Este sábado, justo antes de que se jugara el Real Madrid-Atlético de Madrid, LaLiga desactivó DuckVision, una plataforma que ofrecía deporte en vivo pirateado a más de 200.000 usuarios solo en España. Es el enésimo golpe que la patronal del fútbol español asesta a las webs que ofrecen partidos de forma ilegal. Y, sin embargo, no parece que estén cerca de desaparecer, porque cuando cae una surge otra distinta.
Desde que se convirtió en presidente de LaLiga en el año 2013, Javier Tebas ha convertido la lucha contra la piratería en una auténtica cruzada. Y en los últimos meses, el directivo ha subido el tono de sus declaraciones sobre este tema, acusando a los gigantes tecnológicos (como Google, Cloudflare, Telegram, WhatsApp, Discord, Signal o X) de permitir las emisiones ilegales de partidos y de lucrarse de ellas. Por ello, LaLiga ya ha interpuesto algunas «querellas criminales en diversos países» contra estas compañías.
En paralelo, Tebas también ha disparado en repetidas ocasiones contra los usuarios de la piratería, a los que LaLiga ha empezado a sancionar con multas de 450 euros, según apuntó el propio dirigente en una entrevista para Forbes el pasado octubre. Para él, este tema es «el mayor desafío de la industria del deporte», y si las autoridades que legislan «no se lo toman en serio», asegura que se avecina una crisis muy importante en los contenidos deportivos de élite en los próximos años.
«Debería de haber mucha más colaboración por parte de los intermediarios como Google, que están dentro de esa cadena de distribución de contenidos ilegales», coincide Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. «No puede ser que cuando la gente busque un partido de fútbol te aparezcan en los primeros resultados sitios webs piratas. Deberían intervenir para ocultarlos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de gente se queda en el primer o segundo enlace», añade, antes de recalcar que, a su juicio, la lucha contra la piratería se debería centrar en los que distribuyen de manera ilegal los contenidos, y no en los usuarios finales.
Con todo, fuentes bien informadas del sector sostienen que estos asuntos «ni le van ni le vienen» a empresas como Google. «Es un tema que admite debate. Pero no pueden estar pendientes de todas las páginas», relatan, antes de apuntar que el origen de todos los problemas de piratería está en una serie de «agujeros de seguridad» que permiten que los encuentros puedan emitirse de forma ilegal.
«Los contenidos audiovisuales de pago, en España, se distribuyen principalmente por satélite y por internet. La expansión de la fibra óptica en los últimos 20 años se ha consolidado como tecnología principal, desbancando al satélite, que fue el rey durante los 90-2000 pero ahora está en desmantelamiento porque está anticuado y no interesa. Por eso una de las fuentes de las que se nutren los piratas son precisamente esos descodificadores antiguos que no permiten contramedidas contra el pirateo y que los malos pueden piratear con facilidad», comentan.
Luego están los servicios IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) y OTT (servicio de transmisión libre), con los que piratas «en muchos casos encuentran los agujeros de seguridad capturando la señal en streaming con aplicaciones que después recodifican y alojan en webs ilegales, que tardan en ser tumbadas con el consiguiente daño económico».
Y hay otro aspecto importante más, según las mismas fuentes: «En la mayoría de los casos, los sistemas de transmisión y protección de contenidos audiovisuales están basados en normas que están publicadas y a disposición de cualquiera, lo que supone que cualquier persona con conocimientos y ganas suficientes podría realizar ingeniería inversa para ir, poco a poco, reventando todas las capas de seguridad. Es solo cuestión de tiempo».
El imperio de la piratería
La lista de webs piratas que han logrado aglutinar a miles de usuarios en España para ver el fútbol es incontable. Una de las más famosas fue Roja Directa, que precisamente el pasado diciembre fue condenada a pagar más de 31 millones por daños y perjuicios al Grupo Mediapro. Por el camino, la página llegó a obtener ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas.
Pero el goteo es continuo. El pasado noviembre la Guardia Civil bloqueó y eliminó todos los canales de Cristal Azul, que era el mayor canal de streaming pirata de España. Se estima que defraudó más de 42 millones de euros, llegando a congregar 78.000 usuarios que accedían ilegalmente a los partidos de fútbol.
Y en esa misma línea, hace apenas unas semanas, a comienzos de enero, LaLiga colaboró en una investigación de la Europol que desarticuló una red que pirateaba 2.500 canales de televisión y llegaba a más de 22 millones de usuarios en todo el mundo. En esa operación se llevaron a cabo 122 redadas y se identificaron a 102 sospechosos y a 560 revendedores. Además, se incautaron drogas y armas, y se confiscaron criptomonedas por valor cercano a los 1,6 millones de euros, así como 40.000 euros en efectivo.
«Hace años España llegó a estar en la Watch List que elabora el Gobierno de Estados Unidos, que indica los países que no están recomendados para establecer relaciones comerciales por la inseguridad jurídica que hay en torno a los contenidos. De hecho, Netflix llegó antes a Cuba que a España», rememora Navarrete. «La gente piensa que los que piratean son chavales desee sus casas, pero detrás hay mafias y organizaciones criminales. Y es un negocio lucrativo: no invierten nada, porque los contenidos no son suyos, pero ganan dinero con ellos. Es redondo», explica.
«El fraude audiovisual es una de las industrias ilegales más lucrativas a nivel mundial, que supera con creces al tráfico de drogas en todo el mundo y que se estima que suponga un coste de 10,5B€ en 2025, dada la rápida adaptación de los piratas y los nuevos recursos que emplean para llevar a cabo esta actividad ilícita», afirmaba LaLiga en un comunicado el pasado noviembre.
Ese mensaje coincidía con la publicación de un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que recogía que la piratería ha causado unas pérdidas de entre 600M€ y 700M€ para el fútbol español. La investigación también destacaba que la media de acceso por usuario a contenido deportivo pirata al mes en España es un 25% superior a la media de la Unión Europea.
«Estas páginas se financian a través de la publicidad y de la venta de datos de los usuarios que se generan automáticamente. Pueden ver qué ve la gente, a qué hora y cómo, y hacen bases de datos con los perfiles de los consumidores. Si tuvieran que contratar empresas para hacer esto, tendrían que pagar bastante dinero, porque en las subastas a nivel europeo y mundial esos datos son caros. Los pagos se hacen a través de plataformas como PayPal o criptomonedas, lo que nos da una idea de la opacidad que hay», resume Navarrete.
En un informe de la EUIPO del 2019 se detallaba que la distribución de contenido IPTV que infringe los derechos de autor «abarca desde grandes y bien organizadas estructuras comerciales que venden miles de suscripciones mensuales, a personas que solo pueden proporcionar acceso streaming a varios consumidores a través de las redes sociales».
Pero la oficina europea establecía que los piratas utilizaban tres modelos diferentes. El primero era el modelo de «suscripción ilegal a IPTV», en el que se da a los clientes acceso directo al servicio por una cuota de suscripción mensual. El segundo era el modelo de «IPTV ilegal para revendedores», donde los revendedores adquieren paquetes de IPTV para establecer un negocio ilegal. Y el tercero era el modelo de «portal de streaming gratuito de IPTV ilegal», en el que
se recopilan enlaces a sitios web de streaming y se ponen a disposición de los usuarios.
