La polémica en torno al proyecto Senderos del Rocío de José Manuel Soto sigue coleando. Apenas una semana después de que la Oficina Antifraude de Andalucía observara vicio de nulidad en un contrato menor adjudicado a una empresa del artista y unas horas después de que la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, informara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que los Presupuestos de la Junta no prevén una nueva partida para este proyecto, el grupo parlamentario Por Andalucía, ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Sevilla sobre la financiación pública de este proyecto.
En concreto, en la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, se solicita la «apertura de diligencias a fin de determinar» posibles «conductas tipificadas como delitos, así como sus autores y grado de participación en los mismos», en relación a un contrato y subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al proyecto Caminos del Rocío y ha pedido que se determine la «eventual participación» en estos hechos del propio presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y del por entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
La portavoz del grupo, Inma Nieto, y el diputado José Manuel Gómez Jurado han acudido este miércoles a los juzgados de Sevilla para presentar esta denuncia y atender a los medios de comunicación, para señalar su sospecha de que se ha producido un caso «de corrupción de amiguetes en el que se le da dinero a un tipo simplemente por ser amigo del presidente de la Junta», y en ese sentido han justificado su denuncia al entender que hay «indicios muy sólidos de la comisión de delitos muy graves».
En concreto, en la denuncia se relata que, «el 13 de diciembre de 2021, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía» acordó publicar en la Plataforma de Contratación el anuncio de adjudicación de un contrato denominado Diseño del proyecto Caminos del Rocío, del que se detalla que consiste en la «asistencia técnica para diseñar el proyecto Caminos del Rocío en relación con la marca Andalucía».
Por Andalucía critica en su denuncia que «ni en la Plataforma (de Contratación) ni en ningún otro espacio web ni boletín oficial se contiene información adicional sobre el contrato distinta al citado anuncio», y alude a unas declaraciones del presidente de la Junta en un acto de presentación del referido proyecto, el 2 de febrero de 2023, para señalar que, con ellas, el jefe del Ejecutivo autonómico venía «a reconocer que la única referencia concreta a la idea que sustenta el contrato no tiene ni proyecto, ni documento ni ningún elemento tangible que no sea la mirada vehemente a los ojos y la explicación con inteligencia natural del empresario» José Manuel Soto.
En su intervención, España ha reconocido que «la Oficina Antifraude ha pedido una revisión del contrato menor» y seguidamente ha afirmado que «la causa contra las dos subvenciones está archivada».
La denuncia habla de un «irregular, surrealista y casposo modus operandi«
La denuncia del grupo parlamentario que aúna a IU, Podemos y Más País, habla de un «irregular, surrealista y casposo modus operandi‘» para describir la adjudicación del contrato, y advierte de que «la oferta económica del empresario, que el contrato afirma existir, no tiene plasmación documental alguna».
«Un segundo indicio del carácter ficticio y fraudulento del contrato público es el manifiesto incumplimiento del objeto» del mismo, continúa relatando la denuncia, que en ese sentido apunta que «el trabajo presentado» por José Manuel Soto «no cumple con las exigencias del contrato y parece estar elaborado con una simple aplicación de inteligencia artificial».
Además, la denuncia sostiene que, en este caso, «la falta de solvencia técnica de la empresa adjudicataria y del empresario-amigo alcanza niveles de verdadero escándalo».
Delitos denunciados
Desde Por Andalucía consideran que los «hechos descritos» en su denuncia «presentan evidentes indicios de conducta criminal tipificados en el Código Penal», y en concreto hablan, por un lado, de un posible «delito de prevaricación» y de otro de «malversación de caudales públicos» por haberse realizado «un contrato manifiestamente ilegal y arbitrario», así como, por otro lado, sostienen que «concurren indicios de comisión del delito de Aprovechamiento de Funciones del artículo 439 del Código Penal, ya que la adjudicación del contrato se ha realizado en un contexto de influencia indebida y favorecimiento personal».
«Asimismo, se ha producido una defraudación a un ente público asignándose un contrato a una empresa sin cumplir requisito legal alguno, generando un perjuicio económico a la administración pública», denuncia Por Andalucía, que aboga por determinar la «eventual participación» en estos supuestos delitos de Elías Bendodo –en tanto que consejero de la Presidencia en el momento de la firma del contrato–, y del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y sostiene que el juzgado debería «determinar si sus propias declaraciones y las del empresario se ha limitado a una exaltación de compadreo que tuvo como término las ilegalidades cometidas, o su apoyo tuvo tal alcance que fue un elemento nuclear de la comisión de las conductas descritas».
La denuncia alude también a las «dos subvenciones directas, nominativas, de 275.000 euros por anualidad» entre los ejercicios de 2023 y 2024, que la Junta, «con posterioridad al contrato menor», concedió a la fundación Caminos del Rocío constituida por José Manuel Soto, «para sufragar ‘gastos de funcionamiento'», y advierte de que, «en la tramitación y justificación» de estas subvenciones, «concurren indicios de conducta criminal», y el grupo parlamentario avisa de que, «una vez sean confirmados en toda su extensión», procederá a una «ampliación» de su denuncia.
