Uno de los dos trabajadores imputados de RTVE vinculados al sindicato UGT envió el contenido de las preguntas del examen de oposición la noche anterior a que se celebrase la prueba, y dio instrucciones expresas para el borrado de mensajes para evitar dejar rastro. Incluía también la instrucción de fallar deliberadamente determinado número de preguntas para no levantar las alarmas. El juez así lo acredita en el auto donde formaliza la imputación de los dos empleados que ya fueron señalados como investigados en las diligencias previas.
La causa judicial abierta por las irregularidades en el proceso de acceso al empleo público en RTVE tiene ya dos trabajadores de UGT imputados por un delito de revelación de secretos, con pena de uno a cuatro años de prisión, estudia la imputación de un tercer empleado después de intervenir material informático en la sede de la corporación pública.
En el último auto fechado el pasado viernes 7 de febrero, el juez Juan Ramón Reig Puron, titular del juzgado de instrucción número 48 de Madrid, imputa formalmente a los dos investigados, para facilitar su derecho a legítmia defensa. En los fundamentos de hecho, detalle la cronología de los hechos, situando como el inicio de las irregularidades en el proceso de oposiciones públicas el día 26 de septiembre, tres días antes de la fecha prevista para el examen al que se presentaban más de 5.000 aspirantes y que finalmente se suspendió unos minutos antes por el escándalo de las filtraciones.
Ese día se reunió el tribunal -el comité de valoración- para elaborar el examen de oposición, «encontrándose entre los miembros de dicho comité don Julián Pérez Olmos«, detalla, en referencia al miembro del tribunal designado por UGT y que fue imputado tras conocerse que fue el autor del documento que se difundió con las preguntas. El juez expone que una vez concretada la versión definitiva del examen, esta fue precintada y se hizo una copia en un pendrive al que se le puso una contraseña de seguridad, denominada «LOBO«.
El titular del juzgado relata lo sucedido al día siguiente: «El 27 de septiembre de 2024 a las 12:12 horas se creó el documento «LOBO.pdf» en un equipo informático con un paquete Office registrado a nombre de D. JULIÁN PÉREZ OLMOS, documento que incluía un gran número de preguntas y respuestas de la versión final de la prueba de acceso confeccionada por el Comité de Valoración de Pruebas el día anterior», apunta el documento.
El auto acredita la difusión de este mismo documento por parte de César Moreno, también imputado y cargo de UGT-RTVE. El envío que hizo saltar las alarmas se produjo la noche antes del examen, cuando se desató todo el proceso para suspender la prueba. En concreto, el juez apunta a que fue el 28 de septiembre a las 20.14 horas, cuando Moreno envió el documento a una persona trabajadora en RTVE sin plaza fija que se presentaba a la oposición.
Sistema para no levantar alarmas
Curiosamente el nombre elegido para llamar al documento de la filtración fue el mismo que la contraseña de seguridad, «LOBO.pdf», haciendo evidente la vinculación con el tribunal del examen. Pero lo más llamativo no es sólo el documento, sino la inclusión de una serie de instrucciones para no levantar las alarmas. Esto da cuenta del nivel de perfeccionamiento del sistema de difusión de las filtraciones, que se denunciaron a raíz de un sólo email pero que podrían haber tenido un alcance mucho mayor.
El objetivo de estas instrucciones era, por una parte, no dejar rastro, y por otra, intenar camuflar la irregularidad, del proceso de acceso al empleo público, pidiendo a los aspirantes que cometieran deliberadamente un determinado número de fallos en las preguntas del examen para evitar sospechas y no destacar demasiado del resto de opositores.
Así, el juez detalla que el email enviado por el imputado César Moreno incluía «el archivo LOBO.pdf e instrucciones tanto en referencia al borrado del propio correo como del acierto y fallo de un número concreto de preguntas». Apenas 13 horas antes de la convocatoria oficial, el receptor de este documento decidió advertir a alguien fijo de la plantilla de RTVE, que a su vez lo puso en conocimiento de la periodista y directora del Canal 24 horas, Cristina Ónega, que también formaba parte del tribunal y que fue la que solicitó la suspensión del examen.
