La lupa judicial y mediática continúa situándose en qué sucedió la noche de las presuntas filtraciones sobre el caso que rodea al novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado por presunto doble fraude a Hacienda. La causa que se cierne sobre el fiscal general del Estado radica ahora en la contradicción de argumento del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, con lo constatado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: el fiscal no habló por teléfono ni con periodistas ni con nadie ajeno al Ministerio Público la noche en la que salió a la luz el correo de la defensa de Alberto González Amador.
A raíz del volcado del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz -imputado por presunta revelación de secretos a causa de esta supuesta filtración-, la UCO determina en su informe que éste no habló con ningún periodista la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la presunta filtración del correo electrónico del 2 de febrero del abogado del novio de Ayuso en el que ofrecía a la Fiscalía un pacto de conformidad para eludir la pena; tampoco que éste hablase con alguien ajeno al Ministerio Fiscal, ni tan siquiera de Presidencia del Gobierno central. Por ende, queda constatado así, según las conclusiones de la Guardia Civil, que el fiscal tan sólo se comunicó con sus subordinados.
Atendiendo al tráfico de llamadas que realizó García Ortiz entre los días 8 y 13 de marzo del pasado año, la UCO viene acreditando que el fiscal tampoco mantuvo contacto alguno con Presidencia del Gobierno, Ferraz o demás cargos ministeriales. De esta manera, la única llamada que recibió fue la del periodista de Cadena Ser Miguel Ángel Campos, a las 21:38 horas de la noche, la cual ni atendió ni devolvió. Un hecho que así trasladó el propio comunicador en su declaración ante el juez del Supremo y mismo periodista que aseguró haber tenido acceso a los correos en cuestión a las cuatro de la tarde, pero que no salieron a la luz mediática hasta que se publicó la información falsa de El Mundo.
“No existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal del fiscal general del Estado, a excepción de ésta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde y noche en la que se desarrollan estos acontecimientos, al menos por este medio», acredita así el informe de la UCO al respecto.
El informe de la UCO viene después de la petición del magistrado Hurtado de estudiar el tráfico de llamadas del fiscal general, cuando, a su vez, se dio cuenta del borrado de contenido del teléfono móvil de García Ortiz, un procedimiento enmarcado dentro de los parámetros legales del Ministerio Fiscal. Ya en su declaración ante el juez del Alto Tribunal, éste afirmó que su teléfono contenía información “ultrasensible” pero que su borrado era de “imposición legal” y dentro de un procedimiento habitual.
Metodología del juez Hurtado
La instrucción que está ejerciendo en sus competencias el magistrado del Supremo ha contado con sendas polémicas para con el tratamiento hacia el fiscal general. García Ortiz condenó a principios de enero que estaba viendo vulnerados sus derechos por las filtraciones de información de la causa, a la vez que puntualizó el “juicio paralelo” por acusaciones particulares y populares bajo el mismo paraguas judicial: desde el propio investigado González Amador, pasando por la asociación de fiscales APIF y demás entidades y fundaciones que se posicionaron en su contra.
Algunas de las decisiones adoptadas por el juez Hurtado y que han marcado este proceso judicial en las últimas semanas pasan por haber denegado volcar el teléfono móvil del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que también declaró ante el Supremo, o no haber permitido aplazar la declaración de García Ortiz pese a que la del novio de Ayuso, en otro juzgado, sí que se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones pero, sin más dilación, ha sido citado para este 24 de febrero en sede judicial.
En su declaración en el Alto Tribunal, García Ortiz se acogió a su derecho a no contestar las preguntas del magistrado, tan sólo las de su defensa, al considerar que las pruebas obtenidas se recabaron por medio de un “allanamiento” de su despacho oficial en la Fiscalía General del Estado por parte de la UCO.
