Colegios veterinarios de toda España han apoyado el paro simbólico convocado en la mañana de este martes en buena parte de las clínicas de todo el país que, durante una hora, han echado el cierre en una iniciativa impulsada por diversas asociaciones y, también, por profesionales a título particular. La protesta refleja el malestar existente por el sistema creado para controlar el uso de antibióticos en pequeños animales. Desde asociaciones como Veterinarios Unidos indican que les obliga a un exceso de burocracia que está provocando retrasos en tratamientos urgentes, limitación del criterio clínico profesional o costes inasumibles para los propietarios. «En lugar de centrarnos en salvar vidas, pasamos horas gestionando documentación», señalan.
La protesta de los veterinarios se sucede tras la reciente entrada en vigor, el 2 de enero, del RD 666/2023, que regula la citada obligación de comunicar a través de PRESVET las recetas de antibióticos. PRESVET es el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, explican desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Es una herramienta para la monitorización y la vigilancia de las prescripciones que se realizan de antibióticos tanto en las explotaciones ganaderas como en animales de compañía, con el fin de poder adoptar las medidas que se precisen para su control.
Este sistema centraliza la información de las prescripciones veterinarias de antibióticos incluyendo parte de la información que compone la receta veterinaria, lo que es fundamental para cumplir el objetivo de vigilar y controlar el uso de los antibióticos en los animales en general. Este control sobre el uso de los antibióticos resulta imprescindible en la lucha a futuro contra las resistencias antimicrobianas, señala el órgano colegial.
Sin embargo, el Consejo añade que la situación creada por la obligación de comunicar a PRESVET el uso de antibióticos en pequeños animales, es un «asunto en el que han surgido más complicaciones de las previstas en la aplicación del Real Decreto 666/2023, con el consiguiente malestar entre clínicos de pequeños animales». Además, es «la punta del iceberg», enfatizan a este diario, de una serie de problemas que azotan a las clínicas veterinarias y se arrastran desde hace tiempo,
«Profundo desacuerdo»
Asociaciones como Veterinarios Unidos, que ha comenzado una campaña en la plataforma change.org, que ya lleva casi 80.000 firmas, para propulsar un cambio de la normativa que este martes ha llevado a esos centros a echar el cierre de forma simbólica, explican las razones de su «profundo desacuerdo» con la implementación del sistema para la comunicación del uso de antibióticos en la práctica clínica.
Los veterinarios clínicos de pequeños animales, como sanitarios, señalan, son «los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos y en especial de los antibióticos, ya que, como garantes que somos también de la salud pública, trabajamos no solo por la salud de nuestros pacientes, sino también por el del conjunto de la sociedad».
El criterio clínico
Por eso, desde el colectivo de Veterinarios Unidos, manifiestan «su compromiso con la regulación y el control del uso de antibióticos», pero, consideran, la actual legislación «no solo no nos ayuda en el ejercicio de esta tremenda responsabilidad, sino que entorpecen la misma, anulan nuestro criterio clínico y, a la larga, van a impedir que numerosos pacientes puedan ser correctamente tratados. Esto repercutirá negativamente en la salud de nuestros pacientes, a los que nos debemos por el código deontológico y a la salud pública en general.
En su petición en change.org detallan que el sistema creado para controlar el uso de antibióticos, ha traído «graves consecuencias». Y enumeran: retrasos en tratamientos urgentes: en casos críticos, el tiempo perdido puede empeorar la condición de los pacientes o incluso costarles la vida, indican; limitación del criterio clínico profesional o «costes inasumibles» para los propietarios: las pruebas requeridas pueden ser costosas, y cuando no se pueden asumir, las mascotas quedan sin tratamientos. «En lugar de centrarnos en salvar vidas, pasamos horas gestionando documentación«.
Esta asociación pide un sistema que funcione. Aboga por «un modelo alternativo» que «confíe en los veterinarios», simplifique la gestión administrativa –que priorice la salud animal antes que la burocracia, enfatizan-; y que respete el criterio clínico. «Necesitamos poder actuar de manera rápida y eficaz en emergencias», señalan. Por eso, piden firmas para exigir a la Administración: la revisión inmediata de la normativa existente; un sistema de control más eficiente y práctico y medidas que garanticen el bienestar animal por encima de la burocracia.
