Miembros del Parlamento Europeo (MEP) durante una sesión de votación. / JULIEN WARNAND
En la primera semana de febrero (reunión de Comisiones en Bruselas) ha quedado constituida en el Parlamento Europeo (PE) la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, conocida por su rúbrica en inglés: Democracy Shield, en cuyos trabajos representaré al Grupo S&D de la Eurocámara.
No veo en el horizonte de prioridades para esta Legislatura 2024/2029 ninguna más imperiosa que la de proteger el modelo social europeo y la idea europea de democracia frente a la amenaza planteada por una conjunción magmática de poderes autoritarios y oligarquías tecnológicas, radicalmente incompatibles con los valores que sustentan y explican nuestra experiencia de integración supranacional.
En el curso de la pasada Legislatura (2019-2024), fue ingente el número de debates, resoluciones y actos legislativos en los que el PE expresa su conciencia de enfrentarse a retos sin precedentes en la defensa de un modelo de convivencia basado en la igual dignidad, los derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) y la inclusión de su diversidad, con prohibición de toda forma de discriminación y del odio, ese Hate Speech, que conduce a la violencia contra enteras categorías de personas estigmatizadas.
Leyes europeas que desarrollan los derechos de la Carta (desde protección de datos a la regulación de los Servicios Digitales y la pionera Ley de Inteligencia Artificial), junto a las estrategias de ciberseguridad que protegen frente a injerencias maliciosas de poderes extranjeros y plataformas tecnológicas, documentan el acervo incorporado en el curso de los últimos años. Esto responde a una preocupación compartida acerca de un aserto esencial: ni la democracia ni los derechos se sostienen por sí solos; no solo pueden retroceder, erosionarse, degradarse, sino que pueden marchitarse hasta el colapso si no hacemos cuanto debamos para su preservación.
La Comisión Especial sobre el Escudo de la Democracia se propone sistematizar la agenda de tareas y mandatos para que la UE se refuerce frente a esas amenazas de revertirla en su némesis. Estas incluyen las injerencias extranjeras (Rusia, siempre a su cabeza, aunque no sea esta la fuente exclusiva de desinformación y patrañas desestabilizadores del orden de libertades, de procesos electorales y de la democracia europea); agentes estatales y agentes no estatales (Non State Actors) confluyen en una panoplia siniestra de “ataques híbridos” que requieren inversiones e instrumentos de proporción adecuada a los embates que afrontemos.
El programa de trabajo de la Comisión Especial incluye, pues, las tareas de evaluación de políticas y detección de brechas y lagunas de seguridad; prevención de cibertataques contra objetivos militares y civiles (“infraestructuras críticas”), así como contenidos generados por IA (“DeepFakes”, “ultrafalsificaciones”) activados para explotar las vulnerabilidades de una sociedad abierta, como si por serlo hubiese inexorablemente de rendirse a una supuesta ventaja competitiva de potencias autoritarias y de distopías totalitarias con vocación global.
Parte del trabajo a emprender se desprende ya de las lecciones de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras (Foreign Interferences, INGE, en la jerga del PE) plasmadas en sus Conclusiones aprobadas por el PE en la anterior Legislatura 2019-2024. Se trata ahora, además, de vertebrar las relaciones de la UE (y sus Instituciones) con otras organizaciones internacionales del ámbito de la seguridad y la cooperación, y especialmente del PE con las Asambleas parlamentarias de esos espacios internacionales. El intercambio de experiencias y estrategias confluyentes resulta crucial para elevar el nivel de alerta y ciberseguridad, en garantía de integridad de los procesos democráticos y la formación de una opinión pública libre e informada sobre hechos contrastados –Fact Checking– en su veracidad.
El objetivo no es otro que construir, a escala europea, un frente común eficaz contra la preeminencia de la mentira (incluida la calumnia y difamación personalizada en los liderazgos políticos) y contra el efecto corrosivo y divisivo que, inconteniblemente, causa en la democracia (y en los derechos sobre los que esta se asienta) la propalación voraginosa de falsedades y bulos mediante redes sociales en manos de magnates tecnológicos. El modelo de negocio de estas plataformas (basado en algoritmos adictivos) alimenta sin tregua la radicalización, la polarización y, consiguientemente, el auge de la extrema derecha y de sus discursos de odio.
La idea europea de democracia debe ser defendida -edificando un escudo con la herramienta del Derecho- frente a los riesgos ciertos de la explotación digital de la tribalización de los peores prejuicios y de la agresividad que segmenta a nuestras sociedades abiertas en bloques intransigentes. Hablamos de polarización para describir exactamente eso: una sociedad tronchada en polos de confrontación, mutuamente incompatibles, abocados al conflicto, remedo de una guerra civil larvada y por medios distintos a los que conocimos en un pasado, siniestro, pero no menos lesivos para la convivencia bajo este Derecho de la UE que “une en la diversidad”.
 ha quedado constituida en el Parlamento Europeo (PE) la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, conocida por su rúbrica en inglés: Democracy Shield, en cuyos trabajos representaré al Grupo S&D de la Eurocámara. No veo en el horizonte de prioridades para esta Legislatura){kind=link}