Unos 190 venezolanos llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, procedentes de Texas. La Administración de Donald Trump los deportó con el estigma de indeseables o simples criminales. El Gobierno de Nicolás Maduro los recibió con honores y como parte del retomado plan «Plan Vuelta a la Patria». El Palacio de Miraflores asegura que es parte de lo pactado con el enviado especial del multimillonario republicano, Richard Grenell. El alcance de esas conversaciones, semanas atrás, provoca todavía desconcierto en el antimadurismo. La oposición esperaba una política más agresiva de la Casa Blanca que, hasta el momento, decomisó un avión que se encontraba en República Dominica. La medida que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en tono triunfal, provocó apenas una modesta queja de Caracas, más atenta al curso de lo discutido con Grenell. Otro de los indicios de que no es solo la cuestión migratoria lo que se discutió en esa oportunidad está relacionado con la renovación por seis meses de la licencia de la petrolera norteamericana Chevron para continuar sus operaciones en Venezuela.
En este contexto aterrizaron en la noche del lunes los dos aviones de la estatal Conviasa. Grenell supervisó la operación desde Texas. «Hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez», festejó el Gobierno. Maduro comentó casi a la par durante la emisión de su programa televisivo que el tema de las deportaciones de venezolanos había sido «saboteado» por los antecesores de Trump. Sugirió de esta manera de que en la actualidad existen mejores condiciones políticas para su cumplimiento si es que se avanza en una agenda común desde cero. «Venezuela asume desde la democracia construir una nueva agenda en relaciones históricas con EEUU, desde el respeto, la comunicación. Para el bien de Venezuela y EEUU», aseguró, mientras los connacionales descendían de la escalerilla de la aeronave con una tristeza inocultable o cubriéndose el rostro. Maduro prometió que los expulsados de Estados Unidos regresarán al igual que el primer contingente «con dignidad» y para «trabajar» y «rumbear (divertirse)». Acusó a su vez a «las mafias de los coyotes dirigidas desde Estados Unidos» por los opositores «David Smolansky, Miguel Pizarro y Juan Guaidó», quienes, sostuvo, «abrieron un negocio que cobraba a cada migrante en Chile, Perú o Argentina, tarifas de hasta 10.000 dólares para dejarlos en la frontera entre México y Estados Unidos».
Maduro aprovechó su momento en las pantallas de televisión para reiterar una oferta que, por el momento, no parece tener cabida en Washington. «Le dije al embajador Grenell que levanten todas las sanciones y les aseguramos que ningún venezolano más salga de Venezuela. Los que están allá regresarán».
Miles de migrantes en peligro
El discurso antiinmigrante de Trump mantiene en vilo a miles de venezolanos que llegaron a Estados Unidos duante los últimos años como consecuencia del desastre económico y el conflicto político interno. Esa zozobra obedece a la decisión de la Casa Blanca de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que en parte los había beneficiado mientras gobernó Joe Biden. Unas 300.000 personas se encuentran bajo la amenaza de ser subidos a un avión. «Me siento muy mal por el grado de ansiedad que te genera lo que va a venir, de no saber qué vas a hacer y lo único que he hecho es llorar porque siento miedo de regresar a Venezuela», dijo la ingeniera industrial María de Fátima Rodrigues a la revista digital ‘Tal Cual’.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reafirmó en tanto este martes que esos miles de venezolanos requieren protección internacional y no ser cazados como indeseables. «La situación no ha cambiado, la inestabilidad política en el país ha aumentado tras las recientes elecciones, así que nuestra recomendación sigue vigente, es decir que personas que necesitan protección internacional no deben ser retornadas. No debe haber retornos forzados a Venezuela», remarcó el portavoz del organismo, William Spindler.
