La Casa Blanca ha anunciado este miércoles que «exigirán cuentas» a los periodistas que «difundan mentiras» después de que la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) denunciara que una de sus reporteras fue vetada del Despacho Oval por usar el nombre de ‘golfo de México’ en vez de ‘golfo de América’.
«Si vemos que los medios de comunicación en esta sala difunden mentiras vamos a exigir cuentas y es un hecho que la masa de agua que está frente a la costa de Luisiana se llama golfo de América», ha subrayado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En este sentido, ha cuestionado que haya medios de comunicación que no utilicen esa denominación si empresas como Apple o Google ya lo reconocen. «Nos reservamos el derecho de decidir quién entra al Despacho Oval», ha resaltado.
Preguntada por si este tipo de medidas pueden sentar un «precedente» y en qué lugar queda la Primera Enmienda, ha reiterado que «nadie tiene derecho» a hacer preguntas al presidente, sino que es una «invitación» que se recibe y es un «privilegio» que se tiene.
Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca ha resaltado que «la libertad de expresión y el fin de la censura«, tanto en Estados Unidos como en el exterior, son una «parte importante» de la agenda conservadora del presidente Donald Trump.
Esto se produce después de que la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, denunciara en la víspera que la Casa Blanca había pedido al medio de comunicación «alinear sus estándares editoriales con la orden ejecutiva» de Trump que rebautizaba el golfo de México.
«Es alarmante que la Administración Trump castigue a AP por su periodismo independiente. Limitar nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido del discurso de AP no solo impide gravemente el acceso del público a las noticias independientes, sino que viola claramente la Primera Enmienda», reza el texto.
Pace recordó que la orientación de la agencia respecto del golfo de México, publicada el 23 de enero, señala que la orden de Trump solamente tiene autoridad dentro de Estados Unidos, mientras que México, otros países y organismos internacionales, no tienen la obligación de reconocer el cambio de nombre.
La ONG Amnistía Internacional ha remarcado que «negar el acceso a la prensa por desacuerdos en la cobertura es una práctica habitual de los gobiernos represivos», y ha destacado que «los periodistas son fundamentales para promover la transparencia y los Derechos Humanos».
