El ‘boom’ histórico del autoconsumo en España sigue desinflándose. Tras un despliegue salvaje hasta récords desorbitados, el sector acumula ya dos años consecutivos de caídas (con 1.431 nuevos megavatios, MW, en 2024, un 26% menos que el año anterior y prácticamente la mitad que en el histórico 2022), tras el fin del reparto de las subvenciones directas con fondos europeos y una vez que los precios de la electricidad se han moderado desde los máximos de la crisis energética.
Actualmente en España están operativas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con una potencia acumulada de 8.585 MW (con 6.304 MW en paneles en inmuebles de empresas y otros 2.281 MW en viviendas) que se ha ido desplegando en menos de una década. Son ya casi 560.000 instalaciones de autoconsumo en funcionamiento en el país, con paneles solares produciendo electricidad en los tejados de 484.000 viviendas y más de 75.600 empresas y comercios, según los datos del último informe anual de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)
Desde el sector de las renovables se lanza una doble voz de alarma sobre la situación del negocio. Por un lado, las compañías energéticas advierten de que la velocidad actual del despliegue no es suficiente para alcanzar los objetivos verdes marcados por el Gobierno en su nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que aspira a más que duplicar el parque actual y alcanzar los 19.000 MW en 2030.
Por otro, la patronal de las empresas de renovables alertan de que siguen vigentes algunas restricciones legales y se mantienen algunas limitaciones técnicas que están haciendo que se desaproveche una cantidad cada vez mayor de energía producida por las plantas de autoconsumo y, con ello, están provocando pérdidas millonarias a los miles de hogares y de compañías que instalan placas solares en sus tejados.
La producción de electricidad de estos cientos de miles de instalaciones ya operativas sirve para cubrir todo o parte del consumo energético de la vivienda o de la empresas, y la energía sobrante se puede inyectar a la red eléctrica y obtener unos ingresos extra a cambio o descuentos en la factura. Pero lo cierto es que las barreras regulatorias y la falta de capacidad de la propia red están impidiendo que grandes cantidades de energía puedan verterse al sistema eléctrico y han generado un agujero que supera los 500 millones de euros en los últimos años por toda esa electricidad despilfarrada y que se está tirando a la basura.
Una quinta parte de la luz, desaprovechada
Según los datos la patronal APPA Renovables, las instalaciones de autoconsumo activas produjeron el año pasado un total de 9.243 gigavatios hora (GWh) de electricidad, con la que cubrieron en la práctica un 3,7% de toda la demanda eléctrica del país, tanto por energía consumida de manera instantánea o por la vertida a la red. Sin embargo, todas las instalaciones solares de autoconsumo desaprovecharon casi una quinta parte de su potencial de generación por los obstáculos para poder inyectar electricidad a la red. La asociación empresarial calcula que hasta 2.094 Gwh de producción se perdieron durante el año pasado por no poderse incorporarlos al sistema eléctrico.
Casi un 19% de toda la producción posible de estas plantas se acabó desperdiciando, según denuncian las compañías, por la falta de capacidad de la red eléctrica para poder conectar las instalaciones y por las barreras regulatorias que imponen dificultades para verter esta electricidad a la propia red. Sin ese pellizco, el autoconsumo no habría cubierto el 3,7% de toda la demanda eléctrica nacional el año pasado, sino que habría podido representar un 4,5% del total.
Otro roto de 88 millones
Según los cálculos de APPA, el sistema eléctrico español desaprovechó el año pasado energía renovable por un valor equivalente a 88 millones de euros por la imposibilidad de inyectar esta energía en las redes eléctricas (y con cálculos realizados a un precio medio de la electricidad producida por las plantas solares, muy inferior al precio medio del mercado eléctrico mayorista) y acumula un roto de 518 millones de euros en los últimos ocho años.
El sector de las renovables denuncia que la regulación actual no facilita la inyección de los excedentes por falta de capacidad en las redes o dificultades para conseguir el acceso. Las plantas con una potencia superior a los 15 kilovatios (kw) ya están obligadas a pedir permiso a los gestores de las redes de distribución -los grandes grupos eléctricos- para poder verter la electricidad sobrante y ser compensadas por ello.
Además, sólo se pueden verter excedentes como pequeño consumidor si las instalaciones tienen una potencia de menos de 100 kilovatios. Con una potencia superior a esos 100 kw, el autoconsumidor debe realizar la misma tramitación de cualquier gran productor de electricidad y convertirse en vendedor mayorista, con la consiguiente complicación adicional de los trámites burocráticos para conseguirlo. Una situación que está empujando a algunos autoconsumidores industriales a activar instalaciones por debajo de ese tope de 100 kw, aunque tengan capacidad y necesidad de que fueran mayores.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha una consulta pública con el objetivo de emprender una reforma legislativa que sirva para acabar con los problemas regulatorios que impiden un mayor desarrollo del autoconsumo. “La realidad es que no se ha realizado ninguna actualización normativa y el problema persiste, aunque desde el sector se confía en la voluntad del legislador y su apuesta decidida por el autoconsumo”, indica APPA en su informe anual. “Las trabas administrativas, la burocracia del proceso y la indisponibilidad de la red, dificultan sustancialmente la evacuación de los excedentes y cronifican esta ineficiencia del sistema eléctrico en el llamado país del sol”.
Además, con este escenario de barreras regulatorias, el sector de las renovables advierte de que muchas industrias que han instalado plantas de autoconsumo están desaprovechando la generación renovable en los momentos en que su actividad productiva está detenida y no consumen la energía. Durante los fines de semana o en los días festivos no vierten la electricidad o directamente paran la producción de energía verde.
