Varios juzgados gallegos han dictados sentencias en los últimos días obligando a dos entidades bancarias a devolver más de 20.000 euros a clientes que fueron víctimas de estafas mediante phishing. Este tipo de fraude consiste en engañar a los usuarios haciéndose pasar por empresas o personas de confianza para obtener datos privados y acceder a sus cuentas bancarias.
Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Muros, que el pasado 31 de enero condenó a Abanca a devolver 6.000 euros a una clienta en representación de su hija menor de edad, después de que se demostrara que fue víctima de una estafa. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
En otra resolución similar, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña emitió una sentencia contra la misma entidad, obligándola a restituir casi 5.000 euros a otro cliente estafado. En este caso, los delincuentes se hicieron pasar por representantes de Microsoft y lo convencieron de que su ordenador tenía un fallo de seguridad, consiguiendo así acceso a sus datos bancarios. La sentencia tampoco es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Además, según informa al despacho Xoán Antón Pérez-Lema Abogados y Consultores, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de O Carballiño dictó otra sentencia que condena a Caixa Rural a devolver casi 14.650 euros a un cliente después de sufrir una estafa semejante. Esta sentencia también puede ser recurrida.
Transferencias bancarias no autorizadas
El abogado Xoán Antón Pérez-Lema explica que la jurisprudencia establece una responsabilidad «casi objetiva» de las entidades financieras en casos de transferencias bancarias no autorizadas, salvo en los casos de «negligencia grave» por parte del usuario. En los tres casos mencionados, los tribunales consideraron que no hubo tal negligencia por parte de las víctimas, por lo que los bancos deben asumir la devolución del dinero.
Las estafas mediante phishing están en aumento, por lo que se recomienda extrema precaución ante correos, llamadas o mensajes sospechosos que soliciten datos personales o bancarios. Las entidades bancarias y las autoridades insisten en que nunca se deben facilitar contraseñas ni información financiera a terceros sin verificar previamente su autenticidad.