La reunión preparatoria del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera ha vuelto a dejar en evidencia las diferencias entre la posición del Ministerio de Hacienda y la de las principales comunidades autónomas, gobernadas por el PP en su mayor parte, así como Castilla La Mancha. El Gobierno andaluz salió de este comité técnico con la «satisfacción» de haber consensuado la exigencia de que el Gobierno central ponga encima de la mesa un nuevo sistema de financiación. Sin embargo, fuentes del Ministerio matizaron que únicamente se había abordado los cálculos en los que basar el criterio de población ajustada (el número de habitantes corregido en función de una serie de criterios como la edad o la despoblación).
«El Ministerio debe hacer sus deberes y poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica antes de discutir qué criterios son los que se quieren aplicar. Es el momento de hacer una propuesta. Y en eso Andalucía coincide con comunidades como Castilla La Mancha«, apuntaron desde el Gobierno andaluz tras la celebración de la comisión técnica. Sin embargo, desde el Ministerio centraron en ese cálculo de la población ajustada el debate que se ha mantenido en el comité técnico.
Asimismo, la Junta de Andalucía lideró en la reunión técnica previa la reivindicación de que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se lleve a cabo ninguna propuesta de financiación singular, rechazando así cualquier iniciativa que suponga la definición de un modelo para Cataluña diferenciado y que pueda poner en riesgo el actual sistema general de financiación autonómica.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 26 de febrero tiene como principal punto del orden del día la propuesta de quita de deuda que quiere plantear el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas a raíz de los acuerdos alcanzados en Cataluña. Junto a esto, esta encima de la mesa la posibilidad de una flexibilización del criterio de déficit para dar más margen (en estos momentos se exige un superávit del 0,1%) y la aprobación de las nuevas entregas a cuenta actualizadas correspondientes a 2024 y 2025 que quedaron bloqueadas tras el rechazo en el Congreso al primer decreto omnibus.
