Este abril se cumplirán dos años del día que E. levantó la mano en la reunión de vecinos de su comunidad para pedir que se construyera una rampa en la puerta de acceso al edificio y empezar a tramitar la subvención de la Generalitat para pagar las obras. Su hijo, de 39 años y con una discapacidad severa a raíz de un derrame cerebral, tiene terror a los tres escalones de la entrada del inmueble. Han sido ya varias caídas las que ha sufrido. Y a la madre le cuesta cada vez más moverle en silla de ruedas. Pero esta rampa no se ha llegado a hacer. Los vecinos se negaron a ello y el caso está ahora judicializado. Hace siete meses contó su historia a Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica. «Desde entonces estamos peor, vivimos en un clima de hostilidad total», cuenta esta mujer ahora, justo cuando el Consejo de Ministros acaba de aprobar la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que contempla más medidas para forzar a comunidades de vecinos a hacer accesibles, con ascensores o rampas, los inmuebles.
Una familia de Manresa ha denunciado a sus vecinos porque se niegan a instalar una rampa de acceso al inmueble para su hijo discapacitado
Esta vecina de Manresa tiene miedo a dar su nombre por posibles represalias. El hijo tiene graves problemas de visión, de habla y de movilidad, entre otros. El Govern le ha reconocido un grado de dependencia y un elevado porcentaje de discapacidad. El viacrucis que viven empezó pues hace dos años, cuando, después de la pandemia, el chico se animó a salir a la calle. La familia lo baja de su piso hasta la entrada del edificio por el ascensor, pero el drama son los tres escalones que les separan de la calle.
«Queríamos llevarlo cada día a un centro de terapia ocupacional, pero solo lo hacemos cuando es imprescindible», sigue la mujer, que explica que, además, el chico tiene miedo a pasar por los escalones porque ha caído en varias ocasiones. Toda la familia sufre importantes secuelas psicológicas derivadas de este enquistado conflicto vecinal. Los vecinos argumentan que las obras para instalar la rampa, de unos 20.000 euros, tendrían afectaciones graves en la estructura del immueble y no se pueden realizar. La familia, sin embargo, tiene otro estudio que sostiene que sí es viable.
«Quieren que nos cansemos o que nos vayamos de la finca»
«Estamos muy mal, con muchos nervios. Ningún vecino nos habla, ni para los buenos días. Quieren que nos cansemos o que nos vayamos de la finca», sigue. El clima ya era hostil previamente, pero tras la presentación de la querella e los juzgados la tensión ha ido aumentando. Cuenta que un vecino les rodeó. «Nos miró fijamente a mí y a mi hijo, los dos tuvimos mucho miedo aquel día», cuenta. Otro vecina les silba siempre que coincide con ellos en el rellano o en los balcones. «Psicológicamente estamos hechos un desastre», lamenta.
La última propuesta de la comunidad es la de instalar un elevador para que el chico pueda entrar y salir. «Quieren hacer un salvaescalera que mi hijo coja desde la calle. No creo que sea buena idea, porque no ve bien y no verá dónde subir y no lo entenderá», sigue la madre, que aún así considera positivo que se plantee alguna solución. El problema es que este proyecto tampoco avanza. «Lo dijeron pero tampoco lo han hecho», se queja.
La madre lamenta que durante este tiempo ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Manresa hayan mediado para encontrar una solución. «El alcalde me dijo que me cambiara de piso, y de la Generalitat esperaba alguna respuesta… pero nada. Y la Generalitat ni les ha multado ni nada», sigue.
La demanda judicial que esta madre inició hace siete meses se ampara en el Código Civil de Cataluña que establece que cualquier comunidad está obligada a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y que la solución de la rampa entra dentro de los parámetros que marca el nuevo Código de Accesibilidad de Cataluña en términos económicos. Ahora, la reforma de la ley de discapacidad y dependencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros le da un nuevo argumento. Y es que el Gobierno quiere que las obras que facilitan la accesibilidad, como ascensores o rampas, sean obligatorias. Y si las comunidades de vecinos se niegan, se habilita a los solicitantes a acudir a la justicia, como ya ha hecho esta familia.
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