portuaria aproveche cuando esté trabajando para remolcar el barco y asevera que si esto ocurre presentará una denuncia. «Esta es la forma de funcionar de la Autoridad Portuaria, la de los hechos consumados».
Antonio Pérez en la cubierta del velero en el que reside. / La Provincia
Asimismo, apunta a que «la comunicación que han enviado no da ningún tipo de posibilidad de alegación, cosa que es absolutamente irregular. Cualquier organismo que se pone en comunicación con un ciudadano tiene que dar un plazo de alegaciones y respuesta, y el único que han dado aquí es de diez días para marcharse y si no, iniciarán un procedimiento sancionador».
Antonio Pérez está convencido de que la legislación le ampara y apunta a que la «Ley de Puertos del Estado establece que dentro del suelo portuario no se puede edificar con fines de habitabilidad y para gestionar la dársena aluden a este artículo traduciéndolo en que no se puede vivir en un barco». Sin embargo, su opinión es que sí se puede y que «una embarcación está protegida por una serie de leyes que nada tienen que ver con esta ordenanza publicada por la marina».
Dificultades para pagar las tasas
Por otro lado, denuncia que la Autoridad Portuaria está «poniendo pegas para pagar» para tener «una excusa para ordenar el desalojo del muelle».
En este punto coincide con él Manuel Alegre, uno de los residentes en el Muelle Deportivo que ha conseguido paralizar el desahucio que le comunicaron hace unos meses al haber acreditado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social.
Manuel, de 72 años, vive en un velero de 10 metros de largo desde 2012 porque, asegura, no tiene otro lugar donde vivir, ya que su pensión no contributiva no le alcanza para pagar un alquiler. «Si consiguiera un sitio para vivir regalaba el barco», apostilla.
Con una carpeta repleta de documentos relacionados con su barco, relata que la Autoridad Portuaria le acusa de «ocupación» y que ocupó «una plaza hace 12 años sin comunicarlo» y para probarlo muestra «un escrito con la solicitud de atraque, que fue concedida». Además, asegura que hasta hace poco la ha estado pagando.
Denegado el acceso al pantalán
Ahora la Autoridad Portuaria, explica, le está poniendo trabas para seguir abonando el permiso y le reclama una deuda antigua de su hermano, el anterior propietario de la embarcación, y aunque su desahucio ha sido parado por el Juzgado, le han «denegado el acceso al pantalán» y debe esperar a que «un vecino entre o salga».
«Me han dado siete infartos y a veces me encuentro mal y tengo que ir al hospital. Una noche, a las cuatro de la mañana, volví del hospital y no podía ir al barco porque el policía portuario no me abrió el pantalán».
La decisión judicial le da una pausa hasta el 31 de diciembre, pero teme qué será de él a partir de entonces. «Si aquí me da un infarto puedo llamar al médico, pero si me da fondeado frente a Las Alcaravaneras, no».
José Juan Santos y Manuel Alegre, este jueves en el Muelle Deportivo / Juan Carlos Castro
Ha solicitado a la institución que le cobre la mensualidad y que le deje pagar a plazos la deuda heredada de su familiar.
Desesperación
Más desesperado está Juan José Santos, a quien le han notificado que tiene que abandonar el Muelle el martes 18 de febrero y recurrió este jueves a la abogada que ayudó a Manuel a ver si encuentra una salida para él.
Lleva seis años viviendo en el Goffio, un barco de siete metros de eslora y una vez que ha «conseguido comprarme el barco y tener todos los requisitos que pedían» recibe la notificación de desahucio.
La letrada que ha contratado «enviará un burofax» para intentar parar el desalojo atendiendo a su situación económica. «No tengo otro sitio donde ir; no tengo alternativas», afirma.
Cuenta que ha tenido que «ingresar directamente en la cuenta 430 euros de los seis meses de atraque por adelantado porque no querían recoger el dinero» como había estado haciendo hasta ahora y al día siguiente le llegó la carta. Incluso, aservera, solicitó «un documento en el que dijeran que quería pagar pero ella (la Autoridad Portuaria) no me dejaba, pero me decían que no».
No sabe qué ocurrirá el día 18 con él ni qué pasará con las más de 70 personas que viven en la Dársena de Embarcaciones Menores, «entre ellas, familias con niños» e insiste en que «esto está muy mal, se está cometiendo una injusticia».
