La Fiscalía de Madrid ha pedido que sea el Tribunal Supremo el que asuma la causa contra Luis Pérez, conocido como Alvise, por revelación de secretos oficiales, según ha podido saber El Independiente. La causa que se sigue contra el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) se inició por la difusión en Telegram de una serie de conversaciones incluidas en la instrucción del caso Kitchen –que investigaba una operación parapolicial del Gobierno del PP para borrar pruebas sobre la ‘caja B’ del partido– y que se expurgaron, es decir, se sacaron de la investigación.
El entonces activista y analista compartió de manera masiva aquellas conversaciones en las que había datos de confidentes, de la lucha antiterrorista y de operaciones policiales que manejaba ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, además, también había whatsapps de su vida privada. El entonces ‘número dos’ del Ministerio del Interior pidió que se retirasen de la causa ‘Kitchen’, algo a lo que el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón accedió en marzo de 2023.
Sin embargo, el 10 de julio de 2023, sobre las 16 horas, Alvise compartió con sus 208.000 seguidores de Telegram los 23 chats íntegros. Entre ellos había conversaciones con un periodista, que fue el primero en denunciarlo en un juzgado de Madrid. Martínez, por su parte, llevó el tema a la Audiencia Nacional ya que entendía que se ponía en riesgo la seguridad del Estado.
A la espera del archivo
Ahora la Fiscalía, en un escrito del pasado 29 de noviembre, ha pedido al juez que envíe la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este órgano es el único competente para enjuiciar a Alvise, ya que el pasado verano consiguió un escaño en el Parlamento Europeo, con lo que logró el aforamiento. Fuentes jurídicas señalan, por su parte, que la defensa del líder de SALF ha pedido el archivo de la causa porque entiende que no se ha conseguido acreditar el delito.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tendrá que decidir ahora si pasar la pelota al alto tribunal o si dejar que la causa no siga avanzando.
Los chats que la Audiencia Nacional sacó del caso Kitchen estuvieron durante días a disposición de las partes personas y acusados. En marzo de 2023, García Castellón ordenó restringir el acceso a esas conversaciones para salvaguardar el «propio interés general y la seguridad nacional». Antes de eso, los medios publicaron varias conversaciones que se encontraban en el teléfono móvil del ex secretario de Estado.
Una de las personas que tuvo acceso al contenido fue Alvise Pérez, que por entonces no dirigía ningún partido político. Meses después de que el juez frenase el acceso a los mismo, decidió colgarlo íntegramente en su canal de Telegram, aunque lo eliminó posteriormente. En septiembre del 2023, el juez Joaquín Gadea abrió diligencias previas contra él por un presunto delito de descubrimiento de secretos. La causa terminó uniéndose a la abierta por la denuncia del periodista, y ahora podría terminar en el Tribunal Supremo si el juez no la archiva.
Alvise en el Supremo
Alvise Pérez ha visto cómo en el último medio año el Tribunal Supremo va agrupando todas las causas que estaban repartidas contra él en distintos juzgados de España. La investigación que más ha avanzado hasta el momento es la de la presunta financiación ilegal de su partido.
La investigación, que comenzó en la Audiencia Nacional, indaga en la relación de Alvise Pérez con Álvaro Romillo, conocido como ‘Luis Cryptospain’. Según las pesquisas, este último le entregó 100.000 euros en efectivo presuntamente para costear la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, elevó a finales del año pasado el asunto al Supremo al considerar que había visos para investigar a Alvise por ese delito. Ahora el alto tribunal debe pedir el suplicatorio al Europarlamento para poder imputarlo formalmente y llamarlo a declarar.
Por otro lado, está pendiente de si se le imputa por los desórdenes públicos ocurridos en la madrileña calle Ferraz en noviembre de 2023. Aquellas manifestaciones surgieron contra la Ley de Aamnistía que aprobó el Congreso de los Diputados para dar la medida de gracia a los líderes políticos condenados por el procés.
La Fiscalía del Supremo ha pedido investigarle por mensajes publicados en Telegram entre el 5 y el 7 de noviembre de aquel año. Esos chats «incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos, a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas», según el Ministerio Público.
Asimismo, tiene pendiente una denuncia del president de Cataluña, Salvador Illa, por haber distribuido por las redes sociales una información médica falsa sobre él durante el Covid-19; así como una denuncia del diputado socialista Alfonso Cendón por varias afirmaciones del político que le relacionaban con la trama del ‘caso Mediador’; y una denuncia de una juez sevillana que hizo saber a la Fiscalía que podía haber coacciones en unas palabras que Alvise puso en su canal de Telegram contra ella.
