El Congreso de los Diputados ha aprobado por 171 votos (de los 349 emitidos) la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en la que insta al Gobierno a que extienda la vida útil de las cinco nucleares españolas (siete reactores). El calendario actual fija el cierre de todas de forma paulatina entre 2027 y 2035. La primera sería la central de Almaraz, cuyo primer reactor se desconectará en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028, y con ellos también se apagarían los 3.000 puestos de trabajo de esta planta, principal industria de Extremadura y foco esencial de dinamismo del Campo Arañuelo.
PP, VOX y 1 diputado de UPN han votado a favor, Junts y ERC se han abstenido, y el resto de los partidos han votado en contra, incluido todo el PSOE y sus diputados extremeños.
La proposición no de ley no es una figura vinculante que obligue al Gobierno a llevar a cabo su contenido, pero permite a la Cámara Baja expresar su directriz ante una determinada cuestión e insta al gobierno a seguir una política acorde al contenido (otra cosa es su desarrollo).
Esta proposición recoge la extensión de la vida útil de las nucleares, en el marco de la normativa europea, “de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos”, subraya el texto presentado por los populares. También reclama al Ejecutivo central que “facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares, de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Y es que el Gobierno viene afirmando que el calendario de cierre se firmó con las empresas energéticas titulares de las plantas, mientras estas defienden la continuidad de las mismas, pero afirman que la carga en impuestos lastra seriamente su rentabilidad.
De hecho, Almaraz emitió un comunicado el lunes subrayando que paga anualmente en tributos 435 millones de euros, tras la subida del 30% de la tasa de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de los que alrededor de 100 millones de euros corresponden a Extremadura, una «asfixia económica», según traslada literalmente la central, en un comunicado en el que afirma estar lista para seguir operando hasta 2063.
Frente a ello, en la proposición no de ley, los populares argumentan que la energía nuclear supone “una pieza estratégica para el equilibrio del sistema eléctrico nacional” por ser desde hace décadas una fuente constante y fiable de electricidad”. De hecho, según datos de Red Eléctrica que se aportarán al debate, en 2023 estas plantas generaron el 20 % de la electricidad consumida en España con tan solo el 6 % de la potencia instalada (un porcentaje se mantiene desde hace años). Su cierre elevaría “la dependencia de fuentes de energía externas”.
La proposición agrega el cambio “notable” de Europa en la percepción de la energía nuclear, al reconocerla como “inversión sostenible”, por su peso hacia una economía libre de carbono. Así lo establece también el informe Draghi , que la coloca como «un componente esencial del sistema energético» y como una oportunidad «de disponer precios de la energía más bajos y de liderar el desarrollo de las tecnologías limpias». Y ello, además, los avances en la seguridad y eficiencia de los reactores. Almaraz se encuentra entre las once plantas más seguras del planeta.
En el texto aprobado este miércoles por el Congreso, los populares critican que “España es el único país del mundo que ha rechazado mantener su parque nuclear. En Estados Unidos, una planta gemela de Almaraz ha obtenido el visto bueno por parte del regulador para operar otros 40 años.
Esto además implicaría la pérdida de entre el 50% y 70 % de los ingresos de los municipios cercanos a las centrales: Almaraz, Belvís de Monroy, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Toril, Valdecañas de Tajo, Casas de Miravete, Serrejón en el caso de la planta cacereña. La proposición estima la pérdida gobal de empleos de la industria nuclear española en 28.500 directos y 8.500, y su aportación al PIB: 3.685 millones de euros.
En su Proposición, el Grupo Parlamentario Popular pedirá además al Gobierno que promueva “un diálogo comprometido” con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las nucleares, “y con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto”. También le insta a solicitar informes sobre el impacto económico del cierre nuclear y lo que supondría a la hora de garantizar el suministro eléctrico al país. En definitiva, que revise el Protocolo de cierre de las centrales y otros textos legales relacionados con el apagón nuclear.
