Todo el pescado estaba vendido y no había espacio para las sorpresas. Pero en el parlamentarismo español no hay un pleno sin ruido. Tras una tensa sesión de control, el Congreso de los Diputados debatía y votaba la convalidación del escudo social, fruto del pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya. El Partido Popular ya anunció que daría ‘sí’, después de vetar el anterior decreto ómnibus con un argumentario que, a ojos del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, estaba cargado de «mentiras». El real decreto sale adelante por mayoría, pero laminando la credibilidad del grupo conservador, al que le recriminan su rechazo en la primera intentona.
El veto inicial al real decreto proporcionó al Gobierno un margen de maniobra extra para seducir a Junts, como mínimo, y atraerlo al ‘sí’. Cinco días después de la votación fallida, el ala socialista de la coalición y los neoconvergentes cerraron in extremis un acuerdo que no sólo garantizaba el pulgar hacia arriba del Pleno al escudo social, sino la retractación de un Partido Popular que, habida cuenta del argumentario para justificar su ‘no’ inicial’, se vio obligado a virar hacia el ‘sí’ en un ejercicio de «coherencia» con sus alegatos.
Antes de la fijación de posiciones de los grupos, intervino desde el atril del Hemiciclo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, tras desgranar el acuerdo, puso el foco en el «reguero de mentiras» vertidas por la bancada conservadora para justificar su rechazo al real decreto primigenio. De hecho, el socialista tiraba de ironía para «agradecer especialmente» al Partido Popular el cambio en el sentido de su voto, a pesar de que hubiero sido más pragmático en el pleno del 22 de enero, cuando sus votos tumbaron el primer intento del Gobierno por prorrogar los efectos del escudo social.
Tirón de orejas al PP
«Volvemos aquí por la capacidad de trabajo y de diálogo de este Gobierno y los grupos parlamentarios», arrancaba el ministro desde la tribuna de oradores antes de presentar las iniciativas del escudo social ante sus señorías. Bolaños lamentó que este decreto «ya debería estar ratificado», máxime cuando el veto de la Cámara generó «una incertidumbre injustificada a millones de españoles» al decaer la revalorización de las pensiones, la subida del SMI o las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia, así como las bonificaciones al transporte público.
Bolaños ha reivindicado que desde ese mismo momento, el Gobierno se puso manos a la obra para garantizar el blindaje social «frente a los que votaron en contra». Así, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha tirado de ironía para reconocer el «cambio del sentido del voto» del Partido Popular, dado que son iniciativas de «urgente necesidad». Aunque también «lo eran el 22 de enero». De ahí, que el agradecimiento sea sincero, porque es «difícil cambiar» tras haber sido tan «vehementes» en la defensa de unos argumentos «que han resultado absolutamente falsos».
Sobre esa disonancia ha pivotado el grueso de la intervención de Bolaños, que ha evitado personalizar las afirmaciones de los conservadores para impedir el sonrojo de los presentes en la bancada popular. «Espero que se me reconozca la elegancia», deslizó el ministro cargado de sarcasmo. Eso sí, no «olvidan» su voto en contra de las mismas iniciativas, como tampoco cree que lo hará la ciudadanía que «hayan votado sistemáticamente en contra de la subida de las pensiones». No obstante, admite que hubiera estado «más agradecido» si el cambio en el sentido del voto hubiese llegado antes y no se cimentara sobre «mentiras dolorosas» como dudar de la devolución de un edificio incautado por la Gestapo a sus «legítimos dueños».
Sobre esta misma idea abundó posteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Patxi López fue algo más duro que el ministro, afeando a los conservadores que llamaran «okupas y delincuentes» a familias a las que este decreto brinda una protección. «Se les debería caer la cara de vergüenza», apostilló, señalando no sólo al PP, sino también a la otra pata de la «coalición negacionista» que es Vox ante la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. La estrategia del PP, según el exlehendakari, siempre ha sido «fastidiar a Pedro Sánchez», habida cuenta de que el ‘sí’ que han emitido este miércoles en el Pleno bendice la «suspensión de los desahucios o la restitución» del palacete en París al PNV.
Huída hacia adelante del PP
Los aludidos por el PP, en este caso, el PNV, teledirigieron sus dardos hacia la bancada popular, situándoles al «lado de la Gestapo que arrebató el edificio», pero también de Franco, que «lo mantuvo en su poder». La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal justificaba que la devolución está amparada por la Ley de Memoria Histórica, algo impensable antaño. «Se escandalizan por la restitución, pero callan ante quienes siguen disfrutando de bienes que fueron robados aprovechando la dictadura», acotó.
Los conservadores entraron en el cuerpo a cuerpo tanto con los socialistas como con los nacionalistas vascos. El diputado Jaime Olano se subía al atril para calificar el decreto que van a aprobar como «microbus» y asegurar que el Gobierno «hace de nuevo el ridículo». Refuta las acusaciones de Bolaños que les atribuyen votos en contra a la revalorización de las pensiones y a los afectados por la DANA, urgiendo a los socialistas a subir el nivel del debate y conminándoles a «tratar a los españoles como adultos».
Por su parte, el parlamentario popular ha elevado más el tono para advertir al PNV que se reservan las «acciones legales» que estimen oportunos, en referencia a las acusaciones de la diputada nacionalista. «De relaciones con el fascismo clásico, el italiano, el PNV no tiene que dar ninguna».
Así queda el escudo social
Al margen de la porfía política, la votación se ha saldado con el apoyo de una abrumadora mayoría a un real decreto que se confecciona de la siguiente manera:
- La aprobación del escudo social permitirá revalorizar los 12 millones de pensiones y prestaciones de Seguridad Social. En este sentido, las contributivas aumentan un 2,8%, mientras que las no contributivas, crecen un 9%. Así, la pensión mínima para hogares unipersonales asciende un 6% y llegaría a los 12.241 euros. Por su parte, el complemento para la reducción de la brecha de género repunta hasta el 5%.
- Bonificaciones al transporte: dentro de este apartado, se prorrogan las ayudas hasta el 30 de junio. Se bonificará un 50% de descuento a los títulos multiviaje, manteniendo el balance de un 30% sufragado por el Gobierno central y el 20% restante por la autonomía o el ayuntamiento de turno. También incluye el abono gratuito de Cercanías Rodalies, media distancia convencional y líneas de autobús estatal. También extensibles para el transporte terrestre, tanto en Canarias como en Baleares. Se sientan así las bases de un nuevo modelo de ayudas para la gratuidad del transporte para menores de 15 años y una bonificación del 50% para jóvenes desde el mes de julio.
- Iniciativas para blindar a colectivos vulnerables y afectados por la DANA de Valencia y el volcán de La Palma, aumentando la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Valenciana.
- Se prorroga otro año la suspensión de los desahucios a vulnerables, prohibiendo también los cortes de suministros básicos de agua, de luz o de gas para consumidores en riesgo de exclusión.
- Actualización del bono social eléctrico.
